Necesidad del Poder Popular

Revisión en materia de alquileres por el gobierno bolivariano

En la presente oportunidad analizaremos la viabilidad del proyecto de Ley Orgánica en materia de alquileres para su transformación a compra de inmueble en Venezuela; no sólo tomaremos en cuenta el régimen jurídico o el principio de legalidad de la presente ley a discutir, sino desde el punto de vista social, cultural e institucional mencionaremos varias consideraciones que se deben abordar que trascienden la norma, ya que estas variables marcan el punto de inicio y final de la efectiva aplicación de dicho proyecto.

En primera instancia debemos rescatar los principios constitucionales de justicia social, igualdad, equidad, solidaridad, que dan paso a la necesidad de crear leyes que puedan velar por la consolidación de la familia y la comunidad. Hoy día, dichos principios se deben consagrar con la sumisión de otros males heredados de sistemas económicos que han dominado en la historia económico, social y cultural a lo largo y ancho del territorio nacional, como lo son la necesidad de acumulación de dinero bajo una libre competencia o una “mano invisible” que como bien sabemos golpea siempre a los mas necesitados y desposeídos, a aquellos que no son propietarios de medios de producción, a aquellos que durante años viven alquilados gastando la mitad de su sueldo (que ya es mucho) para pagar una vivienda que nunca será de ellos. Esto puede ser una justificación moral, una motivación de interés público por parte del Estado para la consecución de este proyecto, y es aquí como observamos que en dicho proyecto de ley se hace una declaratoria desde el principio:

“Declaratoria de Interés Público

Artículo 3° Se declara de interés público general, social y colectivo toda materia relacionada con los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, a tal efecto, el Ejecutivo Nacional, tomará todas las medidas que permitan desarrollar las bases y mecanismos necesarios, que garanticen a todas las ciudadanas y los ciudadanos, el goce del derecho humano a una vivienda y hábitat en condiciones dignas que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias; persiguiendo como fines supremos:

1. Proteger y garantizar el derecho humano a una vivienda y hábitat adecuados para todas las personas y familias, especialmente de quienes se encuentren en situación de discriminación, vulnerabilidad o marginación.

2. Preservar y garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de las viviendas.

3. Erradicar los desalojos arbitrarios.

4. Brindar la atención integral a las personas y familias victimas de desalojos inconstitucionales, ilegales o arbitrarios”.

Ahora bien, parece sonarnos conocido tal declaración de interés público porque la hemos estado escuchando como motivación del acto de expropiación, siempre velando la figura del bien común. No faltarán quiénes digan que atenta contra la propiedad privada el tener que vender la vivienda luego de un tiempo prudencial de tenerla alquilada. No debemos pasar por alto que el actual gobierno ha tomado como bandera la justicia social desde sus inicios, por ende, tal propuesta no debe parecer extraña.

Sin embargo más allá de la parte económica y cultural, es necesario tocar la parte institucional, la que más puede afectar a nuestro juicio la viabilidad del este proyecto. Y es que nos preguntamos, si más allá del marco jurídico, las ansias de justicia social que pueda tener el gobierno, debemos ser más pragmáticos en ocasiones para que no se queden en el papel propuestas; dicho lo cual, es viable una Ley de Arrendamiento de tal magnitud con un Estado que no puede llegar a garantizar su aplicabilidad en todo el territorio nacional, con una estructura encargada que no se da abasto para abarcar todos los municipios del país (como sucedió con el SUNAVI).

La excesiva intervención del Estado en los asuntos públicos puede significar la ineficiencia y el atropello a la propiedad privada manifiestan los sectores neo-liberales; pero si la izquierda revolucionaria plantea la justicia social y los gobiernos tienen la responsabilidad de promoverla (como plasmó el gobierno bolivariano con la Carta Social de Las Américas en el marco de la OEA) debemos hacer eficaz esa responsabilidad, viable, y la estructura estatal burocrática lamentablemente no se ha dado abasto para satisfacer la demanda de alquileres a precio justo, o la futura posibilidad de compra de la vivienda. Es entonces cuando proponemos el empoderamiento del pueblo, el poder popular, la plena participación de los consejos comunales, de las comunas organizadas pero con verdadero mando que se escuche la voz del pueblo organizado (porque vemos por ejemplo que Cadivi no acepta carta de residencia emitida por el consejo comunal, debe ser emitida por la alcaldía, basta de farsa todos las instituciones se deben encaminar hacia la nueva propuesta del poder popular como un engranaje) y que se implementen aún más mecanismos de participación ciudadana para derrotar la burocratización, la ineficiencia, ineficacia y la corrupción.

@franciscoenrich

*Estudiante de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. UCV


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