Con el deterioro progresivo de la vocación de servicio de aquellos ciudadanos en la administración pública se ha institucionalizado una conducta corrupta que responde única y exclusivamente a intereses grupúsculo de poderes económicos, políticos y religiosos, es así, que cuando una persona al servicio de la administración del Estado en función de enaltecer su labor, respetar sus principios, elevar la ética y la moral y funcionar ante las demandas del pueblo; éste será objeto de amenazas, intimidaciones, desprestigio, amedrentamiento, manipulaciones y pare Usted de contar.
Cuando los intereses de estas mafias de poderes económicos, políticos y religiosos se sienten vulnerados por la praxis honesta de éstos funcionarios, ellos buscan los mecanismos para deshacerse de este tipo de servidor público, puesto que, lo mas importante es contribuir alimentando la cultura ciudadana de la violación y el desconocimiento en las leyes, para que nunca asuman de manera consiente la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
Esta reflexión se hace por el caso de las personas jurídicas que se encargan de desarrollar los llamados “sanes”, pero en su máxima expresión son “compras programadas”, para la acumulación de capital y la adjudicación de beneficios, sólo a un sector de quienes participan, beneficiándose estas personas jurídicas con las aportaciones de los ciudadanos mas desfavorecidos y sumándoles los intereses devengados mensualmente. Es así como se puede lograr la capitalización de dinero ajeno para beneficio de otros, que además, para garantizar el manejo ilegal del recurso del pueblo, se incorporan como financistas de campañas electorales y festividades públicas en función de cubrirse las espaldas, es decir, el eterno vicio corrupto del padrinazgo político. Como ejemplo de esta conducta aberrante tenemos la persona jurídica Altercomp C.A. que viene desempeñándose como “empresa de prestigio de compras programadas”, y que se sostiene con la plata del pueblo a cambio de nada. Es necesario desarrollar inteligencia social para detectar el o los padrinos políticos.
En un comunicado que salió en las principales prensas regionales (Frontera y Pico Bolívar). Ésta persona jurídica hizo una serie de afirmaciones que verdaderamente ofende al pueblo merideño, entre otras, se dijo: “no entendieron el sistema de compra programadas”, refiriéndose a los clientes ´victimas´ por la oferta engañosa tanto verbal como escrita. Cuando una persona se acerca a las oficinas de este tipo de “empresa” se dirige con la esperanza de resolver un problema financiero para cubrir cierta necesidad, en la negociación una de las aseveraciones que hacen es que en un mes su financiamiento será aprobado, eso es una oferta engañosa verbal con premeditación y alevosía, puesto que, ya ellos de antemano saben que eso no es cierto, sin embargo, es una forma de enamoramiento para que las personas desembolsen una inicial por afiliación o gastos administrativos que no se establecen en dicho contrato. En el caso de la oferta escrita está su eslogan “financiamos tus sueños”, que luego se convertirán en pesadilla ante la impotencia ciudadana de no tener su adjudicación y una prueba mas contundente es el contrato que se suscribe, el tamaño de la letra de dicho contrato es otra oferta engañosa por su naturaleza.
Otra de las afirmaciones que hizo dicha persona jurídica en el comunicado que se publicó el 13 y 14 de diciembre del presente año, en prensa regional es que: “la situación es confusa que afecta a los trabajadores y clientes de la (empresa Altercomp C.A.), ciertamente es confusa, porque ésta no va asumir que han realizado una estafa, que hasta los momento, lleva aproximadamente 50 familias afectadas, pero eso lo determinará la justicia venezolana, por lo tanto, la confusión debe mermarse en espera de una respuesta legal
Una de las afirmaciones mas delicada de dicha persona jurídica es: “sabemos que existen personas identificadas difamando la empresa”, en este sentido, me remito a exhortar a las autoridades el reconocimiento público del derecho constitucional a la denuncia son los órganos con competencia legal los que se encargan de dictaminar la culpabilidad o no, y en el último de los casos, la denuncia no procede, si viene una contrademanda por difamación, es importante no actuar de manera apresurada, como sugerencia, porque la exigencia de éstas familias esta en demanda por daños y perjuicios con premeditación y alevosía. Esta última afirmación se ha tomado en los denunciantes como una amenaza subliminal.
En este comunicado, la mencionada persona jurídica, afianza su solvencia económica es por tal razón que, las familias víctimas de la presunta estafa exige reparo e indemnización ya. Por lo cual, estamos convencidos de las acciones legales pertinentes que permitan la respuesta oportuna. Sabemos que este tipo de personas jurídicas se respaldan en las manipulaciones emotivas y políticas, por eso es que el comunicado refiere sobre la navidad, las donaciones y el socialismo, pero este pueblo aguerrido de Mérida esta muy cansado de hipocresía y no esta dispuesto a tolerar el irrespeto a la autoridad del Estado, en este caso, INDEPABIS-MERIDA, que viene asumiendo una posición ética ante las demandas ciudadanas.
Es necesario que SUDEBAN se pronuncie y asuma su responsabilidad como se establece en los artículos 4, 44 y 235 de la ley que los rige, en vista de que los montos manejados y adjudicados son millonarios en bolívares. No se puede ver este caso como una empresita que promueve popularmente hablando el “san”, aquí se esta hablando de cuantiosos recursos que no declaran en el Seniat y sus procedimientos no son supervisados por la Superintendencia de Bancos.
Hacemos un llamado a toda la comunidad merideña a que no se deje engañar por este tipo de personas jurídicas que trabajan de manera ilegal, sabemos de personas que han sido adjudicadas y están altamente agradecidas, pero no se puede subestimar las familias afectadas. A quienes han sido beneficiadas ¡felicitaciones!, y las que han sido victimas de esta presunta estafa, es necesario el conocimiento de las leyes para ejercer la defensa de los derechos y buscar el respeto tanto de las instituciones públicas, como de los entes privados, así derrotaremos las mafias de poderes económicos, políticos y religiosos que atentan contra la ética pública y la moral administrativa
