En una maniobra de pinzas, la organización mundial de la propiedad intelectual OMPI, generó dos hechos políticos que condicionarán las políticas de protección de mercados nacionales de los países progresistas de la región sin que estos en apariencia lo estén percibiendo y accionen sus defensas contra una operación que tiende a proteger enclaves económicos y comerciales dentro de los propios Estados Nacionales.

Los enclaves están instalados en las oficinas de propiedad industrial y derechos de autor de países como Argentina, Brasil, Ecuador o Uruguay que junto a los neoliberales Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Surinam avanzan en la creación de una Oficina Latinoamericana y Caribeña de Propiedad Intelectual controlada por la OMPI.

Latinoamérica es la única región del mundo que no posee una oficina regional como ocurre en EurAsia, Africa o Europa. Estas estructuras burocráticas centralizan la información de las oficinas de cada una de las regiones y funcionan como delegaciones de OMPI financiadas por las empresas internacionales que protegen sus industrias para crear monopolios y oligopolios exclusivos evitando la sustitución de importaciones y la creación de innovaciones y emprendimientos nacionales de pymes, universidades, centros de investigación o inventores individuales.

La reciente visita del director de OMPI, Francis Gurry, a Panamá, tuvo como objetivo negociar la instalación de una Oficina regional de propiedad intelectual que fungirá de centro de operaciones y academia regional del continente latinoamericano supervisado por los Estados Unidos y la Unión Europea a través de la oficina mundial con sede en Ginebra.

Al mismo tiempo se avanza en el proyecto de patentes suramericano PROSUR protocolizado el 6 de julio en Santiago de Chile por los presidentes y directores de oficinas de nueve países (a excepción de Bolivia y Venezuela) para establecer convenios e intercambiar información a través de una base de datos ofrecida por la OMPI mediante la cual se deberán conceder las patentes a las empresas extranjeras (farmacéuticas, alimenticias, agroquímicas, etc) quienes constituyen el 96% de las patentes existentes en la región (fuente: OMPI). De esta manera se les asegura a las corporaciones globales en plena crisis mundial el marco legal de construcción de mercados monopólicos a través de las marcas, las patentes y las “industrias culturales”.

¿Porque?: Los Estados Unidos tienen como estrategia de expansión de sus mercados la penetración de las patentes y los registros de derechos de copyright como palanca para ingresar luego sus productos (químicos, farmacéuticos, agroquímicos, biotecnológicos, electrónicos o mecánicos ((maquinarias, vehículos, autopartes)); marcas (cosméticos, alimentos, artículos de limpieza, vestimenta) junto a los productos audiovisuales (películas o entretenimientos en DVDs, contenidos enlatados por TV, TV por cable, Cine, industrias privativas de software): toda una industria basada en la propiedad intelectual para imponer en los mercados períféricos los productos excedentes en el Norte por la crisis financiera existente en los países centrales.

Así, el proyecto de mundialización de las patentes y el copyright está siendo avalado por los directores de la oficinas nacionales de marcas y patentes que trabajan autónomamente amparados en una supuesta autarquía legal y que, con la aceptación de las Cancillerías, van avanzando cerrando convenios con organizamos internacionales de manera escalonada y sin una reacción de los president@s o parlamentos, quienes inexplicablemente aparecen inmóviles a pesar de sus propios reclamos en materia de patentes y soberanía nacional.

Correa, Kirchner y Lula han tenido posiciones férreas en materia de políticas de patentes aplicando las licencias obligatorias (Ecuador y Brasil) o implantando pautas para el patentamiento de productos farmacéuticos (Argentina), favoreciendo así la producción de medicamentos genéricos y adoptándolos como política de Estado. A pesar de ello y de manera contradictoria, estos gobiernos han dado vía libre a sus organismos de propiedad intelectual para crear las condiciones de instalar por parte de OMPI una estructura supranacional regional controlada por los países y empresas transnacionales presentes en la región. Algo similar ocurrió con el ALCA, que avanzaba sin que nadie se percatara hasta que Chávez y Fidel avisaron de la trampa que se intentaba tender a los países del Latinoamérica y El Caribe.

Ahora, y en una maniobra más burda pero no menos peligrosa, se intenta crear un organismo regional para desde allí presionar a los países a extender el alcance de las patentes a todos los campos de la técnica como establece el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC-TRIPS). Este tratado fue impulsado en los años 90s por empresas alimenticias, farmacéuticas, químicas y electrónicas como General Electric, Dupont, Cargill, IBM, Monsanto, Merck.

De forma similar a la creación del ALCA, Estados Unidos junto a OMPI han cooptado a las oficinas de propiedad intelectual (Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay) a favor de los intereses de las empresas extranjeras y sus bufetes de abogados. La protocolización del proyecto PROSUR firmado el 5 de julio pasado en Santiago de Chile, es uno de los pasos previos a compromisos posteriores de para la creación de la oficina regional controlada por OMPI y los Estados Unidos.

La batalla por de control del conocimiento, los mercados, las tecnologías e industrias son un “golpe suave” a la nueva arquitectura impulsada por los presidentes progresistas de la región en materia de integración económica, política y social en el marco de una cooperación complementaria y solidaria a pesar de los sabotajes que se lanzan desde los organismo de la propiedad intelectual y dueños.