Birmingham, 26 de julio. La trasnacional minera estadunidense Drummond Company Inc. fue absuelta este jueves de responsabilidad por la muerte de tres líderes sindicales colombianos a manos de paramilitares de extrema derecha en 2001, dictaminó hoy un jurado de Alabama.
El jurado rechazó la acusación de que la empresa, que explota carbón en el departamento colombiano de César, apoyó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el asesinato de los sindicalistas Valmore Locarno (presidente) y Víctor Orcasita (vicepresidente), en marzo de 2001, y a Gustavo Soler -que sustituyó a Locarno- siete meses después.
Los abogados de las familias sostuvieron durante el juicio, que duró dos semanas en la corte del distrito norte de Alabama, que la compañía pagó a las AUC para que cometieran los asesinatos.
Drummond negó en todo momento que haya respaldado a los paramilitares y dijo no estar implicada en los asesinatos, en contraste con la acusación que además alegó que los crímenes tuvieron como objetivo "liberar a la multinacional de solicitudes laborales" de la organización sindical.
La empresa se declaró complacida por el veredicto del jurado, pero la parte acusadora anunció que apelará con nuevas pruebas.
El caso estuvo basado en una ley de 1789, conocida como Alien Tort Claims Act, que originalmente tenía como fin combatir a los piratas en alta mar, y que ahora ha sido retomada y permite demandar a empresas multinacionales ante tribunales de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos o de un tratado.
La acusación, que reclamaba indemnizaciones millonarias para los familiares y buscaba también alcanzar al dueño de la compañía Garry Drummond, había despertado mucho interés porque era el primer caso de un juicio usando el Estatuto por Daño en el Extranjero y no por incumplimiento de contrato.
Otro de los objetivos de esta demanda, apoyada por sindicatos y organizaciones estadunidenses como The United Steelworkers y The International Labor Rights Funds, era sentar un precedente para las empresas estadunidenses acusadas de violaciones a los derechos humanos en el exterior.
A comienzos de este año el gigante bananero estadunidense Chiquita Brand International Inc. se declaró culpable de pagar 1.7 millones de dólares para recibir protección de los paramilitares colombianos entre 1997 y 2004, en un caso que nunca fue a juicio.
Por otra parte, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aceptó que una comisión internacional de España, Francia y Suiza participe en el análisis forense de los 11 diputados regionales muertos en cautiverio, y que dos familiares de las víctimas estén presentes junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja en la entrega de los cuerpos próximamente.
Los diputados murieron el 18 de junio, según las FARC en un ataque de presuntos soldados y paramilitares a su campamento, acusación que el gobierno de Alvaro Uribe rechaza. Ahora, la presidencia dijo que pedirá a la Organización de Estados Americanos que colabore para esclarecer los hechos.
