El anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el 7 de octubre de 2012 como fecha de la elección presidencial, tiende a desmantelar la matriz oposicionista sobre el presunto ocultamiento del calendario electoral como táctica destinada a favorecer los intereses del PSUV y su candidato a la reelección, Hugo Rafael Chávez Frías. En tal sentido, no genera sorpresa que frente a la noticia de que las elecciones regionales quedan pautadas para diciembre de 2012 y las municipales para abril de 2013, voceros del oposicionismo prosigan creando especulaciones, ahora en cuanto a que la separación de fechas entre los diferentes comicios es una maniobra a conveniencia del Gobierno Nacional.
En el marco de la campaña promotora de incertidumbre y desconfianza contra el Poder Público Nacional, algunos vociferan que mediante la supuesta anticipación de la contienda presidencial se debilitaría la unidad política del estamento opositor pues éste no tendría conformada su alianza para las postulaciones a otros cargos de elección popular (gobernadores, alcaldes), el CNE ha subrayado fundamentos de orden técnico que justifican separar la celebración de estos eventos electorales dado que ensayar una mega elección forzaría a los votantes a elegir un elevadísimo número de representantes en un solo acto y ello dificultaría materialmente los comicios.
En esencia, las autoridades del Poder Público Nacional y del PSUV, cada cual en el marco de sus competencias, deben hacer constar ante la población que las fechas electorales que se han estipulado tienen un favorable basamento técnico operativo y que las afirmaciones en cuanto a que el oposicionismo (MUD) está siendo perjudicado por este calendario electoral obedece a una hipótesis de carácter partidista que resulta ajena al ámbito del ordenamiento jurídico vigente, el cual en ningún modo plantea la celebración de los comicios en una misma fecha.
El panorama luce propicio para que las fuerzas revolucionarias enfilen sus baterías en el debate ideopolítico frente al oposicionismo y especialmente contra los principales precandidatos que recientemente ha salido al ruedo; ello implica desvirtuar sus consignas de precampaña evidenciando el infeliz historial político de cada uno de ellos, así como sacar provecho del efecto desmoralizante que despierta en el electorado opositor las discrepancias entre AD, UNT y ABP versus Primero justicia y sus aliados minoritarios como el Frente Progresista.
Constitucionalista y penalista. Profesor universitario.
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