11-06-14.-El pasado lunes, el programa de televisión Zurda Konducta (un programa de análisis y humor político que se transmite en el canal público estatal Venezolana de Televisión) transmitió un corto video de alguien que parece ser el político venezolano Diego Arria, portando lentes oscuros y bailando en un autobús, con música de fondo amenizando la situación. Un video bastante gracioso sobre un personaje político venezolano, que la verdad no afecta su imagen, y que no tiene nada de distinto a los cientos o miles de videos que están en la red burlándose de cualquier personaje político revolucionario, ya sean chavistas u opositores.
 

Arria es una conocida personalidad pública en Venezuela; fue diputado en 1973, luego fue  gobernador del Distrito Federal y ministro durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez en 1977. En 2012 fue precandidato presidencial por la oposición venezolana, compitiendo contra María Corina Machado, Henrique Capriles, Pablo Pérez y otros representantes de la derecha política de nuestro país, llegando de penúltimo con 1,3 por ciento de los votos. Sin embargo, recibió mucha promoción en las pantallas de los medios venezolanos, participó en todos los debates y nadie puede decir que Arria sea una persona desconocida en Venezuela.

Además, el gobierno venezolano mostró evidencias hace pocos días que comprometerían a Arria y otros políticos opositores en un plan para atentar contra la vida del Presidente Nicolás Maduro y otros políticos del gobierno venezolano.

Como es costumbre de mi parte, tomé el video grabado por Zurda Konducta de Diego Arria bailando, y lo subí a Youtube (empresa propiedad de Google), teniendo unas 3 mil visitas hasta este martes en la noche.

Pocas horas después, recibí la siguiente carta del portal Youtube, dándome 48 horas para borrar el video tras efectuarse una "reclamación de privacidad":
 

Al revisar la página de reclamaciones de privacidad de Youtube, pude notar algunas cosas:

• Si bien Youtube no informa quien hizo el reclamo, éste sólo pudo ser hecho por el propio Diego Arria o sus representantes legales; Youtube afirma que no permite a terceros formular reclamos a nombre de alguien, y en el video sólo aparece una persona: El Sr. Arria.
• La reclamación no debería proceder, pues Youtube afirma tomar en cuenta "el interés público, el interés periodístico y el consentimiento al determinar si se debe eliminar el contenido debido a una infracción de privacidad". Arria es una personalidad pública reconocida en el país al menos desde 1973, por lo el video sí debería considerarse de interés público.
• Sin embargo, YouTube también indica que dicha empresa, propiedad de Google, "se reserva el derecho de tomar la decisión final sobre si se ha producido una infracción de las instrucciones sobre reclamaciones de privacidad". Así que ellos son los jueces y ellos deciden de forma prácticamente inapelable.

La orden de eliminar este video muestra la poca tolerancia de un personaje que aspira ser Presidente de la República de Venezuela. Que yo sepa, el gobierno bolivariano, que ha sido acusado reiteradamente de censurar el Internet y limitar la libertad de expresión en el país, jamás ha solicitado a Youtube borrar algún video, a pesar de que pueden hallarse en Youtube cientos de videos que son mucho más humillantes con nuestros líderes políticos bolivarianos de lo que pueda ser un video de Diego Arria bailando en un autobús. Hay videos con manipulaciones y difamaciones atroces, y otros de personas solicitando asesinar a Hugo Chávez cuando era Presidente, o a Nicolás Maduro en la actualidad, y nada pasa contra esos videos.

Si bien respondí a Youtube con una serie de alegatos por los cuales pienso que dicho video no debe ser borrado, la verdad es que no creo que Youtube o Google se comporten de forma imparcial, por lo que dicho video casi seguramente desaparecerá de mi cuenta en las próximas horas. Aunque supongo que no soy la única persona en el país con una capturadora de videos y, de hecho, ya otras personas también lo subieron a otros portales.

Pero la supresión del mismo plantea un precedente delicado que tiene mucho que ver con la libertad de expresión. ¿Qué impide que los abogados de María Corina Machado, Henrique Capriles, Leopoldo López o cualquier otro político de la derecha venezolana comiencen también a escribir a Youtube exigiendo que se borre cualquier video donde alguien se burle de ellos, o donde hayan quedado mal parados?

Por otro lado: ¿Qué pasaría en un universo paralelo donde Diego Arria fuese el Presidente de Venezuela? ¿Tendremos sus opositores la misma posibilidad de burlarnos de él, contrariarlo o debatir sus ideas, tal y como la oposición venezolana ha tenido todas las posibilidades de insultar y burlarse de Chávez, Maduro y otras figuras políticas de la izquierda venezolana?

Por último, está el tema de nuestra soberanía e independencia tecnológica.

Recientemente explicamos, en el artículo "John Kerry, Internet y la Libertad de Expresión en Venezuela durante 2014" cómo la oposición venezolana usó las redes sociales durante el conflicto de guarimbas que hemos vivido este año, con el fin no sólo de aupar y propagar sus protestas violentas, sino intimidad al chavismo y llamar a atacar e incluso a asesinar a sus partidarios y dirigentes. Hemos mostrado cómo las empresas de redes sociales, radicadas en Estados Unidos, se hacen las ciegas, sordas y mudas ante la violación de nuestras leyes y las amenazas a nuestros ciudadanos, cosa que jamás permitirían con gente de su propio país, y mucho menos con sus gobernantes.

Lo planteamos no para promover el bloqueo o la censura contra estas empresas, pero sí para pedir el inicio de una discusión en torno a una posible regulación de estas empresas en defensa de nuestro pueblo, nuestra independencia y nuestra soberanía.

Desde 2007 (cuando la empresa Youtube nos borró más de 450 videos tras una reclamación legal de la empresa Antena 3; poco tiempo después, a la página Aporrea.org también se le suprimió una cuenta en Youtube con más de 2 mil videos), hemos estado insistiendo en la necesidad de que Venezuela establezca una plataforma propia de servicios: no sólo para subir videos, sino para que las y los venezolanos puedan tener correo electrónico propio, mensajería instantánea, redes sociales, blogs y cualquier otro servicio usando nuestros servidores, nuestras empresas de Internet y nuestro personal venezolano, bajo la jurisdicción de nuestras leyes. Las revelaciones de Edward Snowden confirmando la colaboración de empresas como Google, Microsoft, Facebook y otras con las agencias de espionaje estadounidenses hicieron que algunos países de la región, como Brasil, prendieran las alertas y decidieran comenzar a crear sus propios servicios, tales como correo electrónico, bien sea para sus funcionarios o para el pueblo en general. Nosotros, en cambio, nos hemos quedado rezagados y no nos hemos tomado en serio las denuncias que nosotros mismos hacemos sobre estos temas.

Incluso en Francia, desde 2007 los teléfonos Blackberry están prohibidos para sus funcionarios gubernamentales de mayor jerarquía y el gobierno de ese país ordenó crear teléfonos especiales para que ellos pudieran comunicarse entre sí sin el temor a ser espiados. En Venezuela no fuimos tan astutos, sino que más bien aupamos el uso de las tecnologías Blackberry, facilitándole a hackers contratados por Álvaro Uribe en 2010 el trabajo de infiltrar en la industria petrolera estatal unos 3 mil celulares Blackberry con el propósito de espiarla, como reveló recientemente el ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres.

Por ahora, no nos queda otra sino seguir usando Youtube, Google, WhatsApp y Gmail, sabiendo que somos constantemente espiados por ellos y que tenemos que ser sometidos por sus imposiciones. Tenemos que seguir exhortando al gobierno venezolano, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a Cantv y a nuestro Parlamento para que comprendan la necesidad de crear nuestras propias aplicaciones y servicios nacionales, con carácter de urgencia, así como la necesidad de crear leyes y legislaciones en conjunto con otros países de América Latina, con el fin de hacer valer nuestra soberanía ante empresas de redes sociales que se creen más poderosas que nuestro propio país, su pueblo y sus instituciones.