En los días precedentes al referendo de 2 de Diciembre de 2007, tuve la oportunidad de escuchar a varios “expertos en salud” vinculados a la oposición, opinando acerca de la incidencia que en esta materia tendría la reforma constitucional en caso de ser aprobada. Ellos coincidían en decir que no había sustantivos beneficios para la salud en sus planteamientos. De igual manera, en estos intensos años de proceso revolucionario es constante la señalización por parte de los diversos “especialistas” pertenecientes al llamado sector salud, tradicionalmente vinculados a algunos gremios e instituciones académicas, espetar indignados ante las cámaras, siempre dispuestas, que el gobierno tiene abandonados los hospitales y ambulatorios.  

Otra situación que se presenta es la descalificación de los Médicos Generales Integrales, sobre todo los cubanos, con el argumento de que tienen pocos conocimientos médicos o científicos. Algo así como que no se parecen a los de ER (sala de emergencias) llenos de glamour y sofisticación. Estas aseveraciones son absolutamente falaces y en mi opinión no han sido rebatidas con la firmeza necesaria por parte de los líderes pertenecientes al proceso revolucionario. En algunos casos porque también en ellos domina el enfoque asistencialista y hay resistencia, o falta una estrategia comunicacional que parta de un análisis sobre la concepción integral de la salud en todos los niveles para crear conciencia.  

El enfoque integral de la salud pasa por entenderla desde el punto de vista holístico: físico, mental, social, ambiental, cultural, espiritual y todo aquello que nos afecte y e incida en nuestro existir. Hay elementos de suma importancia a tener en cuenta en el momento de diseñar una política sanitaria eficiente y eficaz: 1) la mayoría de los médicos no son especialistas en salud sino en enfermedad; 2) la salud es un producto social resultante del accionar colectivo; y, 3) el equipo de salud somos todos. De no hacerlo, pueden desviarse los objetivos fundamentales ante los intereses de grupos que obtienen grandes beneficios económicos de los enfermos. 

En Cuba, haciendo gala de un excelente sistema de salud, no solo previenen enfermedades y promueven actividades para evitarlas, sino que a través de la Sanología consideran el estar sano como lo natural y hacen políticas “por los sanos y para los sanos”, rompiendo con el paradigma orientado a la enfermedad. 

El reconocimiento de la salud como un derecho ocurrió a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la creación de las Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese tiempo se refería  al acceso a la atención médica y sanitaria, pero es bien sabido que la salud de una población va más allá de servicios de atención médica, pues depende de otros factores que la determinan. Es así como la OMS estableció las metas a cumplir por los gobiernos con la finalidad de que diseñen políticas que actúen sobre los factores sociales determinantes de la salud: pobreza, acceso al agua potable, ambiente sano, seguridad alimentaria, protección a las mujeres, exclusión social, organización del sistema de salud. 

Muy pocos países ejecutan políticas que ataquen las causas que estructuralmente son responsables de la salud de la población. Esto tiene que ver con el modelo de estado. En el neoliberalismo la salud y muchas otras demandas sociales no están garantizados como derecho,  por lo que el estado no está obligado a atenderlas. En los estados sociales de derecho y de justicia, como es el caso de Venezuela, demandas sociales como: salud, educación, participación, conservación ambiental, alimentación, trabajo, vivienda, cultura, recreación y otros, han trascendido la categoría de necesidades para alcanzar la de derechos. Como consecuencia de esta evolución democrática en nuestro marco constitucional, se promulgan leyes y se desarrollan políticas orientadas a garantizar progresivamente un conjunto de derechos que a su vez son determinantes fundamentales del derecho a la salud. Algunos logros esenciales en este sentido son la disminución de la pobreza, inclusión social, empoderamiento y organización de la población, amplia cobertura del sistema educativo público a todos los niveles, protección a sectores vulnerables de la población, creación de propiedad social y colectiva, acciones contra el latifundio y democratización de la propiedad de la tierra, seguridad laboral, protección del ahorro familiar en el sistema financiero, cobertura nacional en atención primaria de salud, protección a la vivienda y hábitat, redes de servicios básicos de agua, gas, electricidad y distribución de alimentos, y otros tantos que mejoran ostensiblemente la calidad de vida con el consecuente impacto en la disminución de las enfermedades, la mortalidad y aumento de la expectativa de vida.