“Cuando la corrupción se constituye
en el modo más fácil de acceder al poder,
la democracia se vende a precio de saldo”
(del libro “La democracia en remate”)
Podríamos imaginarnos que estamos en una situación que parece casi un teatro del absurdo, sino fuera porque estamos precisamente en medio de una realidad lacerante. La condición de una realidad que hiere no se refiere a una situación adversa. Es además una realidad que entra en conflicto o tensión con otra realidad lo que hace que perdamos el “sentido” de la realidad. Por sentido de la realidad entendemos el afán de adjudicarle un sólo sentido y acordar el mismo con los otros para poder actuar en consecuencia. Con múltiples realidades en pugna no sólo el acuerdo se hace más difícil sino que además, la racionalidad para conducirse con los otros sufre disonancias.
Quizás un ejemplo pueda ayudarnos a ilustrar esta peculiar situación. En la espera para cancelar los productos básicos que se adquieren en los CLAP, un vecino señala su malestar por tener que cancelar la mitad del costo de la “bolsa de alimentos” en un producto que no le interesa. Esa misma persona debe pagar fuera del circuito del CLAP 5 veces o más de lo que le cuesta en el CLAP y lo hace casi con agradecimiento a quien le especula y lo roba con los productos básicos, pero no le “impone” la compra de un producto. ¿Qué nos pasa allí para preferir el robo a una imposición de poca trascendencia? ¿Qué nos ocurre a quienes vivimos esa situación donde nos quejamos de lo poco y admitimos “libremente” que nos roben?. Son realidades en fricción que pone sobre la construcción de las instituciones una pesada carga de incredulidad, duda y, posteriormente, el caos en términos de los símbolos con los cuales se hace la vida en común.
La vida en común encuentra su instancia más importante en la figura del estado porque ella conjuga la autoridad que garantiza las condiciones mínimas de relación con los otros en virtud de las leyes y aporta un mínimo espacio para el tratamiento igualitario ante la ley y el tratamiento equitativo ante la acción afirmativa del estado. Este último concepto es vital ponerlo en el plano de lo que Rawls1 denomina la acción afirmativa, es decir, se permite el trato diferenciado sólo para beneficiar a quien ha estado en condiciones de desventaja. Enunciado en el marco del liberalismo político, la acción afirmativa va a sufrir una transformación que nos pone en las puertas de una nueva época de oscurantismo político. Sin embargo, es necesario mostrar antes la trama de la soberanía financiera.
La soberanía financiera es quizás un término que emerge con mayor fuerza en estos días que los “Panamá papers” nos recuerda que el dinero logró la más ambiciosa de las aspiraciones del ser humano: la ubicuidad. Quizás exageremos, pero el dinero electrónico inauguró un ejercicio de soberanía que era insólito hace apenas unas décadas atrás. Ejercida a la sombra y casi que de forma oculta, hace años que sabemos que el dinero que dejamos en las instituciones bancarias, al cerrar las oficinas se van a velocidad de la luz, a seguir siendo dinero en otros países que se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Se escabullen del control de todos y se convierten en un mundo independiente e invisible: la fórmula perfecta para el ejercicio del poder. Sin embargo, la soberanía financiera no reside en el pueblo. Al contrario, es minúsculo el grupo de individuos que pueden ejercerla. Aún más, no es una prerrogativa que concede el estado y para hacerlo más preciso, es una soberanía que cuando se ejerce se constituye en una afrenta contra el estado y contra todo el orden legal que define las relaciones de tributo e impuestos sobre los cuales se constituye el poder del estado.
La soberanía financiera convertida en estos días en el ejercicio de una soberbia cobijada por pretensiones imperiales adquiere condición trasnacional y desde allí se erige para encontrar en la figura del estado, su mayor enemigo. Un estado que impide el ejercicio de la soberanía financiera de unos pocos es una amenaza y debe ser eliminada en consecuencia. En América Latina, estamos siendo testigos de procesos que nos demuestran la insuficiencia de los gobiernos posneoliberales para contrarrestar la arremetida de quienes procuran la soberanía financiera. El espectro va desde quienes tienen acceso al poder por la vía electoral y proceden a “naturalizar” de nuevo la exclusión, la marginalidad y la impotencia política de las mayorías como la condición para una “economía sana” que básicamente supone el ejercicio de la soberanía financiera por encima de cualquier otra hasta la batalla sorda y multidimensional que azota a Venezuela por un ejercicio desmedido de las fuerzas económicas por imponer la desaparición del estado como política de gobierno y promesa electoral. Brasil en cuestión de horas procederá a desmantelar un estado que inspirado en la convivencia pacífica terminó siendo la víctima perfecta para restituir un orden que no por injusto deja de tener un poder de maniobra inmenso.
La arremetida contra la posibilidad de un estado preocupado por la inclusión y sustituido por otro que asume la soberanía financiera como fin último nos pone en presencia de una situación novedosa en la lucha de clases. Lo novedoso es que la lucha por el control de los bienes de producción dejo el terreno de lo concreto y material para convertirse en una lucha en el plano de lo virtual. En la virtualidad, probablemente todos creemos que debemos defender la soberanía financiera porque nos beneficia a todos. Pero revisemos bien, si acaso ese “todos” y ese “beneficio” es realmente cierto.
Es verdad que todos podremos hacer con nuestro dinero lo que queramos, la pregunta es si estamos en condiciones todos de tener el dinero cuando el estado queda desmantelado y el ejercicio de la soberanía financiera requiere del músculo suficiente para llegar a los paraísos fiscales. Hoy, como al comienzo de la historia del hombre, el paraíso es un lugar que pocos han visto y que pocos quieren que sea para todos.
Sin embargo, para que se produzca este adelgazamiento atroz del estado hay que mostrar que es insuficiente, caótico y timorato. Nada mejor para ello que demostrar que no controla lo que es esencialmente la definición ortodoxa del estado moderno: “El monopolio del uso de la violencia en su territorio”. La violencia sobre espacios locales, la usurpación de las tareas del estado en amplios corredores territoriales, la manifestación de desprecio de cualquier bien público van deteriorando paulatinamente la noción de lo público como bien de todos, para convertirla en tierra asolada de nadie. Las “guarimbas”, los actos paramilitares y los excesos en los modos de violentar la convivencia son entonces instrumentos para proceder a una transformación estructural de la acción afirmativa. Se tratará de forma diferente para beneficiar a quien mejor pague. Así comienza entonces el más brutal canibalismo global de nuestro tiempo. Los zombies que ahora nos devoran en la esquina, en el bachaqueo brutal, en la violencia irracional sólo son los idiotas más radicales de un juego perverso de un orden económico que hace rato nos mira a todos con desprecio.
Preservar al estado y defenderlo incluso de su propia racionalidad del acomodo en función de los grados de influencia y no de legitimidad social se constituye así en el primer paso para comenzar a crear las condiciones para una revolución que a lo único que debe temer es a no ser lo suficientemente radical para extirpar a quienes desde siempre nos golpean.
A Tiempo: La arremetida sostenida de la derecha en América Latina revela que se tocaron intereses y que ese logro de los pueblos les afectó al menos su soberbia. Pero también nos revela que lo hecho es insuficiente y que deberán los pueblos aprender que una revolución pacífica no le impide ser radical: llegar a las raíces y fundamentos de lo que es justo.
