Comienzo por aquí, con estas generalidades. En las últimas décadas, las circunstancias socio-políticas se han transformado de forma evidente en América Latina, con Venezuela como indiscutible co-protagonista. Se han hilvanado consistentemente procesos que comienzan a evidenciarse y situarse en una problematización telúrica que le pelea la legitimidad pretendidamente unívoca a las concepciones y modelos hegemónicos y monoculturales, asociados estos a la modernidad occidental y capitalista, otrora indiscutible en cualquier espacio tomado y vehiculizado por el proyecto homogeneizante de la globalización.

Estas resistencias cada vez más articuladas, que se inscriben en ese complejo proceso enmarcado en lo que Boaventura de Sousa Santos denomina “el Estado como novísimo movimiento social” (1), se han permeado en la praxis política, que transita de lo grannacional a lo comunal, sus modelos económicos y también en la visibilización de las diversas manifestaciones y transformaciones en lo cultural. Los espacios académicos (de investigación y formación) no han escapado a estas grandes discusiones, donde se debaten la noción-fuerza del progreso y sus vehículos tradicionales, como pueden ser el gran relato del Desarrollo (2), como lo afirma Arturo Escobar, y sus tradicionales modelos científico-técnicos.

Retomando de nuevo a Boaventura, este comenta que esas formas tradicionales se han compuesto y re-compuesto en eso que él llama el conocimiento-regulación. Sin embargo, las transformaciones referidas anteriormente, están exponiendo cada vez más la necesidad de un tránsito paulatino de ese complejo y potente sistema asociado al conocimiento-regulación a un abierto y sinérgico conocimiento-emancipación, que transcurra de la acción conformista a la acción rebelde, y además que re-inventa los espacios-tiempo para promover la deliberación democrática hacia expresiones concretas de justicia social que se comuniquen transversal y de forma interdependiente con la justicia cognitiva global. Esta premisa deberá revelar, exponer, resistir y dar lucha a las divisiones creadas, de eso que él denomina como el fascismo societal, entre las zonas de inclusión (privilegiadas) y exclusión (salvajes y de naturaleza). También deberá hacer lo mismo con las contradicciones existentes entre los tiempos instantáneos, que reducen el pasado, expanden el futuro y contraen el presente; asociado esto como una de las particularidades de la modernidad occidental como un pensamiento único y abismal, la cual ha impedido la traducción intercultural (3).

La necesidad de construir en nuestro país un nuevo esquema de construcción y acceso a conocimientos legitimados integralmente más que válidos, complejos más que mecanicistas, dinámicos más que rígidos y nuestros más que ajenos; supone así la decolonización de unos cánones establecidos como forma hegemónica de dominación, que insisto, comienzan a problematizarse orgánicamente a partir de tiempos recientes.

En este marco, la urgencia de persistir en la definición y redefinición de nuevos perfiles epistemológicos y prácticas científicas y así construir conocimientos más integrales, ha sido uno de los planteamientos de De Sousa Santos, donde los conocimientos situados e igualmente confiables, rigurosos y pertinentes se visibilicen en esta transición paradigmática, donde también el nuevo modelo múltiple discuta y deconstruya la distinción entre lo social, lo natural y sus disciplinas erigidas; superando la visión mecanicista y positivista propia del conocimiento-regulación, que privilegia valoraciones relacionadas exclusivamente a la previsión y el control, generando así las ignorancias especializadas, divorciadas estas de los contextos donde se inscriben y desarrollan. Como relata De Sousa Santos: “la explicación científica de los fenómenos es la autojustificación de la ciencia en cuanto fenómeno central de nuestra contemporaneidad. La ciencia es, así, autobiográfica” (2009, p.52) (4).

Siendo así, continúo por acá, con estas particularidades, que comienzan con un madrugonazo, celebrado por unos y rechazado por otros. La Asamblea Nacional, en legítimas atribuciones que le confiere el artículo n° 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, anunció el pasado 18 de noviembre la aprobación en primera discusión del proyecto de reforma de la Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Este hecho encendió las alarmas automáticas dentro de la institución por parte de individualidades y sectores que adversan dicha ley, así como el beneplácito de quienes han considerado necesaria la reforma de una ley que data de 1959 y que apenas tuvo una tímida y puntual reforma en el año 2000.

Y escribo alarmas automáticas porque los iniciales y principales argumentos desde las voces que se oponen a la ley se han situado fundamentalmente en que dicha propuesta de ley no salió del claustro de la institución. No tengo un dilatado tránsito laboral en el IVIC, sin embargo no hay que tenerlo para enterarse de los resultados estériles sobre puntuales, aislados y muy eventuales esfuerzos que se han hecho dentro del IVIC para asomar la posibilidad de presentar un proyecto de ley que sea recibido por la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.

Pareciera redundante, pero el IVIC es una institución, como cientos que existen, que está adscrita al Estado venezolano, administrado por el Ejecutivo Nacional, en este caso en la figura del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Entonces, ha sido sorprendente el ahínco de las voces que han querido esclarecer quiénes han redactado dicha ley, como si ello fuera objeto de crítica, cuando la realidad es que la Asamblea Nacional tiene la potestad de redactarla, o también de recibirla, revisarla y aprobarla cuando ha provenido del Ejecutivo Nacional, del Poder Popular o de otra instancia, tal como lo señala el artículo constitucional anteriormente referido.

Ello ha generado una andanada de acusaciones, persecuciones y acosos hacia grupos de trabajadoras y trabajadores que han tomado la iniciativa de manifestar su apoyo a la aprobación y consecuente discusión de la ley, así como de dirigirse a la Asamblea Nacional, para solicitar información y compartir pareceres con los diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y así socializar dichas informaciones con los demás trabajadores y trabajadoras de la institución; l@s cuales incluso han sido vari@s de ell@s señalad@s, sin ninguna prueba ni argumento ético, de ser responsables de haber redactado el actual proyecto de ley.

Para l@s que celebran la aprobación en primera discusión de esta ley (entre l@s cuales me incluyo) nos ha importado poco desde dónde se redactó, porque su importancia radica en el contenido que ella refleja. Previo a 1999, inicio del proceso de transformaciones impulsado por las mayorías de esta nación, las leyes se redactaban en espacios privados, funcionales a la lógica del capital, donde se llevaban a la cámara de senadores y diputados, se aprobaba y punto.

Recuerdo los últimos años de la década de los noventa y mis primeros como estudiante universitario en la UCV, donde si te organizabas para participar y oponerte a una ley o medida antipopular (como ejemplo, las luchas contra las avanzadas privatizadoras de las universidades públicas como fue el Proyecto de Ley de Educación Superior), no te recibía la Comisión de Educación de la A.N; el diálogo era entre l@s que nos pronunciábamos y la peinilla de la Guardia Nacional, los perdigones o el humo de las lacrimógenas. El espacio de diálogo no era la sede legislativa, sino la jaula de la P.M.

Ahora se aprueba una ley en primera discusión y por mandato constitucional (Constitución atacada en sus años nacientes por minorías y que ahora sí defienden), la comisión encargada tiene la obligación de someterla a discusión para nutrirla en base al debate, a fin de que se ajuste lo más posible a los desafíos y realidades actuales de Venezuela. Eso es lo que está planteado también con la ley del IVIC.

En este sentido, esta ley puede convertirse en un nuevo ropaje para el IVIC, un lavado de sus viejos atavíos o el remiendo de ellos. Lo cierto para mí es que sea cual sea el resultado, ello sólo permitirá una verdadera transformación en sus estructuras, organización y objetivos si la voluntad política de sus sujetos a lo interno, sumado articuladamente con otras instituciones del Estado, instancias y espacios sociales, generan la inserción de estos en procesos que ya están andando desde hace años y que pudieran ser muy útiles desde aquellos avances y aportes que a lo interno de la institución y fuera de este no han sido lo suficientemente valorados y aprovechados dentro de la propia estructura (gracias a la segmentación individualizada a la que me refería) pero también fuera de sus fronteras físicas e intangibles.

Lo anterior es y seguirá siendo también una responsabilidad fundamental del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, como actor para el despliegue de líneas, articulación a escala nacional y rector en materia de seguimiento de resultados, utilidad y pertinencia en lo concerniente a la ciencia, la tecnología y la innovación; ello en el marco de lo establecido en la Constitución Nacional (1999), el Plan de la Patria (2013) (que sí expresa el socialismo como horizonte), el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030 y la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2010), la cual establece esta última en sus Disposiciones Transitorias lo siguiente: “El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología (ONCTI) así como todos y cada uno de los órganos y entes adscritos a la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación deberán reestructurar su organización, a los fines de adecuarse a los principios señalados en esta Ley, con miras a su refundación y cumplir con el objeto y las atribuciones establecidas en esta Ley. A tal efecto, se fija un lapso no mayor de un año, contado a partir de la publicación de esta Ley”. Por lo tanto, el IVIC está en mora 3 años con esta Ley Orgánica que rige las competencias de esta institución.

Considero que este ropaje, cambiado, lavado o remendado, permitiría desplegar nuevas modalidades de organización e integración con las necesidades del pueblo venezolano. Apenas como ejemplos se exponen asuntos que posibilitarían (desde esta ley y consecuentemente en el reglamento interno) la amplitud democrática de espacios e inclusión de voces para impulsar el quehacer diario de la institución, su necesaria y exigente articulación con los desafíos históricos que se plantean en la Venezuela actual, la posibilidad de vincular las diferentes esferas de la ciencia, los conocimientos y saberes, la concreción de formas organizativas relacionadas a enfoques inter y transdisciplinario, la diversificación de insumos asociados a la investigación que no se cierren exclusivamente a productos de evaluación y clasificación provenientes de esquemas colonizados como los “papers” priorizados según el Science Citation Index, la posibilidad de que personal asociado a la práctica científica e investigativa pueda asumir responsable y de forma comprometida proyectos de investigación y no sólo un muy reducido grupo de Investigadores, la apertura a que otros idiomas (no sólo el inglés, como sucede actualmente) sean reconocidos como válidos en el proceso de formación para estudiantes de posgrado de la institución, entre otras necesarias posibilidades.

¿Quién se adscribe a que existan mayores espacios democráticos en una estructura jerárquica? ¿Quién asume como necesario que una institución compartimentalizada y segmentada en centros de investigación se disponga a trascender la atomización aislante de especialidades por integrarse en otras formas organizativas que coadyuven a un enfoque de ecología de saberes? ¿Quién está de acuerdo en colocar en primer orden el emprendimiento de investigaciones que contribuyan concretamente en el abordaje exitoso para solucionar carencias y problemas que poseen las comunidades venezolanas y los desafíos nacionales? No tengo la menor duda que para respondernos sería necesario pensar y debatir para qué se debe el IVIC y el actual proyecto de ley lo posibilita y deberá consagrar en su contenido.

En declaraciones del Vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, así como en oportunas reuniones con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, encargada de adelantar esta ley, una vez recorra el país para someterla al pueblo a su discusión, y también en visita y reunión de diputados con trabajador@s del IVIC, se afirmó, reafirmó y se volvió a reiterar que el IVIC no será eliminado; ni tampoco que los derechos y beneficios laborales de nosotr@s como asalariados activos, así como l@s jubilad@s tampoco serán vulnerados, ni violentados, ni negados, una vez se apruebe la ley. Escribo esto porque ha sido desde el comienzo otros de los argumentos que adversan el proyecto aprobado en primera discusión.

Así, ante algunas frases emitidas en debate entre trabajador@s, que opinan que esta es una oportunidad de oro para la institución, me permito opinar que no tod@s presumen lo mismo, tal afirmación no es una verdad asumida por toda la comunidad IVIC; sencillamente porque los argumentos que esgrimen la crítica en reversa hacia el proyecto de ley y las opiniones que han manifestado la necesidad de retirarla son las que a su vez explican por qué desde el IVIC nunca se logró construir y ofrecer al país una propuesta de ley que se plantee de manera convencida y orgánica su propia transformación. Las condiciones simbólicas y políticas no han permitido que ello ocurra. Y ello se evidencia claramente en su estructura organizativa, que responde a una visión, modelo y práctica científica tradicional y por ende verticalista, así como a que no es casualidad que la mayoría de l@s investigadores con derecho a voto en la asamblea decisora (apenas el 7% de los asalariados del IVIC) son de tendencia opositora al Gobierno Bolivariano y Chavista.

Existen espacios y sujet@s privilegiad@s que se resisten (y lo seguirán haciendo) a que las discusiones y decisiones se abran, a que el diálogo vinculante se democratice. Eso forma parte de la normalidad; por ello que no hayan lavado no quiere decir que estén dispuestos a prestar la batea. Todo lo contrario, algunas de las posturas que son contrarias a la ley se sitúan a mi modo de ver en esa aversión que narra Cortazar en La Casa Tomada, por ello apelan al tradicionalismo, el institucionalismo y las opiniones y posibilidades no diversas sino forzadamente monolíticas. Lo anómico sería que esas resistencias no existieran, no se manifestaran ni actuaran para seguir manteniendo el control de los espacios decisores y los ámbitos de prestigio, posibilitado sólo por la idea cerrada, acotada y aspiracionista de la exclusividad. Esta realidad no es sólo particular al campo científico, sino que forma apenas una arista de la arquitectura del sistema dominante contemporáneo. Sin embargo, los tiempos transcurren y con ellos germinan multiplicidad de sujetos y los procesos seguirán presionando hacia una mayor creación de referentes nacionales e internacionales sobre modalidades de mayor participación protagónica a cargo de amplios sectores para abordar e incidir en las diferentes temáticas que inciden sobre la vida humana y sus entornos.

“Todas estas instituciones... tienen que orientarse, y el que no le guste, que se vaya para otro sitio compadre (...) Esto no es ciencia para complacer, la que nosotros impulsamos y financiamos con instituciones que son del pueblo, porque cuando decimos del Estado, estamos diciendo son del pueblo, no son de Chávez, ni del gobierno (...) Todas esas instituciones hay que seguirlas transformando (...) en función de las necesidades del país. Métanse el IVIC para estos barrios, salgan de su encapsulamiento, hagan ciencia útil, investigación, ciencia y tecnología para elevar el nivel de vida del pueblo (...) La ciencia y la tecnología al servicio del pueblo, no de las élites o de caprichos personales (...) de autocomplacencia”. Hugo Chávez. Aló Presidente N° 329.

Si en el IVIC se afirma que este sí hace presencia, investigación y acción orgánica, comprometida, consecuente e integral en las comunidades, es porque desde esas voces se está de acuerdo que así debería ser; siendo así ¿por qué entonces están en contra de que ello se consagre en la ley? Lo que abriría mayores espacios y diálogos para que se creen los mecanismos necesarios (más allá de las oficinas de atención al ciudadano, la cual la tienen la mayoría de las instituciones del Estado) que impulsen aún más esta sinergia entre pueblo, sus ciencias, conocimientos, saberes e innovaciones.

Si existen posturas que afirman que en la institución se realiza ciencia que beneficia al país, asumo entonces que es porque se está de acuerdo en que así debería ser; siendo así y recordando lo que no se debería recordar, que el IVIC no es una institución privada u ONG que recibe fondos de particulares y corporaciones, sino que es una institución del Estado y de este es donde recibe sus fondos ¿por qué estar en contra de que la ley que la rige estipule que lo que se investigue deberá contribuir a mejorar las condiciones de vida integral de los seres humanos que residimos en estas tierras así como del re-equilibrio socioambiental? Creo que se confunde el arroz con el mango cuando se intentan defender argumentos que pretenden rechazar una ley basándose en opiniones de numerosos individuos y no en el contenido de la misma.

El debate está planteado y abierto, para que se expresen y participen l@s que así deseen, l@s que consideren que las ciencias, las tecnologías, los saberes y las innovaciones pertinentes a nuestras necesidades como pueblo son y seguirán siendo temas que nos atañen a tod@s. No permitamos que el relato de la ciencia es sólo para los científicos y los discursos tradicionalistas, institucionalistas y pretendidamente monolíticas minen las posibilidades muchas de intercambio de pareceres y construcciones colectivas sobre el funcionamiento de una institución que es de la nación venezolana, que recibe sus recursos del Estado y que se debe a su pueblo y a sus necesidades.


1. De Sousa Santos, Boaventura. Refundación del Estado en América Latina. 2010.

2. Escobar, Arturo. La invención del Tercer Mundo, Construcción y deconstrucción del desarrollo. 1996.

3. De Sousa Santos, Boaventura. Descolonizar a Occidente. Más allá del pensamiento abismal. 2010.


4. De Sousa Santos, Boaventura. Una Epistemología del Sur. 2009.


Francisco Javier Ruiz Marfil

Personal Asociado a la Investigación

IVIC


(1) De Sousa Santos, Boaventura. Refundación del estado en América Latina. 2010.

(2) Escobar, Arturo. La invención del Tercer Mundo, Construcción y deconstrucción del desarrollo. 1996.

(3) De Sousa Santos, Boaventura. Descolonizar a Occidente. Más allá del pensamiento abismal. 2010.

(4) De Sousa Santos, Boaventura. Una Epistemología del Sur. 2009.


javiermarfil@gmail.com