Introito: Con cuanta alegría anunciaríamos que la recién designada junta administradora de Corealsa (empresa que regenta la plaza de toros de Mérida) está dispuesta a transformar y buscarle destino socio-cultural integral a la plaza de toros y erradicar la sangrienta y decadente fiesta de toros, convirtiéndose en los abanderados para la prohibición constitucional de esa sádica práctica en todo el territorio del estado.
Pero no, con frustración anunciamos que esa junta administradora está compuesta por un nido de “taurinos por excelencia”, de dudosa reputación doctrinaria, que prometieron destapar la “corrupción” de la anterior administración, sobre todo el incumplimiento de la mafia de los Rodríguez Jáuregui, que cobraba y se daba el vuelto y que, además, incumplieron realizando menos corridas de las que prometieron, es decir, no torturaron suficientes toros. ¡Calma y cordura! Nos sentaremos a esperar que la ideología dominante ceda el paso a todo lo que implica la quinta línea estratégica del Plan de la Patria y llegue efectivamente a quienes tienen el compromiso mayor de practicarlo y promoverlo.
Dejamos los toros y pasamos a lo que da cagajón. En los municipios donde se ha producido la postulación de candidatos a las elecciones internas siguió haciéndose de la manera tradicional, con los mecanismos de poder o apoyo convencionales, sin compromisos claros y sobre todo, refugiándose en la nebulosa oferta de cumplir con las cinco líneas estratégicas del Plan de la Patria, obviando los problemas eminentemente locales y la toma de posición frente a opciones radicalmente contrapuestas. Cuando los postulados mayoritariamente han sido alcaldes en ejercicio, ya sabemos que no se cambia de la noche a la mañana y que el continuismo de la administración está asegurado. Cuando nadie obtiene más del 50% de los votos, cosa fácil de provocar en universos electorales municipales, la ventaja es de quienes tengan mejor relación con el partido.
No obstante lo expuesto, nos ocuparemos de continuar con aspectos que deben comprometerse a cumplir los candidatos a alcaldes y concejales. Esta vez se trata de una invitación a reflexionar sobre una situación de origen histórico pero mantenida como derecho, a pesar de lo irrazonable y desventajoso de su continuidad.
Se trata de si compete a la Alcaldía asumir parte de la educación formal de su municipio, estando demostrado que no es posible que docentes y estudiantes estén mejor atendidos que por el MPPE, afirmación que se extiende a otros servicios para los cuales existe un organismo superior nacional. Las desventajas manifiestas (diferencia de sueldos y beneficios, la desfavorable dotación de instituciones, los conflictos recurrentes por reivindicaciones no satisfechas, la crónica "falta de recursos" para cumplir con los periódicos ajustes salariales decretados por el poder central ...) del personal que depende de la Alcaldía frente al adscrito al Ministerio, deberían conducir inexorablemente a la entrega de esas competencias. Ese nivel de "descentralización" es más pernicioso que el que llega hasta las gobernaciones, y quien lo centralice, buen centralizador será.
A pesar de las desventajas, esta y otras competencias de la alcaldía se mantienen porque “da poder” a los alcaldes y, según dicen, al poder no se renuncia. Por ejemplo, como lo escribimos en algún artículo anterior, por la oposición de Lester B y la cabronería de concejales renegados, la oportunidad de Mérida de resolver el problema de la basura mediante la creación de un organismo con visión socialista, se está alejando, y se va a crear un ente manejado por la alcaldía, que no es sino más de lo mismo.
Nos veremos próximamente para hablar de un nivel de la administración municipal y regional, donde la impunidad ha sido total.
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