En las Audiencias de la Sala 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo borraron las relaciones de tiempo, lugar y modo de cómo en verdad ocurrieron los hechos aquel martes 13 de octubre de 2009. Todo ha sido un montaje, un juicio simulado/tutelado para condenar a Sabino, y con él a Alexander Fernández Fernández.
Con un expediente elaborado por la Fiscalía sobre la base de un ensarte de pruebas mal recogidas y de una versión interesada de una sola familia interrogada por agentes del CICPC (algunos torturadores de Alexander y otros hoy en la cárcel) por un lado, y por otro, con la presentación de varios testigos preparados con falsos testimonios buscando así ocultar la verdad material de los hechos e impedir la aplicación final de la justicia ordinaria, por ello la imperiosa necesidad hoy de la reconstrucción de los hechos.
Para imponer la justicia del Estado Nacional u ordinaria, el Gobierno ha negado sistemáticamente en los circuitos judiciales penales de La Villa del Rosario en la Audiencia Preliminar y de Trujillo en la fase del juicio, en sus respectivas Sala de Apelación y en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la aplicación del artículo 240 de la Constitución relacionado con la aplicación de la justicia especial indígena. Argumentos inconstitucionales han sido esgrimidos para cumplir con el formato de la condena a priori para Sabino por haberse dignamente revelado contra el proceso gubernamental de demarcación de tierra impuestos en su territorio y decidido por cuenta propia, sin pedir permiso para aplicar justicia indígena a través de la ocupación de sus tierras invadidas por ganaderos durante la dictadura de Pérez Jiménez en la cuenca del río Yaza. Pase de factura.
A través de la división por odio y selectivas dádivas se logra (por encargo) el enfrentamiento, muertos y heridos, la posterior detención (a no matarlo), el encierro, el juicio simulado y la posterior búsqueda para este mes de enero 2011 la condena prevista y monitoreada desde Caracas. Un castigo ejemplar para indio rebelde.
Muchos “Sabinos”, llevamos ya 15 meses en Maracaibo, Trujillo y Caracas desenmascarando paso a paso esta agresión material y jurídica contra un dirigente y defensor de los derechos humanos y territorial del pueblo Yukpa por parte del Gobierno secundada por los ganaderos de GADEMA: Sabino y su amigo Alexander; también defendemos al cacique Olegario Romero pese a que el miércoles 28 de julio del año pasado por su cuenta prefirió dar la orden de retirada de sus familiares de la tomas de las puertas del TSJ y volver con los ganaderos/Gobierno; es de recordar ese día la presencia de la operadora Amalia Pérez y de varios empleados de los Ministerios Indígena y de Relaciones de Interior y Justicia. El 24 de agosto de 2010 se presentan en el Circuito Judicial Penal de Trujillo los abogados de los ganaderos Alfonso Chacín y Luis Paz Caicedo a “defenderlo”, e inician el juicio con la nefasta estrategia de culpar a Sabino con testigos preparados de antemano y las agresiones verbales contra su familia y la de Alexander y los veedores aliados, así como las maniobras acusatorias contra los testigos presenciales familiares de Sabino y Alexander por parte del acusador de indio Américo Rodríguez Fiscal Nacional del Ministerio Público.
Queda el amañado juicio encerrado en Venezuela al decidir el TSJ (a los cuatro meses luego de la tomarse sus puertas por parte de las tres familias de los dirigentes indígenas detenidos y el movimiento nacional Sabino somos muchos) la inadmisibilidad del Amparo Constitucional introducido por los abogados de Sabino y Alexander, asegurando el máximo tribunal que puede plantearse la competencia de la jurisdicción indígena en la fase inmediata, es decir al entrar en el juicio; pero al ser introducido el escrito por los abogados defensores la Corte de Apelación de Trujillo afirmó que éste en verdad puede hacerse pero después de la sentencia. ¡Qué le parece!
Con este exabrupto jurídico del TSJ el Gobierno logró en ese momento no ser demandado internacionalmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues se requiere agotar las instancias nacionales. Pero seguro, una vez introducido dicha competencia jurídica en Trujillo pos-condena a Sabino y Alexander, la Sala de Apelación dirá seguramente de otra manera la negación de la competencia de la jurisdicción indígena, posteriormente luego de varios años de introducido el Recurso de Amparo en el TSJ se dirá lo mismo, y es en ese lejano momento cuando los abogados Colmenares y Galindo tendrán libertad de recurrir al CIDH; esto es simplemente una trampa más del Gobierno. Estamos descifrando la salida justa.
Están pillaos, no se saldrán con la suya Gobierno y ganaderos. Resistiremos hasta conseguir la libertad de los dirigentes indígenas detenidos: Sabino y Alexander, incluso de Olegario Romero. Ellos serán juzgados por la justicia especial del pueblo Yukpa. Construiremos día a día un Estado Venezolano Plurinacional con Pluralidad Jurídica y verdaderas relaciones interculturales.
