TeleSUR _ 26/07/07. - Organizaciones de Derechos Humanos y diferentes movimientos populares de Paraguay, marchan por las calles de Asunción, en rechazo a la Ley Antiterrorista, que criminaliza las luchas sociales y establece penas de hasta 40 años a las personas que participen de ellas.
La coordinación Por un país para la mayoría y la Alianza Patriótica Socialista, realizan este jueves una marcha al Congreso de Paraguay para condenar las reformas aprobadas al Código Penal y la conocida Ley Antiterrorista.
Los diferentes movimientos populares, se concentran este jueves en la Plaza Uruguaya, en Asunción donde debatirán acerca del posicionamiento político contra la Ley Antiterrorista que prentende reprimir toda forma de manifestación popular y criminalizar la lucha social.
Esta controvertida ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de mayo y se espera que el Senado paraguayo de sanción definitiva el próximo 9 de agosto.
Oscar López, presidente de Delegados del Movimiento Pojoaju, señaló que las modificaciones a esta legislatura afecta seriamente a la ciudadanía y a su juicio, lejos de resolver el problema de la inseguridad, generará un sistema de violencia, ya que "reprime derechos fundamentales de los ciudadanos".
Agregó que esta ley deja en manos de los jueces el definir si una manifestación o reclamo popular, es un acto terrorista, lo que permite a las autoridades tener "una posición efectista que no implica la solución de la inseguridad".
Las modificaciones introducidas al Código Penal son consideradas como criminales por las organizaciones sociales debido a que van contra los principios de un país democrático, por haberse tratado en el marco de un proceso legislativo en el que la ciudadanía no tuvo una participación efectiva.
Marcela Zub Cantero, abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), indicó que la "Ley Antiterrorista" viola tratados internacionales ratificados por Paraguay.
Aseguró que contradice el estatuto de Roma que considera a las cárceles como centros de rehabilitación de los infractores de la ley y no como establecimientos donde se deban purgar penas máximas que imposibiliten la reinserción social de los reclusos como lo pretende la llamada Ley antiterrorista.
Destacó que la Ley Antiterrorista permite que las penas alcancen hasta 40 años de cárcel a las personas que participen en manifestaciones públicas, mientras que la pena para funcionarios que roban al Estado fue disminuida de 10 años a cinco años de prisión.
