25-09-15.-El dirigente político Leopoldo López, quien fue sentenciado a 13 años y 9 meses de cárcel en Ramo Verde, publicó en el diario norteamericano The New York Times una columna de opinión, en donde narra cómo decidió entregarse a las autoridades venezolanas, reafirmando que fue visitado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en casa de su familia.

En el artículo titulado “Aún en prisión, voy a luchar por una Venezuela libre”, López tilda a la jueza Susana Barreiros como “una simple marioneta de los gobernantes”.

Igualmente, explica la situación que enfrenta desde su celda en la prisión de Ramo Verde, donde “solo lo dejan leer la biblia y no tiene luz”.

López asegura, en el artículo, que los planes que tiene para el país “son ambiciosos” y cuentan “con el apoyo de las mayorías en Venezuela”. Para finalizar, hizo un llamado a la comunidad internacional “para que hagan presión y se permita que la OEA y la Unión Europea sean observadores en las próximas elecciones parlamentarias”.

Este es el artículo completo de Leopoldo López publicado en el ‘New York Times’:

“PRISIÓN DE RAMO VERDE, VENEZUELA – El 12 de febrero de 2014, la élite inepta y represiva que gobierna Venezuela ordenó mi arresto por conspiración, incendio, incitación a la violencia, daño a la propiedad pública y otros crímenes. Más tarde, esa misma semana, después de dos sorpresivas visitas del presidente de la Asamblea Nacional a la casa de mi familia, me sugirieron que buscara refugio en una embajada extranjera.

En cambio, decidí entregarme el 18 de febrero de 2014, para afrontar el juicio que el régimen había planeado. Tomé esa decisión plenamente consciente de los riesgos que enfrentaba y de las posibles consecuencias de un proceso motivado políticamente, con un Poder Judicial comprometido. Por eso, cuando el 10 de septiembre de 2015 la jueza Susana Barreiros -una simple marioneta de esos gobernantes que buscan defender sus riquezas y privilegios- me sentenció a más de 13 años de prisión, no tenía ningún arrepentimiento por la decisión que había tomado. Fui condenado con el absurdo argumento de que usé “mensajes subliminales” en mis discursos sobre la no violencia para inspirar violencia durante las protestas de febrero de 2014.

Ahora estoy en confinamiento solitario en una celda de 7 x 10 pies (2 x 3 metros) que no tiene más de una cama, un inodoro y una pequeña repisa para mi escaso cambio de ropa. No tengo permitido escribir, y el único libre que me dejan tener es la Biblia. Ni siquiera tengo una lámpara o una vela cuando oscurece. Si bien todo esto ha sido muy duro para mi familia, ellos entienden que las grandes causas requieren grandes sacrificios.

Estoy convencido de que nuestra causa es justa: la liberación del pueblo de las dolorosas consecuencias de un sistema de gobierno que ha fracasado económica, social y políticamente. Nuestra economía es la de peor rendimiento en la región: el PIB caerá un 7% en 2015 según las previsiones, y sufrimos la inflación más alta de mundo. Esta inflación nos ha llevado una devastadora escasez de bienes esenciales y ha destruido la producción doméstica, incluida la industria petrolera. La desesperación creada por estas condiciones, en conjunto con las difundidas fallas de las fuerzas del orden, ha hecho de nosotros uno de los países más violentos del mundo, con cerca de 25 mil asesinatos en 2014 solamente.

Lo que es peor, hemos perdido nuestra democracia. El Gobierno persigue a quienes piensan diferente y usa la represión para mantenerse en el poder. El juicio en mi contra fue pensado para enviar el mensaje a todos los venezolanos que pelean por un país mejor de que, a menos que desistan y cedan ante el régimen, serán los próximos. Nuestro Gobierno quiere aplastar nuestras aspiraciones y hacernos creer que esta lucha no tiene esperanzas. Quiere que nos rindamos. Pero no podemos darnos el lujo de rendirnos, porque el que se cansa pierde.

Estamos trabajando para una Venezuela en la que los derechos sean garantizados para todos, incluso el derecho a vivir dignamente. Queremos cambios regulares en el poder a través de elecciones limpias y libres, para que los venezolanos puedan coexistir pacíficamente sin importar su ideología.

En la economía, queremos un modelo que permita a todos beneficiarse del crecimiento -especialmente aquellos que tienen menos. Queremos promover las industrias locales y alentar la inversión privada para incrementar la producción y generar empleo. Queremos incrementar la producción de petróleo y usar los ingresos para diversificar nuestra economía, en lugar de usarlos para comprar votos. Y queremos proveer la educación de calidad necesaria para que todos los venezolanos prosperen.

Nuestros planes son ambiciosos, pero tienen el apoyo de millones. Para que Venezuela se mueva hacia adelante necesitamos antes que nada cambiar el sistema removiendo democráticamente al partido que nos gobierna. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre presentan una oportunidad. Pero para triunfar en los comicios tenemos que unirnos. Una alianza opositora, la Mesa de la Unidad Democrática, ya se ha formado, pero necesitamos expandirla a todos los miembros de la sociedad que quieran un cambio.

No podemos hacer esto solos. Les agradezco sinceramente a todos aquellos alrededor del mundo que nos han defendido. Ese apoyo nos da fe, pero esos esfuerzos no pueden terminarse hoy. Necesitamos que la comunidad internacional pugne por nuestros derechos democráticos ante los abusos del Gobierno de Venezuela, condenando la represión y promoviendo la solidaridad en los asuntos de derechos humanos en la región. Necesitamos que las Naciones Unidas incorporen estos temas en la agenda del Consejo de Derechos Humanos. Y necesitamos que la Organización de Estados Americanos invoque su carta democrática para discutir nuestra situación urgente.

Hay que ejercer presión sobre el Gobierno para que permita que haya observadores de la OEA y de la Unión Europea en las elecciones de diciembre, algo que no ocurre desde 2006. Su independencia e imparcialidad se necesita ahora más que nunca para asegurar que nuestra oportunidad de cambio no está comprometida.

Finalmente, el Gobierno de Venezuela tiene que terminar con la infundada descalificación de los líderes opositores para las próximas elecciones. Los diez a los que les prohibió postularse, incluidos los exgobernadores Manuel Rosales y Pablo Pérez, los líderes opositores María Corina Machado y Carlos Vecchio, y yo mismo. El régimen debería liberar a los 76 prisioneros políticos, incluidos los que están bajo arresto domiciliario, como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el ilegalmente destituido alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos.

Una elección no puede ser libre ni justa cuando a aquellos que piensan diferente no se les permite postularse o están tras las rejas”.