El papel de los medios de comunicación privados en Venezuela, durante esta última década, ha sido paradigma de la evolución de los medios de comunicación a nivel mundial como poder de destrucción de la esencia de lo político.
En efecto, en nombre de una libertad de expresión dogmatizada, las grandes corporaciones mediáticas impulsan la configuración de una opinión público-mediática mundializada y uniformizada que pretende ejercer su “noble” tarea de contra-poder, pero que en la realidad ha degenerado en anti-poder. Es decir, en poder de destrucción y deslegitimación de lo político en cuanto tal, pretendiendo tomar el lugar de eso que constituye la esencia de la democracia: la voluntad general.
El caso de RCTV y de las campañas mediáticas, tanto nacionales como internacionales que éste ha ocasionado, constituye un caso ejemplar de este fenómeno
Aclaremos las cosas de una vez: el aspecto político del caso nada tiene que ver con la supuesta censura política que denuncian a grandes gritos los hinchas de RCTV. La lectura política de este caso tiene que enfocarse en el significado del guión de protesta y de denuncia que fue activado en estas dos ocasiones.
En este guión se trata de la activación mediática de una voluntad de destrucción de los fundamentos de lo político, voluntad que pretende legitimarse como meta-poder moral. Es decir, que pretende legitimar sus acciones destructivas en nombre de una cruzada moral universalista de defensa de los derechos humanos (libre expresión, etc.) que iría más allá de toda ley. Es justamente a través de esta sacralización mediática de los derechos humanos que la opinión público-mediática pretende convertirse en meta-voluntad general, destruyendo y deslegitimando hasta la existencia misma de lo político. Una libre expresión que ninguna ley puede entonces pretender normar y que se convierte en un pretexto moral de deslegitimación y destrucción de la democracia y de sus leyes.
Claro está, el poder mediático posee entre sus funciones más nobles (quizás la única) la facultad de actuar como contra-poder, como contrapeso político y vigía de los tres poderes clásicamente definidos (judicial, legislativo y ejecutivo), volviéndose de esta manera parte integrante del juego democrático.
Sin embargo, esta función positiva y necesaria de contrapeso ha tomado en la actualidad una forma negativa y destructora. En nombre de un fundamento moral que la colocaría más allá de las leyes, la opinión público-mediática pretende erigirse como verdadera expresión de la voluntad general; obviando los mecanismos democráticos que rigen su expresión y volcándose de manera destructiva contra la verdadera voluntad general: la voluntad del pueblo soberano.
Esto es exactamente lo que está sucediendo en Venezuela con el caso de RCTV. Una opinión pública, creada y alimentada por los medios, pretende tener el poder moral de arremeter contra el poder legítimo y democrático.
Pretende situarse mas allá y por encima del poder político, a partir de la reivindicación de un fundamento moral que la situaría más allá y por encima del juego democrático, mas allá y por encima del pueblo soberano. La opinión pública mediática pretende ser entonces el verdadero soberano, actuando directamente a través de los medios, obviando la necesaria mediación de los poderes democráticos. Poderes que terminan entonces siendo considerados como superfluos.
Lo que promueve en fin de cuenta esta opinión público-mediática no es la defensa de ningún derecho, sino más aún el llamado al advenimiento de una verdadera sociedad neoliberal, en la cual la organización de lo colectivo se regule únicamente por y dentro del espacio mediático, sin la fastidiosa mediación del pueblo soberano. Ahora bien, si el primer paso en este camino es la deslegitimación y destrucción de la dimensión política del sistema democrático, el segundo, es sin lugar a duda, la destrucción de lo que lo soporta. Lo que promueve esta opinión publico-mediática es entonces la destrucción del soberano en cuanto tal, es decir del pueblo.
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