El ingreso de Venezuela al MERCOSUR es un hecho histórico-político-económico de importancia geoestratégica nacional, regional y global que prendió la alarma de los servicios de inteligencia que operan desde Estados Unidos hacia Centro y Suramérica.
El desarrollo de eventos relacionados a la propiedad intelectual plantea una gran preocupación por una problemática de un alto nivel de importancia para los pueblos y países de nuestra región Sur y Centro Americanas, incluyendo el Caribe, por el grado de injerencia económica, política y cultural que se despliega a través de diversos factores de poder que actúan desde los Estados Unidos sobre los gobiernos y las sociedades en nuestra región.
Hoy mismo apareció publicada en Aporrea la noticia que un Senador de los Estados unidos propone Agregados en propiedad Intelectual para sus Embajadas. Esta noticia no pasó desapercibida al menos para mí, y de su lectura y análisis considero que cualquier ciudadano defensor de las causas populares que perciba en las políticas de los Estados Unidos niveles importantes de peligrosidad política, económica y militar, debería alarmarse pues el gobierno USA considera plantar agentes de inteligencia dedicados a la propiedad intelectual bajo la forma de diplomáticos en vísperas del ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR que sucederá en Río de Janeiro el próximo 31 de julio y que está siendo amenazada desde los sectores más recalcitrantes del poder norteamericano.
De los reportes y cables filtrados y publicados (http://wikileaks.org/cable/
Si bien el monitoreo y control de los organismos encargados de administrar los temas de propiedad intelectual se venían realizando desde el interior de las embajadas (de acuerdo a lo publicado en Wikileaks y otros medios) es realmente sorprendente y preocupante que esta práctica imperial quiera imponerse como una nueva medida de diplomacia invasiva a nuestros países en nuestro propio territorio y que la medida se anuncie en sincronicidad con el ingreso de Venezuela al Mercado del Sur.
La utilización de la propiedad intelectual como instrumento desestabilizador en el caso de la destitución de un Ministro de Gobierno de Venezuela, el farmacéutico Eduardo Samán, quien fue expulsado desde la embajada en Caracas en una operación realizada por empresarios de industrias medicinales de EE UU, agentes de la CIA de la embajada y funcionarios del propio gobierno que querían la salida del ministro de las cercanías del presidente Chávez, según lo publicado en los cables del medio Wikileaks. Venezuela es el tercer consumidor pero caíta de medicamentos de Latinoamérica con un mercado aproximado a los 7.000 millones de dólares.
Desde las embajadas de EE UU en Brasilia, Buenos Aires y Caracas también se desplegaron maniobras de presión sobre la justicia, las aduanas, las agencias de sanidad, como sobre las oficinas de propiedad intelectual (SAPI-VE, INPI-AR e INPI-BR), que de acuerdo a información publicada son los principales blancos de los pedidos realizados desde las Embajadas. Solamente el mercado de medicamentos de Argentina, Brasil y Venezuela juntos supera los 50.000 millones de dólares anuales y son una prioridad para las agencias de información tercerizadas instaladas en estos países como Kroll o Smith-Brandon.
Estas informaciones sobre hechos reales se vienen a confirmar con el proyecto presentado por el Senador estadounidense, Lamar Smith, para la creación de Agregados en Propiedad Intelectual o diplomáticos de propiedad intelectual que representan un giro en la política de seguridad de los Estados Unidos en el Nuevo Mercosur.
(*) Internacionalista