"Hoy, a menos de 24 horas de ocurrido el condenable hecho, se ha dictado auto de detención contra los usurpadores del nombre de la Revolución Bolivariana, presuntos responsables del delito; poniendo en entredicho una vez más la credibilidad y la ética de una CIDH dominada por un inamovible Secretario Ejecutivo e integrada por itinerantes magistrados que engullen los titulares fabricados por la dictadura mediática internacional," dijo el Embajdor a través de una declaración oficial.
Autoridades policiales han detenido a varios sospechosos del crímen, incluyendo a Lina Ron, conocida activista social quien apoya al gobierno de Chávez.
Altas autoridades venezolanas, incluyendo el Presidente Hugo Chávez, han condenado los ataques contra la televisora, caracterizada por su decidida línea opositora al gobierno. “Es un acto deplorable," dijo Chávez quien pidió que "todo el peso de la ley" sea aplicado contra Ron y los demás responsables.
"¿Por qué la CIDH tardó menos en denunciar el repudiable hecho contra Globovisión que en condenar el golpe de estado contra el pueblo hondureño?," preguntó Chaderton.
A continuación el comunicado entero del Embajador
Declaración del Embajador Roy Chaderton Matos, Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos
Washington DC, 4 de agosto de 2009
En la democracia venezolana la ley tiene que ser para todos. También para la ultraderecha mediática desestabilizadora y también para la ultra izquierda anárquica y contrarrevolucionaria. Esto nunca lo ha entendido la maculada y pecaminosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en menos de 12 horas responsabilizó al Gobierno Bolivariano por el asalto violento a la televisora Globovisión; sin esperar la reacción de la justicia y a sabiendas de que la situación había cesado.
Hoy, a menos de 24 horas de ocurrido el condenable hecho, se ha dictado auto de detención contra los usurpadores del nombre de la Revolución Bolivariana, presuntos responsables del delito; poniendo en entredicho una vez más la credibilidad y la ética de una CIDH dominada por un inamovible Secretario Ejecutivo e integrada por itinerantes magistrados que engullen los titulares fabricados por la dictadura mediática internacional, como en el caso de las radioemisoras venezolanas, a las cuales se les está aplicando todo el peso de la ley por funcionar con títulos vencidos o fraudulentos bajo un sistema legal menos severo que el que se aplica a los violadores de las leyes y controles mediáticos en la Unión Europea y en los Estados Unidos de América.
Esta combinación de ultras, cuya mitad derechista convoca la apremiada solidaridad de la CIDH, es como una campanada que evoca un pasado horroroso en América Latina. Recordemos por orden de antigüedad el ejemplo contrarrevolucionario de una izquierda ultra que en Chile hizo peso para hundir a la democracia revolucionaria en ese hermano país y abrir paso al fascismo pinochetista apoyado por Washington. El más radical de los responsables de la tragedia de la Unidad Popular, muy lejos de la tumba de Salvador Allende, disfrutó de un sibarita exilio en el Berlín de la RDA con trato privilegiado debido a su “alta investidura”, así como del apartamento de su acomodada familia en la nada despreciable París. Este personaje también disfruta hoy de la buena vida neoliberal en Santiago.
A propósito de París, recordemos también el asesinato de un noble e ingenuo poeta socialista salvadoreño, recién llegado de la capital francesa directo a las montañas de su país, para morir fusilado por órdenes de un ultroso comandante guerrillero, quien hoy disfruta de las ventajas de la vida académica en Oxford y se pasea de vez en cuando por América Latina patrocinado o bienvenido por medios fascistas como El Nacional o Globovisión de Venezuela.
Los crímenes de la ultraderecha en Venezuela, ignorados recurrentemente por los burócratas de la CIDH, evidencian una conspiración repetida contra el orden constitucional y democrático, bolivariano y revolucionario, escogido y ratificado innumerables veces por el pueblo venezolano. El asesinato de campesinos y dirigentes sindicales, las víctimas de los francotiradores en los intentos de golpe o de sabotaje contra las industrias básicas de Venezuela, el terrorismo mediático y el envenenamiento de la psiquis colectiva de segmentos asustadizos de la población venezolana, la difusión de noticias falsas destinadas a sembrar pánico, odio y descomposición social, son hechos banalizados por una inerme CIDH complaciente con el derrocamiento del Presidente Chávez en abril de 2002 y tardía ante la matanza de indígenas en El Alto, Bolivia, bajo el Gobierno de Sánchez de Lozada. Eso hace más indefendible la reacción airada de un magistrado que en una sesión formal de la CIDH, en medio de nerviosos movimientos de samba, afirmó no ser Dios para estar pidiendo perdón (?) y quien en esta fecha condenó al Gobierno Bolivariano a través de su cómplice CNN en español.
Finalmente, me pregunto ¿por qué la CIDH tardó menos en denunciar el repudiable hecho contra Globovisión que en condenar el golpe de estado contra el pueblo hondureño?