Santafé de Bogotá, 3 de agosto. Gremios productivos del departamento central de Tolima financiaron a los bloques paramilitares de extrema derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), confesaron dos ex jefes de finanzas de la desmovilizada organización.
Alexander Carvajal, Jairo, y José Bedoya, Moisés, declararon ante la fiscalía que empresarios, arroceros y ganaderos, cansados del accionar de las guerrillas, promovieron a comienzos de 2002 la llegada de grupos paramilitares a la región.
"Inicialmente dieron entre 20 y 40 millones de pesos -de 10 mil a 20 mil dólares- que se invirtieron en armas", aseguró Moisés.
A su vez, Jairo agregó: "tenemos libros de contabilidad con nombres de más de 4 mil personas del norte, entre empresarios, arroceros, comerciantes, ganaderos, alcaldías, estaciones de servicio y transportistas".
El ex paramilitar explicó que quienes pagaban eran los que tenían extensiones de tierras superiores a 50 hectáreas. "En el caso de los arroceros, aportaban 15 mil pesos (7.5 dólares) por hectárea cada seis meses y había quienes daban mucho más", indicó.
Empresarios y comerciantes afirmaron al diario El Tiempo que hicieron esas "aportaciones", pero señalaron que fue "bajo la presión de las armas".
Desde La Habana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) solicitó al Congreso colombiano efectuar un reférendum sobre una solución política al conflicto interno, contrapropuesta a la petición del presidente Alvaro Uribe de crear una ley para "sacar a flote" el proceso de legalización de los paramilitares.
La guerrilla reclamó la participación de toda la sociedad en la solución del conflicto, tras destacar que, por no tenerlo en cuenta, el esquema de paz que usó el gobierno con los paramilitares "hace crisis" y se hundirá "definitivamente".
Beltrán, uno de los principales negociadores del ELN en las conversaciones de paz que el grupo rebelde lleva a cabo en Cuba con el gobierno de Uribe desde finales de 2005, confió que en el futuro "sellaremos con un ejercicio constituyente un auténtico tratado de paz entre los colombianos".
Concluyó que esa guerrilla estudia la posibilidad de abandonar el secuestro como método de financiamiento, al aceptar que no les da legitimidad.
Al respecto, el gobierno colombiano acusó al ELN de efectuar secuestros en Venezuela, por lo que ofreció disculpas al país vecino, y dijo esperar que en la próxima reunión con el grupo rebelde se firme un acuerdo base que incluya el fin de los plagios.
El comisionado gubernamental para la paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, declaró que crear una "zona de encuentro", previo a la liberación de los rehenes, traería muchos problemas y sería una "piedra en el zapato" para un acuerdo de paz, en referencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Por otra parte, militares colombianos con experiencia en Irak han estado al servicio del narcotráfico, confesó ante la fiscalía el ex capitán del ejército Manuel Pinzón. Se trata de un militar que se encuentra detenido, acusado de haber entregado información de inteligencia del ejército a los traficantes de drogas.
