En una medida que no tiene precedente, el Gobierno pidió a la Justicia el arresto de las autoridades de la petrolera Shell, a las que acusa de haber desabastecido de gasoil las estaciones de servicio.

La denuncia lleva la firma del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que hace meses que está furioso con el presidente de la empresa anglo-holandesa en la Argentina, Juan José Aranguren, uno de los pocos ejecutivos que dicen en voz alta lo que piensan sobre el Gobierno.

El argumento de la denuncia es que Shell violó la ley de abastecimiento sancionada en 1974, que prevé penas de hasta cuatro años de prisión. Su constitucionalidad es, al menos, dudosa, opinan los juristas.

Pero la causa avanza en los tribunales. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ordenó anteayer citar a Moreno para que ratifique su denuncia esta semana. El juez cree que la ley está vigente y abrió un juicio correccional que podría terminar con el presidente de Shell en la cárcel.

La empresa ya está al tanto de esta denuncia, pero no hará declaraciones por el momento, dijo un vocero de la compañía a La Nacion. Shell es la segunda petrolera privada del mundo, con oficinas en 130 países y 108.000 empleados. En el Ministerio de Economía también optaron por el silencio.

Esta denuncia no es la primera medida de Moreno contra la empresa. Primero le aplicó las multas más altas que le permitía la ley: varias sanciones de un millón de pesos. No conforme, decidió que la desobediencia merecía una pena más grave y, como él no tenía atribuciones para disponer detenciones, les pidió a los jueces que determinaran "la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 5 incisos b) y j) de la ley 20.680", relataron tres funcionarios judiciales.

El inciso b) prevé una pena de "arresto de hasta 90 días". El j) establece que, "en caso de que los hechos adquieran por su naturaleza o por sus consecuencias especial gravedad (...) se aplicará pena de prisión de seis meses a cuatro años".

La ley de abastecimiento tiene una extraña descripción de conductas y sanciones ("absolutamente inconstitucional", según el jurista Daniel Sabsay): en un artículo enumera faltas que van desde no entregar factura hasta obtener "ganancias abusivas". En el siguiente, el quinto, las diferentes penas para los infractores. No aclara qué castigo corresponde a cada acción: queda a criterio de la autoridad.

El Gobierno y Shell tienen una larga historia de peleas, que atravesó su peor momento cuando el presidente Néstor Kirchner exhortó a la población a no comprarle a Shell "ni una lata de aceite". Al día siguiente, 33 estaciones de servicio fueron bloqueadas por piqueteros.

La tensión nunca cedió. El año pasado, cuando Moreno anunció que volvería a aplicarse la ley de abastecimiento, dijo que las posibles sanciones incluían la prisión. Después advirtió que las petroleras estaban "obligadas a abastecer al mercado con la totalidad del combustible" que éste demandara. "¿No tiene miedo de ir preso?", le preguntó en aquel momento LA NACION al presidente de Shell. "No, porque estoy seguro de que hemos hecho lo correcto", respondió.

El Gobierno, en rigor, presentó 27 denuncias en la Justicia contra la petrolera. La primera llegó a los tribunales el 2 de julio pasado; las últimas, esta semana. Y el Gobierno les anunció a los jueces que recibirán más.

La decisión de Moreno fue que por cada infracción se abriera un expediente administrativo. El sistema es el siguiente: luego de aplicar una multa a Shell, el Gobierno remite a los tribunales cada uno de los expedientes, que así pasan a convertirse en una denuncia. LA NACION tuvo acceso a una de ellas: una sucinta nota de cuatro párrafos con la firma de Moreno que termina con el pedido de arresto.

Shell contraatacó: presentó un amparo para que el Gobierno se abstuviera de seguir aplicándole la ley de abastecimiento. Según la empresa, existe una actitud "arbitraria" de persecución contra ella. Este amparo será resuelto en los próximos días, adelantaron fuentes judiciales.

El debate por la ley

La ley de abastecimiento lleva más de diez años derogada, con la única excepción de un parte de un artículo: la que habilita al Gobierno a dictar normas regulatorias. ¿Puede además aplicar las sanciones de una ley suspendida? Para el Gobierno, está claro que sí. Para la Justicia, parece que también. El juez Aguinsky hizo saber a sus colaboradores que está dispuesto a sostener la vigencia de la ley. Cree que no tendría sentido dejar a salvo una parte de la norma sin su consecuencia jurídica.

Aguinsky, el mismo juez que la semana pasada revocó el llamado a indagatoria de la ministra Nilda Garré, ya dictó su primera resolución en el caso Shell: acumuló en una causa las 15 denuncias que le llegaron, abrió un juicio correccional y citó a Moreno.

Por ahora, él dirige la mitad de la causa. Las 12 primeras denuncias le tocaron al juez Diego Sysman y ahora pasaron a la Cámara en lo Penal Económico por un conflicto de competencia. Los camaristas deben decidir si derivan todo el caso a Aguinsky.

Fuentes judiciales relataron ayer que, pese a haberse declarado incompetente, Sysman dictó un fallo para cerrar su parte de la causa. El motivo: que no tuvo impulso fiscal. Emilio Guerberoff es el fiscal del caso. Ayer explicó a LA NACION que lo que él pidió no fue el cierre de la investigación y que se apelará la medida.

Más allá de lo que pase con este expediente, Aguinsky está decidido a avanzar. Una fuente con acceso a la causa dijo que el juez estima que antes de fin de año podrá dictar una sentencia.