Washington DC, 2 de agosto de 2006.- Según el diario, Michael Chertoff, hoy Secretario de Seguridad Nacional de ese país, fue informado de la situación por Roderick Hills, miembro de la junta directiva de la multinacional Chiquita Brands, pero no hizo nada.

El extenso reportaje, publicado por el Washington Post en primera página arroja algunas luces sobre este polémico caso que cada día que pasa se enreda más.

De acuerdo con el Post, en abril del 2003, Hills se entrevistó con Chertoff -entonces Vice Fiscal de E.U.- y otros funcionarios del Departamento de Justicia para revelar que la compañía llevaba varios años haciendo pagos a los paramilitares, un grupo que desde el 2001 había sido catalogado de terrorista por E.U.

Según el relato del Post, que menciona fuentes no identificadas, Chertoff le dejó claro estaba cometiendo un delito.

Hills argumento, durante la reunión, que eso implicaría cancelar las operaciones de la bananera en Colombia, lo cual podría tener implicaciones para la seguridad nacional de E.U.

Ante eso, Chertoff aceptó que se trataba de un caso "complicado" y que consultaría con el departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad para determinar los pasos a seguir.

Hills, dicen las fuentes, salió de la reunión convencido que el gobierno, pese a reconocer el crimen, no estaba seguro de que los pagos debían suspenderse ante las consecuencias de un abrupto retiro de Colombia.

De acuerdo al diario fuentes en el departamento de Justicia admiten que el tema generó un "debate genuino" al interior del gobierno sobre al seriedad del crimen. Uno de los factores era que las AUC no constituían una amenaza para E.U. como grupos como Al Qaeda y que, de hecho, los "paras" trabajan en pro de sus intereses, y no al contrario.

También, dice el diario, la administración entró en conflicto pues no quería minar al recién electo presidente Álvaro Uribe -que consideraban un aliado- pero al mismo tiempo no tomar acción era incongruente con la política de perseguir a todo quien apoyara a un grupo terrorista.

En todo caso Chertoff -afirma el Post- nunca le respondió a la compañía que continuó haciendo los pagos a las AUC hasta el 2004 cuando finalmente se suspendieron.

En marzo de este año, la compañía llegó un acuerdo con el departamento de Justicia y, previa aprobación de un juez, deberá pagar 25 millones de dólares como sanción por los pagos ilegales.
El problema ahora, al parecer, es que los Fiscales podrían acusar a los directivos de la compañía, entre ellos Hills y otros 10 miembros de la Junta Directiva.

"Tan pronto como Hills supo que se estaba pagando a una organización terrorista, llevó el caso al departamento de Justicia. Él tenía una base razonable para suponer que el departamento de Justicia quería mantener el "status quo" mientras solucionaban el tema", dice el abogado de Hills, Reid Weingarten, al explicar por que los pagos continuaron.

Eric Holder, abogado de la empresa, dice además que sería injusto pagar con castigo a personas que voluntariamente reconocieron su falta.

"Esa no es la manera de premiar este tipo de conducta", sostiene Holder.

El departamento de Justicia guarda silencio, salvo para decir -a través del portavoz Dean Boyd, que si "el único camino que tiene una compañía para hacer negocios es a través de la ilegalidad entonces probablemente no debería hacerlo".

En principio, el acuerdo entre la Fiscalía y Chiquita no contemplaba la apertura de procesos individuales contra los miembros de l junta.

El problema es que, Royce Lambreath, el juez que preside el caso, no parece estar muy contento con los términos del acuerdo y le ha pedido a la Fiscalía que le detallen cuál fue el rol específico de los miembros de la compañía que autorizaron los pagos.

El juez, que es el mismo que adelantó los procesos contra los guerrilleros de las Farc, "Sonia" y "Simón Trinidad", ha convocado una audiencia para este lunes.