21 - 06 - 10

Como informamos en un artículo anterior, desde esta mañana a las 10 am estuvieron desaparecidos dos adolescentes los cuales fueron detenidos en el Caserío Fermín Agrisones del Municipio el Pao del Estado Cojedes.

Los muchachos de nombre José Francisco Medina (18 años) y William Romero Lara (16 años) fueron detenidos en un allanamiento que se realizó de manera irregular ya que no existió orden judicial para el allanamiento, ni orden de arresto en contra de los dos detenidos.

Según el testimonio de los vecinos, los adolescentes fueron sacados la casa por la comisión policial del CICPC y montados en un vehículo, uno de los adolescentes vestía sólo con un short ya que según informan personas que presenciaron el hecho, los muchachos estaban lavando la ropa y preparando la tesis de grado para la Escuela Campesina La Salle, donde estudian los detenidos.

Las Irregularidades

Las primeras irregularidades que se presentan en el allanamiento adolescentes estuvieron desaparecidos desde las 10am, hasta las 5pm, sin que las autoridades y los cuerpos policiales dieran respuesta de su paradero.

El otro hecho irregular es el nivel de violencia con el que actúan los cuerpos policiales, entrando con capuchas y sin identificación en el momento del allanamiento ilegal, sumado esto a los golpes, insultos y humillaciones que recibieron los detenidos.

Cuando los familiares y amigos van en busca de los muchachos arrestados, los mismos no aparecen por ningún lado, en ninguna delegación policial había información de ellos. Sólo cuando los familiares de los detenidos se logran comunicar con compañeros de la ANMCLA miembros de ambas organizaciones logran hacer presión y es luego de la intervención de estas dos organizaciones y del artículo que aparece en aporrea.org , que aparecen los muchachos detenidos en la comisaría del CICPC.

Lo que se logra conocer del caso

Según informan los familiares y amigos de los detenidos al igual que a otras personas a las que arrestaron posteriormente, se les imputa el robo de dos camiones de ganado, la desaparición de dos tractores y parte de la cosecha de un hacendado poderoso de la zona. Sin embargo cuando los familiares preguntan a las autoridades el nombre de la finca y del hacendado que les acusa, no reciben ninguna información por parte del ente policial. El hermetismo funcionarios es absoluto cuando se le pide información de la situación en la que se encuentran los detenidos y las detenidas.

Nuevos arrestos y nuevas violaciones de derechos

A través de la comunicación constante que hemos tenido con los familiares de los adolescentes detenidos, nos enteramos que las irregularidades existentes en los procesos policiales cometidos en este caso en el Estado Cojedes continúan, ahora se detiene a otro grupo de personas y se les imputa el mismo delito.

Las personas detenidas son

María Elena Rodríguez de 39 años, profesora de la Escuela Campesinas La Salle.

La Profesora Rodríguez fue golpeada en el momento de su arresto.

Profesora Juana Aular de la escuela Campesina La Salle de 52 años de edad.

Juan Carlos Rodríguez de 27 años.

Cesar Rodríguez Aular de 23 años.

Raúl Antonio López de 27 años de edad.

Laudis Peñaloza de 32 años de edad.

Luís Alfredo Iglesias de 25 años de edad.

Todas las personas nombradas anteriormente son maestros de la Escuela Bolivariana José Antonio Aponte, miembros de la Cooperativa Agrícola y de la Cooperativa de pescadores.

Ahora bien es muy raro que todas las personas arrestadas o detenidas en este caso, sean estudiantes de la Escuela Campesina La Salle, Profesoras de la Escuela Campesina, de la Escuela Bolivariana y miembros de las cooperativas agrícolas y pesqueras de producción.

Lo último

Para esta hora las 9.25 de la noche del día lunes 21 de junio del 2010, aún no se da respuesta sobre los detenidos y sus condiciones físicas. Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta es cómo dos adolescentes estudiantes, 4 profesores y dirigentes campesinos y pesqueros del sector, pudieron desaparecer dos tractores y dos camiones llenos de ganado en tiempo record, sin que nadie los viese y más teniendo cada uno de los imputados en este caso una vida pública.

La impunidad y el estado de indefensión

Hace pocos minutos en esta redacción se recibieron llamadas de algunos familiares y amigos de los detenidos, donde presuntamente un par de individuos, los cuales no se identificaron, pero que se presumen eran funcionarios, les comentaron que si daban una colaboración de 700 bolívares fuertes por cada detenido, los mismos saldrían en libertad y sin ser fichados.

No tenemos los nombres de estos supuestos funcionarios, lo que sí es cierto es que se han visto y se siguen viendo demasiadas irregularidades en este caso.

El temor de los familiares

Los familiares de las personas detenidas han comentado el temor que tienen del futuro de sus familiares una vez que salgan en libertad, piensan que siendo los mismos dirigentes campesinos y familiares de dirigentes, esto puede ser una muestra de las situaciones que se pueden presentar de manera continua en un futuro cercano.

Un procedimiento contra delincuentes comunes o un aviso a los dirigentes campesinos de la zona

Una de las situaciones que preocupa es que este supuesto caso de robo, que no tiene lógica para nosotros, dada la magnitud de los objetos supuestamente sustraídos por estas personas, sea realmente un hecho verídico, es decir, es casi imposible que un grupo de profesores y estudiantes , entre los cuales hay algunos dirigentes campesinos y pesqueros de la zona, que son conocidos y tienen una vida pública, se puedan robar dos camiones llenos de ganado, dos tractores y otras cosas más, sin que nadie los vea, más cuando viven en un pueblo y no en una ciudad.

Así que queda en nosotros la duda, de que esta sea una maniobra para dar un mensaje a la dirigencia estudiantil, campesina y pesquera de la zona, para que no sigan organizándose y profundizando los procesos de producción desde las bases populares.

Cabe destacar que muchas de las personas detenidas estuvieron involucradas en la recuperación de los terrenos del Charcote en el Estado Cojedes, lo cual crea dudas de que estos hechos que se describen en esta denuncia, no sean un pase de factura a dirigentes campesinos y pesqueros honestos del sector.

Sólo queda que la Fiscalía, La Defensoría del Pueblo y las autoridades competentes, se pronuncien y protejan a nuestros dirigentes comunitarios y campesinos si se comprueba que esta situación es un pase de factura de la derecha y de los latifundistas de la zona en contra de nuestros dirigentes campesinos, pescadores y estudiantiles.

ANMCLA