20 oct. 2015 - La conversación del economista Ricardo Hausmann y el empresario Lorenzo Mendoza, en torno a un acuerdo con el FMI, ha permitido develar que tras los conflictos políticos en el bloque opositor se esconde en realidad una agresiva disputa sobre el destino que se le debe dar a las divisas con que cuenta Venezuela: si usarlas para cumplir los compromisos de pago de la deuda externa o para mantener los tradicionales flujos de importaciones de corporaciones como Polar.

A esa conclusión es posible llegar tras revisar los detalles de las opiniones que sobre la deuda externa, los requerimientos de importaciones y las relaciones con los organismos multilaterales mantienen voceros de distintos sectores de la oposición venezolana.

Mientras la postura desarrollada por Hausmann, con el auspicio de Mendoza, plantea un programa de ajustes completo con financiamiento significativo proporcionado por el FMI, que garantice el acceso sin restricciones a divisas especialmente destinadas a cancelar las importaciones, el plan que diseñó el economista José Guerra y que asume Primero Justicia, está anclado en un refinanciamiento de la deuda externa que permita acceder a un limitado volumen de divisas que se utilice en la cancelación de importaciones esenciales de los sectores de alimentación, salud y transporte.

Polar: cuarto consumidor de divisas

El conglomerado de alimentos, bebidas y artículos de consumo masivo Empresas Polar es el cuarto grupo que recibió más divisas a tasa oficial entre los años 2004 y 2012, según la lista oficial de Cadivi, el órgano administrador del régimen cambiario hasta 2013.

En total le fueron adjudicados $3.022.465.869 (tres mil veintidós millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y nueve dólares) a través de cuatro de sus empresas, a saber Provencesa (cereales), Cervecería Polar, Pepsi-Cola Venezuela y Alimentos Polar Comercial. Eso no incluye los que adquirió por otros mecanismos como el Sitme y Sicad I y II.

Esa cifra fue actualizada la semana pasada desde el Puesto de Comando Presidencial, por el gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, quien precisó que el monto superaba los 5 mil 200 millones de dólares e incluía 800 millones otorgados solo en 2014 cuando fue más agudo el desabastecimiento de productos esenciales de Polar, como la harina precocida de maíz.

Polar, de acuerdo con su informe quincenal, debe importar entre siete y diez insumos como aceites crudos de soya, palma, girasol y maíz, trigo para las pastas, pasta de tomate, lomos de atún y sulfato de sodio para elaborar detergentes. Esto la hace altamente dependiente del sector externo y en consecuencia tiene una alta demanda de dólares.

La corporación, además, ha desarrollado prácticas para tramitar divisas por otros conceptos no convencionales, como por ejemplo la transferencia que hizo de su marca Harina PAN a una corporación canadiense, para solicitar el pago de divisas para cancelar el derecho de uso.

Adicionalmente, Polar no produce ni un kilo de productos agrícolas, los cuales deben ser adquiridos a productores locales en condiciones adversas para ellos, ya que Polar se aprovecha de su posición de dominio del mercado.

Los operadores políticos de Polar

En septiembre de 2014, Ricardo Hausmann, junto con Miguel Ángel Santos (uno de los discípulos mencionados en la conversación) publicaron un artículo en www.project-syndicate.org, titulado Should Venezuela Default?, que pone en discusión si el Gobierno venezolano debía optar por mantenerse al día con el pago de los compromisos financieros con los acreedores o, más bien, debía preferir mantener el ritmo de importaciones pagando los compromisos con la burguesía comercial importadora.

Y esgrimían una pretendida razón moral que no era otra que acusar al Gobierno Bolivariano de preferir pagarle a Wall Street (así decían) que asegurarle el abastecimiento de alimentos y medicinas a 30 millones de venezolanos.

Esa línea discursiva se complementó con descalificaciones a los financiamientos que el Banco de Desarrollo de China (BDC), que no pone condiciones a la política económica, ha otorgado a Venezuela.

Así es posible ubicar declaraciones y notas de voceros políticos y técnicos del partido Voluntad Popular, especialmente durante este año, que cuestionan la legitimidad de esos compromisos y piden auditarlos como parte de una estrategia que no de plantear como opción el default o suspensión unilateral de los pagos.

Eso ocurrió con nitidez en julio pasado cuando el dirigente nacional de VP, Freddy Guevara, ofreció declaraciones contra la deuda y cuestionó la prioridad de pago del Gobierno, al tiempo que le exigió al Gobierno cancelarle a los grandes laboratorios farmacéuticos.

También llama la atención que hayan factores que se desligaron de la MUD con motivo de las elecciones parlamentarias, pero que todo indica que están motivados por mantener posturas, en materia económica, similares a Polar.

Uno de esos actores es el Movimiento Al Socialismo (MAS), que decidió postular a sus propios candidatos y ha mantenido posturas de condena a la deuda. Además, este lunes realizó una declaración de prensa en apoyo a Lorenzo Mendoza donde advierten sobre una supuesta inconstitucionalidad del enjuiciamiento comentado por el jefe de Estado.

Otro caso es el del actual parlamentario Eduardo Gómez Sigala, esposo de Leonor Mendoza (hermana mayor de Lorenzo), quien se postuló nuevamente como diputado en abierto cuestionamiento al actual gobernador del Lara, Henri Falcón, quien fue encargado de buscar el consenso para elegir las candidaturas.

Nunca se avanzó en el consenso y, finalmente, la oposición en el estado centro-occidental optó por ir dividida a los comicios.

Hace menos de dos semanas se pudo ver una serie de fotografías de Henri Falcón con el economista José Guerra en un evento organizado en Perú por el Bank of America, uno de los principales gestores de deuda en el continente. Con ellos estaba el venezolano Francisco Rodríguez, representante del banco e hijo del polémico ministro de Planificación de Carlos Andrés Pérez, Gumersindo Rodríguez.

Dólares del refinanciamiento

En contrapartida a la propuesta Hausmann-Mendoza, el 13 de julio pasado, los sectores que dominan formalmente la Mesa de la Unidad, es decir, el partido Primero Justicia, presentaron un plan de emergencia "para llegar a diciembre".

El pivote de este plan es el refinanciamiento de la deuda que se vence este año o el próximo, lo que implica su reconocimiento y no plantea ni por casualidad la posibilidad de la suspensión de pagos, según explicó el excandidato, Henrique Capriles.

Con las reducciones que se logren para este año, se plantea financiar las importaciones prioritarias de medicinas, alimentos y transporte.

En la presentación dos cosas quedaron claras: uno, que aunque se simplificaba la propuesta, contemplaba mantener el control de cambios, y dos, que en su formulación nada tenía que ver ni se mencionaba el FMI.

Acreedores dicen no al FMI

No habían transcurrido sino unas horas desde la revelación de la conversación Hausmann-Mendoza, cuando Francisco Rodríguez, director del Bank of America-Merryl Lynch, ofreció declaraciones exclusivas para el diario El Universal, con la finalidad de advertir sobre la inconveniencia de que Venezuela entrara en default o suspensión de pagos.

Venezuela se caracteriza por ser un Estado exportador y cuenta con 13 refinerías en el resto del mundo. Si Venezuela hace default, los tenedores de bonos intentarían embargar esas refinerías. Por lo tanto, embargarían Citgo y las refinerías de Europa.

No solo eso, sino que podrían intentar embargar las facturas petroleras y los tenedores de bonos podrían paralizar el crédito que Pdvsa necesita para impulsar la producción petrolera, explicó. Asimismo, amenazó con acciones de fondos buitres contra Venezuela.

Ya en julio, Rodríguez había dicho que Venezuela no tiene un problema de liquidez externa grave como para buscar la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI).