Mayo 18 de 2015.-A pesar de la cantidad de enfermos producto de la chikungunya en el país, la comercializadora y distribuidora de medicamentos Pharma, escondió 14 de millones de unidades de medicamentos al pueblo venezolano, entre estas, un millón de Vitamina B12 y un millón 960 mil que habían sido incineradas; dos millones quinientas mil pastillas de Diclofenac Potásico, tres toneladas de de Ampicilina y más de 60 mil unidades de otros medicamentos, según refirió el súperintendente de precios justos, Andrés Eloy Méndez.
Esto significa, que cuando el pueblo andaba enloquecido buscando de farmacia en farmacia medicamentos para aliviar los síntomas de esta enfermedad, Pharma los tendría en sus almacenes venciéndose, lo que influiría en la gravedad de muchas personas que padecían las dolencias de dicha enfermedad, como lo refiere el Súperintendente:
“Nos da tristeza saber que esta empresa mantuvo los medicamentos acaparados mientras que el año pasado cuando el brote de la Chinkungunya, muchos venezolanos murieron porque no encontraron la Vitamina B12 que era un tratamiento vital para combatir el virus, y esto es sólo una muestra del daño que nos ha hecho la burguesía en medio de la guerra económica que han impulsado”, señalo Eloy Méndez.
Desconocemos si la comercializadora y distribuidora SM Pharma C.A, situada en el estado Zulia, está vinculada con la importadora de medicamentos Zol Pharma SAS de Bogotá.
El Superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, indicó que los medicamentos hallados, más de 14 millones 760 mil 310 de unidades de medicinas estaban vencidas.
De igual manera participó que en el desarrollo de la fiscalización se localizó materia prima que se utiliza para la elaboración de antibióticos, así como más de 20 mil unidades de recipientes de vidrio para la producción de ampollas.
Entre otros datos de interés puntualizó sobre las sanciones legales que se aplicarán y que estipula la legislación venezolana en este tipo de delitos “le aplicamos una multa de 50 mil Unidades Tributarias (UT) a la empresa, por incumplir los artículos 59 (acaparamiento) y 60 (boicot) de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ)”.
De acuerdo a la información notificada, los dueños de la compañía quedaron identificados como Raimundo Santamarta (padre) y Raimundo Santamarta Ortega (hijo) quienes serán colocados a la orden del Ministerio Público (MP) para seguir el debido proceso. Posteriormente se estableció que la empresa será controlada en comercialización y fabricación del Ministerio para la Salud.
Para finalizar, Méndez afirmó que la sociedad investigada adquirió dólares preferenciales a partir del año 2009, ante lo cual dijo: "A esta empresa se le otorgaron 4 millones 168 mil dólares (lo que representa en bolívares 15.958.155,9), los cuales eran a precios preferencial desde 2,15; 2,30 y 4,30 bolívares, para la compra de estos medicamentos tan necesarios para el pueblo".