Barricadas revolucionarias y guarimbas fascistas

Arnoldo Alemán Lacayo, abogado y empresario, perteneciente a una familia de larga prosapia somocista, fue militante de las juventudes que, en Nicaragua, aupaban al dictador. En 1979, tras la caída de Somoza, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional asumió el poder, Alemán fue apresado por su activismo contrarrevolucionario en las calles de Managua. Su familia, junto con muchos otros adeptos al régimen, huyó a Miami, donde se juntó con la gusanera cubana anticastrista. Desde allí, nicaragüenses y cubanos, a través de la Fundación Cubano-Americana, creada en 1981 por el terrorista Jorge Más Canosa, se dieron a la tarea de financiar actos terroristas contra la Revolución Sandinista y, posteriormente, a brindar apoyo económico a la campaña presidencial de Arnoldo Alemán, desde mediados de los noventa. En octubre de 1996, Alemán, al frente del llamado Partido Liberal Constitucionalista (PLC), ganó las elecciones presidenciales, sucedió en el cargo a Violeta Chamorro y asumió la Presidencia de Nicaragua, en enero de 1997. En pocos años, se convertiría en el noveno mandatario más corrupto del mundo, con una fortuna aproximada de 100 millones de dólares, según la organización Transparencia Internacional.

En junio de 1998, tuve la oportunidad de viajar a Nicaragua, a cumplir un compromiso académico en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). El gobierno de Alemán ya enfrentaba un elevado nivel rechazo popular debido a la aplicación a mansalva de agresivas políticas neoliberales. Como es lógico, para la aplicación de estas impopulares medidas, gozaba del abierto apoyo del gobierno de la metrópoli, encarnado en George Bush padre, y de su banda de áulicos reaccionarios latinoamericanos que operaba desde Miami. Durante los meses de junio y julio, fui testigo, al lado de alumnos y profesores de la UNAN, de una escalada de protestas que, posteriormente, fueron conocidas como El Alemanazo. El núcleo central de los reclamos era el reconocimiento, por parte del Gobierno, del mandato constitucional que establecía el 6 % del Presupuesto de Ingresos de la República para la única casa de estudios pública del país: la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

La tozudez neoliberal de Alemán Lacayo de no reconocer el presupuesto establecido para la educación universitaria pública de Nicaragua, obedecía a un plan que apuntaba a privatizar, no solo la educación, sino todos los servicios públicos, y la totalidad de la vida de los y las nicaragüenses. Por eso fue que las pacíficas marchas, iniciadas en junio de ese año, devinieron en una sólida protesta, en la que pueblo y estudiantes se unieron en una batalla campal librada contra la policía antimotines del Gobierno en las calles de Managua. Arnoldo Alemán, obedeciendo las órdenes de la metrópoli, pretendía continuar el desmantelamiento de los logros que la Revolución Sandinista. Este proceso de instauración del Capitalismo en su nueva fase, ya había sido iniciado en 1990, por Violeta Chamorro. El pueblo, desde entonces, cumplía su papel histórico de luchar, con plena conciencia política, contra el avance privatizador del Capitalismo defendiendo a sangre y fuego los logros alcanzados por su Revolución.

Durante esas batallas, pude apreciar el uso que la gente daba a los adoquines que cubrían gran parte de las calles. Luego del terremoto de 1972, las calles de Managua se comenzaron a pavimentar con estos bloques de concreto. Durante la dictadura (1974 -1979), Anastasio Somoza Debayle y su familia se apoderaron no sólo de la fábrica de adoquines, sino de la industria del cemento. Según datos de la Alcaldía de Managua, durante ese período fueron adoquinados 1600 km de la red de vialidad nacional, de los cuales 330 km corresponden a la ciudad de Managua.

Jamás se imaginaron, Somoza y sus cómplices, que los adoquines producidos por tan lucrativo negocio serían artilugios defensivos y armas: barricadas  y proyectiles, que el pueblo utilizaría contra el dictador, y contra los subsiguientes enemigos del pueblo, como Chamorro, Alemán y Bolaños, durante 20 años. Estos presidentes, entre 1990 y 2007, intentaron revertir medidas aplicadas por el gobierno sandinista, vendiendo Nicaragua y la fuerza de trabajo de su gente al capital transnacional.

Hoy en Venezuela, al igual que en aquella Nicaragua, también están haciendo barricadas en las calles. Hasta ahí la semejanza con esas manifestaciones populares de las que fui testigo en las calles de Managua. En nuestro mundo al revés, las barricadas son hechas por un pequeño grupo de irracionales que se vende, como fuerza de choque para abrir paso al Imperio, ejerciendo una indiscriminada y descomunal violencia contra la población, y contra todo cuanto le es útil. Representan el mismo neoliberalismo que el pueblo nicaragüense, masivamente, años atrás, combatió pleno de conciencia de los objetivos que quería alcanzar. Aquellos combatientes se valían de actos contundentes de fuerza y resistencia activa, ejercida de una manera controlada, sostenida, dosificada y precisa para causar el mayor daño posible a un enemigo bien identificado: un Gobierno vendepatria igual al que quieren imponer en nuestro país los jefes de los jefes de los terroristas callejeros.

En Nicaragua, presencié como, en medio de la batalla, los combatientes abrían el paso a ambulancias y vehículos de bomberos; advertían a la población para que no resultara dañada por sus acciones; espetaban autobuses públicos y universitarios. Allí hubo fuego, balas y piedras contra los "robocops", como eran llamados los policías antimotines del Gobierno. Pero no hubo guarderías, universidades o bibliotecas quemadas, ni francotiradores matando civiles, ni asesinatos de mujeres embarazadas; tampoco hubo trabajadores degollados, ni trampas en el asfalto para matar a cualquiera que pasara. No hubo tala o quema de árboles. Allí no se manipuló a la población para que, por terror o hastío, saliera a la calle a matar, desencadenando una espiral de violencia que justificara la intervención del ejército imperial. No, allí solo se ejercieron los actos que en legítima defensa realizan los pobres y oprimidos cuando el más elemental derecho a la vida digna es violado por la voraz expoliación ejercida, con sofisticados medios, por el bloque hegemónico del capital transnacional sobre los pueblos.

Evocando el principio de la Filosofía de la Liberación del insigne filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, dominar y colonizar a los pueblos no es un derecho del Imperio, mientras que vivir dignamente, en libertad y paz es un derecho de éstos; como la violencia siempre supone violar los derechos de los demás, las acciones de calle de las y los nicaragüenses contra el avance del neoliberalismo no pueden ser calificadas de violentas, porque no estaban violando ningún derecho. Sin embargo, para quienes tienen colonizadas sus conciencias, es legítima la violencia del opresor contra los pueblos, con la ambición como único móvil; mientras que consideran denigrantes los legítimos actos de defensa del oprimido contra el violador de sus derechos más elementales. Desde este marco ético, las acciones callejeras que presenciamos en Venezuela, en los últimos días, son tan violentas contra la ciudadanía en general como una  intervención armada, hecha por fuerzas extranjeras: violan todos los derechos de los ciudadanos, por lo que  constituyen actos terroristas, en el marco de una situación de insurrección armada contra un Gobierno democrático y constitucional.

Otra diferencia entre ambas situaciones es que, para hacer sus barricadas y proyectiles, los terroristas en Venezuela no contaban con los mismos adoquines, que tan útiles fueron en la gesta del pueblo nicaragüense. Sin embargo, un alcalde conspirador, se encargó, oportunamente, de volver pedazos las aceras de Petare, para proveer a sus cómplices de suficientes insumos para estos fines. Se trata del alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz y la demolición de las aceras de Petare que mandó a ejecutar a principios de año.

Según pude constatar personalmente, las aceras rotas cubren un área de más de 7000 metros cuadrados en las avenidas Francisco de Miranda y Principal de La Urbina, en torno a la Redoma de Petare. Igualmente, fueron talados árboles de gran tamaño, cuyos troncos dejaron junto con las aceras destrozadas. Habitantes de Petare me informaron que, durante las segunda quincena de febrero, cuando los grupos fascistoides realizaban actos violentos en las calles de La California, fueron vistas personas que llegaron en costosas camionetas a colectar escombros, presumiblemente para llevarlos al lugar donde realizaban las barricadas. Un examen visual de los objetos encontrados en la avenida Francisco de Miranda a la altura de La California, a unos 1400 metros de la Redoma de Petare, el día 20 de febrero, permite observar escombros similares a los de las aceras de Petare; sin embargo, no se puede afirmar categóricamente que provengan de la populosa barriada.

Pero, la opinión del pueblo petareño es unánime: las aceras fueron mandadas a destruir por el alcalde del partido de ultraderecha Carlos Ocariz, con la finalidad de proveer a sus aliados de suficientes escombros para realizar sus actos terroristas usándolos para barricadas y como proyectiles. Alimentan la sospecha, la extensión de las aceras demolidas, la forma cómo fueron cortadas y el tiempo que han permanecido así, sin que se vea la realización de trabajos de remoción de escombros desde hace ya tres meses.

También me refirieron que, por esos días, grupos violentos extraños a la comunidad llegaron a la Redoma de Petare a iniciar actos vandálicos. Fue entonces cuando los buhoneros que laboran en la zona los conminaron a retirarse, lanzándoles tomates, mientras les advertían que si volvían les lanzarían pedazos de aceras. Afortunadamente, los terroristas acataron la advertencia y Petare, como todas las zonas populares del país, se mantuvo como bastión de paz.

Los escombros ya no serán medios para las acciones terroristas. Sin embargo, su sola presencia, luego de casi ya 4 meses, es un acto de violencia contra la población. El panorama es kafkiano: las aceras, convertidas en montones de escombros y basura, han desplazado a buhoneros y peatones a la calle, donde interfieren con el tráfico de carros, motos, microbuses y carretillas: la más elocuente imagen del caos. Tal obstrucción, en lo que va del año, ha alterado la cotidianidad de la comunidad petareña que asiste diariamente a sus lugares de trabajo y estudio. También ha afectado el tráfico de ambulancias, el transporte de agua potable, de gas doméstico y de alimentos. Pero eso no es todo: entre los escombros, y por debajo de los tendederos donde los buhoneros exponen toda clase de alimentos, corren quebradas de aguas servidas. Por si fuera poco, todo esto puede ser exponencialmente peor cuando lleguen las lluvias, produciéndose así graves inundaciones, contaminación y epidemias. Toda esta situación nos conduce a una oscura conclusión: si bien los terroristas no lograron armar sus guarimbas en Petare, el alcalde Ocariz sí hizo su parte.

La demolición de las aceras, junto con una sospechosa irregularidad devenida en la calidad de los servicios, especialmente el suministro de agua potable y la recolección de basura, constituyen el mal disimulado aporte del alcalde al conjunto de actos de sabotaje sistemático que se activaron en el  país desde el pasado 12 de febrero, cuyo único objetivo era deponer el actual Presidente constitucional para instaurar un Gobierno alineado con los intereses del capital transnacional. No cabe duda de que una cadena de acontecimientos puede convertir estas acciones de Ocariz en tentativas terroristas, lo cual añade fundamento a la idea de que el destrozo de las aceras forma parte de un plan conspirativo mayor.

El pasado 10 de abril, ya se vislumbró que el desastre hecho por Ocariz en Petare, especialmente en las aceras de la Redoma, también puede revertirse en su contra: la población utilizó los escombros de las aceras para hacer barricadas, a modo de protesta, pero contra él mismo. Curiosamente, los funcionarios de la Policía de Miranda esta vez sí salieron a reprimir la protesta, como nunca lo hicieron en otras localidades el estado, donde ha habido actos violentos contra el gobierno de Nicolás Maduro.

A la luz de los hechos, la recién creada Comisión de la Verdad, debe esclarecer si hubo premeditación en el acto de mantener en ese estado las aceras de la Redoma de Petare, a fin de crear y mantener las condiciones de un teatro de operaciones favorable a la violencia de calle que, hasta hace unos días, este pequeño grupo de extremistas ejerció sobre la población. Claro está: nada raro sería que semejante caos se deba, solamente, a la natural incapacidad que ha mostrado Ocariz para gobernar este municipio.

Hemos visto como aquellos lucrativos adoquines de Nicaragua se revirtieron, sirviendo durante décadas al pueblo para resistir al capitalismo, y cómo los escombros producidos por el alcalde Ocariz, presumiblemente como armas para los terroristas de la reacción, no cumplieron sus fines. Ojalá estos escombros no terminen convirtiendo barricadas y proyectiles contra la gestión del alcalde.

wanadi23@gmail.com



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