“La ciencia huele a poder, y es evidente que sin ella no se logrará una medida decente de independencia socioeconómica” Marcel Roche (1973).

Con estas palabras uno de los principales fundadores del Instituto Venezolano de Investigaciones científicas (IVIC) caracterizaba la ciencia por allá en 1973, y hacía énfasis sobre la relevancia que ésta tenía para independencia de un país. Para quienes no conocen, el IVIC es uno de los principales centros de investigación en el país y goza de importante reconocimiento a nivel internacional, formado hace más de 55 años, tuvo su última reforma de ley en el año 2000. Hace unas semanas la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (artículos 202 y 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), aprobó la discusión de un nuevo proyecto de ley para esta institución adscrita al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Tal situación desató la polémica dentro y fuera del IVIC a favor o en contra de la nueva ley, siendo común denominador la campaña de desinformación con el objeto de frenar su discusión y aprobación. En este sentido, nos proponemos analizar aquí la situación con la finalidad de llamar a debate público y abierto en igualdad de condiciones sobre la necesidad de una nueva ley.

Las políticas científicas de la Revolución y el desajuste presentado en el IVIC.

Una de las banderas de la política revolucionaria en materia de educación, ciencia y tecnología ha sido la socialización y democratización del conocimiento. Gracias a la recuperación de los ingresos provenientes de la renta petrolera esta política se ha materializado exitosamente, lo que le ha permitido a la revolución no solo ampliar la matrícula universitaria, sino pasar de invertir en ciencia y tecnología del 0,36% del PIB nacional en el año 1990 al 2,36% para el año 2009, colocando al país por encima del promedio latinoamericano e iberoamericano, incluso sobre países como España. Asimismo, el total de investigadores e innovadores pasó de 1.218 en 1990 a 23.465 en 2013 [1]. Lo que refleja parte del logro de las políticas revolucionarias en cuanto a inclusión del pueblo en materia de ciencia, tecnología e innovación. Justamente en el marco de las transformaciones en esta materia, el Gobierno Bolivariano creó en el año 1999 el Ministerio de Ciencia y Tecnología, seguidamente, en el año 2000, se presenta una reforma parcial de la ley del IVIC para adecuarla a los nuevos tiempos, teniendo como objeto “la investigación fundamental y aplicada en las diversas ramas de las ciencias biológicas, médicas, físicas, matemáticas, y químicas y servirá de centro de capacitación avanzada y de consulta en esas ramas, en particular del Ejecutivo Nacional” [2]. Según esta perspectiva, el IVIC es entonces un centro de formación de talento humano e investigación que sirve además como organismo de consulta del ejecutivo nacional en diversas ramas. Posteriormente, en el año 2010 se aprueba la ley orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación [3], que tiene importantes aportes que no discutiremos a profundidad aquí, tan solo tres de ellos queremos destacar, el primero es que establece que “...El Estado Venezolano formulará, a través de la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, las políticas públicas dirigidas a la solución de problemas concretos de la sociedad, por medio de la articulación e integración de los sujetos que realizan actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones como condición necesaria para el fortalecimiento del Poder Popular” (Artículo 1). En segunda instancia “Las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones son de interés público para el ejercicio de la soberanía nacional en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura" (Artículo 2), y tercero, “son sujetos de esta ley... Las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones” (Artículo 3). Según estas orientaciones la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) están orientadas a impulsar el desarrollo económico y la independencia del país, de cara al fortalecimiento del poder popular, para lo cual se incluye, además, como sujeto de ley a las comunas. Resulta evidente entonces el desajuste, no solamente jurídico, sino de visión y orientación entre la “nueva” política del ejecutivo en materia de CTI y el IVIC, lo que sugiere una transformación de este instituto. Por ello, ahora se propone que éste pase de ser un ente de investigación científica y de consulta del ejecutivo Nacional, a ser un ente activo el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y de innovación vinculado a las necesidades concretas de la sociedad, en busca de la independencia socioeconómica del país como condición necesaria e inaplazable para alcanzar la democracia participativa y protagónica de cara al fortalecimiento del Poder Popular.

Estos cambios de orientación son por demás significativos y las implicaciones que acarrean han sido objeto de polémica, debate y lamentablemente tergiversación, como diría el propio Marcel Roche (palabras aún vigentes): no solamente es necesario reorientar la actividad científica para preparar los recursos humanos necesarios y responder a las necesidades socioeconómicas del país, sino que “es todo el sistema educativo el que hay que reformar cualitativamente. Eso naturalmente, todo el mundo lo dice, pero no es fácil hacerlo, pues no hay nada más conservador que un sistema educativo, más resistente al cambio profundo. Es a través de tal sistema que se transmite soterradamente nuestra herencia cultural memorística, repetitiva, autoritaria... Pero, Difícil o no, hay que cambiarlo y se debe repetir esto de todas las maneras posibles”

Una Mirada dentro del IVIC

Quienes en nuestro momento hicimos vida en esta importante institución, conocemos de sobra su funcionamiento y las relaciones de poder que en ella se manifiestan. No realizaremos aquí una análisis exhaustivo entre la ley actual ni la propuesta de la Asamblea Nacional, mucho menos una comparación artículo contra artículo, simplemente mencionaremos algunas realidades y contradicciones que se presentan en el seno de esta institución y consideramos prudente sean de dominio público de cara a un debate nacional abierto, democrático, plural y en igualdad de condiciones.

1. Primera contradicción: Los métodos de evaluación en el IVIC, propósito de la investigación, inversión del ejecutivo, productos y acceso (socialización).

Como hemos dicho, la principal bandera de la revolución ha sido la democratización y socialización del conocimiento. Para ello, a pesar de las críticas, problemas burocráticos, y procedimientos que pueden ser mejorados, importantes sumas de dinero se han invertido en el desarrollo científico y tecnológico, por ejemplo, para el año 2014 el presupuesto de gastos del IVIC fue al tercer semestre de Bsf 1.522.436.588,00 sin incluir ingresos adicionales (LOCTI). Alrededor del 45% de este monto se utiliza para gastos de personal [4], contando con un padrón de 104 investigadores [5], alrededor de 450 obreros, 520 empleados administrativos, y unos 650 estudiantes de distintos niveles (maestría, doctorado, pasantías, otros). Es importante destacar que este presupuesto de gastos es superior al de alcaldías como la de Baruta, que con una población de 349.474 habitantes y una superficie aproximada de 86 km²[6], contó para el año 2013 con un presupuesto de gastos no mayor a de Bsf 1.000.000.000,00 [7].

Queda en evidencia la importante inversión del ejecutivo en esta institución, lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿Cuáles son los productos del IVIC? ¿Qué justifica el reconocimiento nacional e internacional de esta institución? Recordemos que la manera tradicional de medir la producción científica es a través de la publicación de documentos científicos, es decir, el paper. El éxito de un investigador se mide por el número de citaciones que tienen sus publicaciones, o por el número de publicaciones en revistas de alto impacto internacional, que gozan del reconocimiento y prestigio de la comunidad científica.

Así, en el IVIC uno de los principales métodos de evaluación a los investigadores es la publicación de papers en revistas de reconocido prestigio internacional, las horas de clase, la socialización del conocimiento en universidades y liceos, incluso la publicación de libros (que tienen una mayor demanda de tiempo para su producción), poco peso o relevancia tienen al momento de evaluar al personal científico. A esto debemos añadir que tal método de evaluación no está reflejado ni en la actual Ley del IVIC, ni en su reglamento, ni en ningún documento público.

Sepa usted estimado lector, que una vez el documento científico se publica en una revista científica “de alto impacto y prestigio internacional”, pasa a ser propiedad de la revista, casi siempre es así. Entonces, si un estudiante universitario, cualquier persona de a pié, o incluso el Presidente de la República desea acceder a algún producto científico del IVIC, tiene tres vías posibles de hacerlo, 1) pagar la subscripción a la revista internacional, 2) pagar el artículo directamente (todo en dólares y los montos varían dependiendo de la revista), y 3) escribir directamente al autor de la publicación vía internet, y pedir el favor de que le envíe el documento -previa justificación por supuesto-.

Entonces la contradicción surge porque el ejecutivo nacional está invirtiendo cuantiosas sumas de dinero para impulsar la investigación en el IVIC, pero la forma como esta se mide es a través de las publicaciones científicas “en revistas de alto impacto y prestigio internacional” -que además están en inglés-. Publicar en revistas nacionales o de América Latina es un acto menor, que no goza de prestigio ni de reconocimiento. Ahora bien, la contradicción surge porque esta considerable inversión del ejecutivo es para desarrollar la investigación, teniendo como eje fundamental la resolución de problemas concretos y la socialización y democratización del conocimiento, mientras que los investigadores del IVIC utilizan el recurso público para producir conocimiento que termina, en buena medida, privatizado en manos de revistas internacionales, y a cambio, el investigador que publica en este tipo de revistas goza del reconocimiento de sus pares, y a mayor número de citaciones mayor capital científico y prestigio, aunque los estudiantes del país o la gente común interesada en una determinada materia ni se entere de que tal publicación existió, ¿No le parece a Usted, contradictoria esta situación?

Esta es una contradictoria realidad que sigue los esquemas tradicionales de la investigación. Según esta lógica la publicación científica contribuye al avance del conocimiento científico y esto, hasta cierto punto es una realidad, el asunto es ¿Para quién y para qué?

Adicionalmente, el problema radica en que tal publicación se hace con dinero de los venezolanos y la gente de a pié, los estudiantes venezolanos que son la juventud llamada a asumir las futuras riendas del país, ni siquiera las universidades (a menos que tengan subscripción a las revistas,) tienen acceso libre y directo a ese conocimiento, en pleno siglo XXI, esto es inadmisible en el contexto venezolano, mas aún en el de América Latina.

Frente a esta situación, se impulsan revistas nacionales de divulgación, que utilizan un lenguaje moderado para hacer llegar al público el conocimiento, pero poco profundizan y bastante limitado es su alcance, por lo que no representan una solución a la problemática planteada.

1. 2. Segunda contradicción: Las relaciones de poder y democracia participativa

En la actual ley del IVIC solo se reconoce la participación asamblearia de los investigadores titulares, y aunque los investigadores asociados y los estudiantes de postgrado son reconocidos como personal científico [8], no tienen ni voz ni voto. Más aún, se creó hace años la figura del Profesional Asociado a la Investigación (PAI) y Técnico Asociado a la Investigación (TAI), que hacen en buena medida la mayor parte del trabajo de laboratorio, y en muchos casos, luego de sistematizar los datos, se le entrega al investigador para analizarlos y publicarlos. El autor de la publicación es el investigador, aunque en muchos casos a manera de dádiva, o en el mejor de los casos por reconocimiento, incluyen a PAI y TAI en la publicación, pero esto depende de la voluntad del investigador. Lo curioso es que ni en el reglamento ni en la moribunda ley del IVIC, aparece la figura del PAI o TAI por ningún lado: ¡de facto son investigadores pero no existen legalmente!

Como es de esperar los PAIs y TAIs, no tienen derecho a participar en la asamblea de investigadores, que además tiene el poder de tomar decisiones que afectan a toda la comunidad del IVIC. Un hecho que ha generado profunda polémica, y que poco se discute, es que en la nueva propuesta de ley se habla de establecer una Asamblea General, donde participen investigadores, estudiantes, obreros y empleados administrativos, para discutir asuntos que afectan a toda la comunidad. Como es de esperar, la reacción de muchos investigadores ante esta propuesta es negativa -lógico- se le está quitando a unos pocos el privilegio de tomar decisiones que afectan a muchos, y esto no es un problema ni jurídico ni científico, es un problema político y democrático, que los reaccionarios a lo interno de esa institución ocultan porque los afecta directamente, y pretenden simplemente “desconocer” cualquier propuesta de cambio desvirtuando el debate con consignas como: “Están destruyendo el IVIC”, “Van a botar a todo el mundo, a los estudiantes, a los obreros, a los empleados”, “les van a quitar el contrato colectivo”, “van a quitar la beca a los estudiantes”, “lo que quieren es llenar de chavistas feos esta institución”, y cualquier otra clase de comentarios infundados y hasta racistas, que se reproducen sigilosamente desde la dirección de esta institución hasta las vocerías públicas más reaccionarias, algunas incluso auto-denominándose socialistas o de izquierda. Y si en realidad lo son, ¿Por qué no abordan estos temas públicamente? En lugar de jugar a la desinformación, la persecución, el oscurantismo y la intriga. ¿Por qué evadir el debate público?

Siguiendo con las relaciones de poder, no escapa lo administrativo, recordemos que la actual ley del IVIC se formuló hace más de medio siglo en un contexto distinto al presente, en el año 2000 sólo se estableció una reforma parcial donde lo primordial permaneció sin enmiendas. Fíjense, otra cosa que poco se discute públicamente, es que la nueva propuesta de ley sincera una relación administrativa pendiente, por ejemplo, hoy en día contamos con una nueva Ley Orgánica del Trabajo, y si los estudiantes son personal científico ¿Por qué no gozan de los sueldos y beneficios laborales propios del personal institucional? ¿Por qué no se les ofrece cesta tickets y vacaciones? Lógicamente, es absurdo que un estudiante de posgrado, que cuenta con la mejor beca del país, le asignan residencia (matrimonial si está con su pareja), seguro médico, servicio de transporte, servicio de lavandería, servicio de limpieza en las residencias, comedor, y exoneración de la matrícula académica, pretenda cobrar y tener los beneficios del personal científico, y esto es evidente, porque en el hecho los estudiantes son eso, estudiantes de postgrado a dedicación exclusiva y sus deberes, normas, y métodos de evaluación son claramente distinguibles. La nueva propuesta de ley distingue entre el personal científico y los estudiantes, y a nuestro juicio se trata de sincerar las cosas, esta vez desde un punto de vista administrativo. Frente a esto, una vez más, la desinformación se viste de gala y eleva sus consignas: “Están perjudicando a los estudiantes”, “Les van a quitar la beca”, “si no son personal científico los van a botar del posgrado”, y cualquier cantidad de comentarios fundados más por el temor que genera el desconocimiento, que por una justificación coherente de carácter administrativo, jurídico o político. En primer lugar en ninguna parte, en ninguna ley del país, se habla de que para recibir beca de postgrado, hay que ser personal científico de la institución que otorga el beneficio. En segundo lugar, es una política de Estado financiar a través de becas a los estudiantes de posgrado en el IVIC, los hechos así lo demuestran, y esto querido lector no depende de que se considere a los estudiantes personal científico o no, depende de la voluntad política del Ejecutivo.

Más allá de centrar el debate sobre la inclusión o no de los estudiantes en una categoría (no queremos descalificar ni mucho menos), lo que buscamos, es dar elementos para un debate abierto, que no se rechace a priori una propuesta de cambio por temor o desconocimiento. Al contrario, invitamos al debate abierto de las ideas, que los estudiantes aprovechen la oportunidad para hacer frente a aquello que consideran injusto e impulsen el cambio, son ustedes el futuro de este país. Si uno de los problemas es la asignación de becas, debemos tener en cuenta que en la actual ley -y en la nueva propuesta- no aparece en ninguna parte que el IVIC debe becar a sus estudiantes, propongan entonces que esto quede explícito en la nueva ley, y que no dependa de la voluntad política del gobierno de turno, por ejemplo, podrían proponer un articulado que establezca que el IVIC deberá procurar becar al 100% de sus estudiantes de postgrado en niveles de maestría y doctorado que le permitan satisfacer sus necesidades más elementales.

Lo cierto es que en algo estamos de acuerdo, los estudiantes dentro del IVIC son el sector más perjudicado en cuanto a relaciones de dominación y esto tiene su explicación lógica. La mayoría de los estudiantes aspiran ser investigadores algún día, según la ley actual para ser investigador del IVIC la persona debe estar en condiciones de dedicarse en forma exclusiva a su trabajo y debe tener [9]

1. Título Universitario

2. Especialización en el ramo científico al cual se dedica

3. Elevadas cualidades morales

4. Capacidad para realizar investigación científica independiente

5. Sentido de organización, colaboración e interés por la enseñanza

Hasta aquí todo parece estar bien. Sin embargo, en el reglamento del IVIC surge la figura de la comisión clasificadora que la preside el director de la institución y está conformada por investigadores, cuatro principales y cuatro suplentes, designados por el consejo directivo. La principal función de esta comisión es asesorar “a los órganos competentes y al Consejo Directivo en el nombramiento y ascenso de los investigadores y en la evaluación realizada por éstos” [10]. Con estas atribuciones, si un profesional aspira a ser nombrado investigador o ascender, la comisión clasificadora es quien evalúa si el interesado cumple con los requisitos necesarios para desempeñar el cargo, pero además, la comisión toma en cuenta “La opinión del superior inmediato...” que en todo caso “...deberá ser tramitada a través del jefe de centro o departamento respectivo, quien también emitirá su opinión sobre el nombramiento o ascenso” [11]. Si esto parece poco, la comisión “considerará las opiniones... y emitirá la suya en un informe” [12], pero para emitir su opinión sobre el nombramiento de investigadores, o ascensos, la comisión clasificadora “...deberá obtener la opinión confidencial escrita de diez (10) investigadores, por lo menos, que no sean miembros del personal del Instituto y que tengan reconocida trayectoria científica y elevadas cualidades morales”[13]. Como vemos, no basta con ser técnicamente un buen profesional y cumplir con los requisitos establecidos en la ley y el tiempo de permanencia en la institución, sino que el aspirante, debe contar con la opinión favorable del supervisor, el jefe de centro, y 10 investigadores externos a la institución. Así, el ingreso y ascenso de investigadores está más condicionado por condiciones subjetivas que por condiciones objetivas, se trata entonces de tener la anuencia de los que ya entraron al círculo de los investigadores, y este es un punto clave y medular, porque entonces no es científico el que quiere sino el que puede, el que no solamente es bueno técnicamente sino que además debe contar con el respaldo “de sus pares” y si usted estimado estudiante del IVIC, estimado lector, es bueno en su trabajo pero no tiene “la opinión favorable” de otros investigadores, usted NO ENTRARÁ AL CÍRCULO DE LOS ELEGIDOS, por esta razón es que hablamos de una ciencia de élites. La comisión clasificadora pasó de ser un órgano “asesor” a un órgano inquisidor, y decimos esto con toda responsabilidad ¿Quién define lo que es una “reconocida trayectoria científica”? ¿Es un excelente investigador aquel que tiene 10 publicaciones en revistas internacionales, o 20, 30, 40 o 50? ¿O aquél que tiene una publicación pero ofreció un enorme aporte a la solución de un problema concreto? ¿Dónde están definidos los criterios de evaluación del personal científico? La realidad es que tales criterios son subjetivos, tan subjetivos como los juicios que emite la comisión clasificadora porque ella es quién los define. Lo indignante es que los juicios varían según la persona a la que se evalúa, entonces para decirlo coloquial y sarcásticamente, si el investigador al que se evalúa es chévere y le cae bien a la comisión, seguramente contará con un juicio favorable, incluso si ya es investigador pero no cumple con los requisitos de evaluación anual o las publicaciones científicas en revistas de alto impacto no hay mayor problema, con alguna simple justificación puede bastar. Caso contrario ocurre si la persona es crítica o irreverente, o simplemente no es del agrado de la comisión clasificadora por diferencias personales, políticas o ideológicas, en ese caso pueden estar seguros que la mayor rigurosidad caerá sobre él o ella.

Esta es la dura y desagradable realidad que no se dice, y muy probablemente sea esta la justificación al trato que reciben los estudiantes, que en muchos casos deben hacer el trabajo de los PAIs en los laboratorios para conseguir la firma y apoyo del tutor, teniendo que responder además a sus obligaciones académicas, siendo sometidos -en no pocos casos- a una relación de inferioridad. Incluso, si un estudiante de maestría desea pasar a doctorado requiere la aprobación de su tutor, y si este se opone porque simplemente considera al estudiante una competencia en su línea de investigación, o no es de su interés, no aprueba el paso a doctorado del estudiante y este solo tiene la opción de cambiar de línea de investigación y tutor, o conformarse en nivel de maestría, todo porque el investigador opina que no. Ni hablar de los casos en los que un estudiante no puede hablar o relacionarse con algún colega porque es contrario a las opiniones de su tutor, y eso puede afectar su desempeño, o que el estudiante no puede acercarse a tal PAI o laboratorio porque allí tienen problemas con su tutor y automáticamente esos problemas son heredados.

La pregunta es entonces ¿Cómo puede un estudiante ganarse la aprobación de los investigadores? Esto solo se logra a través de la sumisión, la reserva de opiniones, siendo acríticos y dóciles. Por supuesto, muy buenos profesionales pero a fin de cuenta lo que termina privando es la opinión de los superiores. Por eso consideramos que una institución de tanta importancia para la vida del país, no puede quedarse en formar buenos especialistas y profesionales que resultan ciudadanos altamente domesticados para engranar el sistema hegemónico. En suma, esa institución debe formar mucho más que cientificistas. Insistimos en esto y lo hacemos desde el respeto sin ánimos de ofender, pero cuando se condiciona la conducta del individuo a través de relaciones de superioridad, se le reprime, y esto se afianza más si el individuo no se da cuenta de tal represión, ya Freire lo planteó en la pedagogía del oprimido, Althusser en la educación como arma de dominación ideológica, Ferrer y Guardia, en los “artificios para domar”, entre otros. Creemos firmemente que no basta con formar profesionales especializados, se trata de formar ciudadanos que tengan la capacidad crítica para la toma de decisiones, que sean irreverentes frente a la injusticia venga de donde venga, con la mayor de las éticas de cara a resolver los enormes problemas que enfrenta la sociedad venezolana.

Para lograr esta empresa es necesario repensar los métodos de evaluación y nombramiento de los investigadores, a fin de obtener un sistema transparente no viciado que reproduzca los ideales de la participación protágonica y profesionalismo. El acceso a la categoría de investigador no puede ser cosa de un grupo privilegiado. Este es otro de los aspectos neurálgicos que poco se tocan, y es que la propuesta de ley, al hablar de personal de investigación, incluye a PAIs, TAIs e Investigadores en una misma categoría, asignando a cada uno, un proyecto. Por supuesto que esto genera prurito entre los investigadores principalmente, porque los están igualando con sus profesionales asociados a la investigación. Frente a esto se argumenta que se disminuirá la calidad de la investigación porque ahora cualquiera será investigador y es gente poco formada. Lo que resulta curioso es que muchos PAIs por ejemplo tienen su doctorado y maestría, algunos dan clases en universidades dentro del país, e incluso dan clases de postgrado dentro del IVIC, también resulta curioso que estos profesionales tengan los grados académicos y la capacidad para hacer trabajo de laboratorio, tomar muestras, procesar datos, entre otras cosas; y se argumente que no tienen la capacidad de hacer investigación. Creemos que lo que está en disputa es el status quo que brinda el ser investigador. Una cuestión de forma -pero no menos importante- que debe resolverse, es cómo operaría la institución teniendo cada quién un proyecto, ¿Quién va a campo? ¿Quién toma las muestras? ¿Quién las procesa? Pero insistimos, aunque este punto es importante sigue siendo operativo y la repuesta debe plantearse en el seno de un debate franco y abierto. Quizás en experiencias como el IDEA, FUNVISIS, ICCAE, podamos encontrar algunas respuestas.

3. Tercera contradicción: La falsa oposición entre calidad y pertinencia.

Otra de las estrategias utilizadas para rechazar a priori cualquier tipo de transformación institucional es la creación de una matriz de opinión que pretende contraponer la calidad y la pertinencia. Según esta perspectiva, trabajar en ciencia aplicada a las comunidades o resolver problemas concretos de la sociedad presupone una disminución de la calidad de investigación ya que los productos científicos generados son localizados y la producción de papers responde a construir conocimiento científico PARA investigaciones internacionales, entonces los documentos derivados no serían de suficiente “calidad” según el juicio de los árbitros de las revistas internacionales porque no responde a sus intereses o criterios. El tema de las revistas es un punto fundamental que no abordaremos por el momento, pero recomendamos las lecturas de Edgardo Lander sobre la ciencia neoliberal, y la teoría de industrialización de la ciencia de Boaventura para familiarizarse con el tema.

Debemos recordar que un mismo problema puede ser interpretado, enfocado y resuelto desde diferentes perspectivas y métodos incluso entre profesionales de una misma línea de investigación. Creemos firmemente que no se trata de una contradicción entre calidad y pertinencia, se trata de que el conocimiento producido en el IVIC (en su amplia mayoría) es de alta calidad y pertinencia DESDE el enfoque tradicional de la ciencia PARA ser publicado en revistas y REPONDER A la lógica internacional profundamente influenciada por el mercado, aún en las ciencias básicas. Lo que se está intentando es constituir un nuevo enfoque del quehacer científico, que aborde problemas de interés nacional DESDE la lógica latinoamericana y venezolana PARA RESPONDER A los intereses de Venezuela y los pueblos de América Latina, este enfoque de la ciencia debe ser de la más alta calidad y pertinencia. No se trata entonces contraponer calidad y pertinencia, lo que se contrapone es la orientación, enfoque, evaluación y PRINCIPIOS de un nuevo quehacer científico. Esto debería estar apoyado cada vez más en la Teoría General de Sistemas de Bertalanffi, las teorías de redes y auto-organización de Fritjof Capra, y la Teoría de Pensamiento Complejo de Morín. Reconociendo además las costumbres y formas de producción de conocimiento ancestral que muchísimo aporte han dado a la humanidad en pleno.

Frente a estos argumentos, los sectores más reaccionarios descalifican aseverando que se quiere imponer un enfoque “artesanal” de la ciencia, una suerte de “ciencia popular” que en realidad “carece de rigor científico” ¡Tamaña Mentira! Tales imprecisiones solo reflejan la indisposición de los sectores más conservadores para resolver problemas concretos de nuestras sociedades, tarea para la cual, el “enfoque, orientación y principios” del actual quehacer científico se ha demostrado insuficiente.

Surgen así dos posturas diametralmente opuestas que a nuestro juicio son nocivas y perjudican el debate. Por un lado los sectores más conservadores y reaccionarios magnifican y defienden sin mayor análisis reflexivo sus logros, mostrándolos como la salvación del país, haciendo eco del reconocimiento internacional y nacional ganado a fuerza de publicación y por supuesto aplicación de tecnologías concretas. Por otro lado, algunos de los que apuestan a un cambio intentan descalificar cualquier logro en el área científica, y esto es absurdo cuando el propio Ministerio entrega reconocimientos a algunos grupos de trabajo de investigación dentro del IVIC. Insistimos, ambas posturas perjudican el debate. Por supuesto que el IVIC tiene productos, por supuesto que dentro de los esquemas tradicionales y conservadores goza de reconocimiento nacional e internacional, por supuesto que en algo ha contribuido a la solución de algunos problemas concretos dentro de nuestra sociedad. Pero nuestra discusión no es esa, nuestro punto es que tales aportes y tal enfoque de hacer investigación es hoy en día insuficiente para responder a las necesidades de la Venezuela del siglo XXI y resulta marcadamente reduccionista pensar que solo con más recursos y más dinero, se ampliaría la capacidad de resolución de problemas. Tampoco puede fetichizarse la orientación de la institución y su vocación de apoyo a las comunidades asignándole a estás los recursos institucionales, no decimos que esto sea bueno o malo, pero este no es el objetivo de la institución y la contribución de ésta al país no debe venir por la cantidad de recurso que asigna a las comunidades, sino por el nivel de apoyo y evolución en materia científico tecnológica. Tal acción refleja una clara desesperación por intentar vender un IVIC social, una respuesta demagógica a un problema estructural [15].

Si bien es cierto que lo cuantitativo es importante, el verdadero problema es cualitativo, de allí nuevamente la vigencia de las palabras de Marcel Roche al afirmar que la transformación del sistema debe ser esencialmente cualitativa.

La nueva propuesta de ley contiene elementos que deben ser revisados cuidadosamente, como la eliminación del Centro de Estudios Avanzados, las contradicciones entre los métodos de ingreso al postgrado con respecto a las exigencias de la OPSU, la designación de autoridades sin consulta previa por parte de toda la comunidad. Pero vemos como buena iniciativa que se incluya la voz y el voto de los estudiantes en el consejo directivo, solo por citar algunos aspectos. Frecuentemente, la reacción ha logrado centrar el debate sobre estos puntos para no discutir lo medular que hemos señalado en este artículo. De manera que esperamos que la información suministrada sirva de base para el debate público y abierto en todos los sectores que hacen vida en el país.

Propuestas concretas para el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Principalmente el Poder Popular.

1. Hacemos un llamado al pueblo venezolano, a los jóvenes y estudiantes universitarios que tienen aspiraciones a realizar estudios de postgrado, a la gente de a pié que día a día contribuye con su esfuerzo a construir una nueva sociedad, a las organizaciones socioproductivas, a los consejos comunales (sujetos de la LOCTII) a participar abiertamente en la discusión de esta propuesta de ley.

2. Exhortamos a la Asamblea Nacional a publicar un cronograma de debate abierto y transparente para discutir la ley, que incluya a todos los sectores de la sociedad como lo establece el artículo 2 de la LOCTI, y garantice la participación del pueblo venezolano. Un ejercicio de democracia interesante fue desarrollado en el proceso de formulación del olvidado Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2005-2030 que contó con la participación de más de 2500 personas. Sin embargo, el 69% formaba parte del personal técnico institucional del Estado, solo el 22% representaban a comunidades y un 9% al sector productivo. Estas inconsistencias no podemos repetirlas, las discusión es con la gente!

3. Hacemos un llamado al Ministro Manuel Fernández a revisar sus equipos de trabajo. En numerosas alocuciones le hemos escuchado decir “yo soy un representante del Gobierno Bolivariano y Revolucionario”, “Algo que todos debemos hacer cada día al levantarnos, es mirarnos en el espejo y preguntarnos ¿Qué debo hacer para ser como el presidente Chávez?” Pues estimado ministro, una de las virtudes del presidente Chavéz era precisamente escuchar al pueblo, tenía la habilidad política de interpretar sus inquietudes, y con la severidad que el caso ameritara regañar y corregir a sus ministros, viceministros, etc. Usted bien debe saberlo, era fascinante pensar que teníamos a un subversivo y conspirador en Miraflores, capaz de defender los intereses de las mayorías. Con mucho respeto le exhortamos a replicar esta conducta. Existe una juventud, hay un pueblo que está dispuesto a dejar el pellejo en la calle si es necesario, como lo hizo Sabino, como los más de 300 comuneros asesinados a manos del sicariato, como Robert Serra, como Juancho, como Odreman, como las víctimas de las guarimbas, y hoy más que nunca clamamos por transformaciones profundas, pero Usted no podrá escuchar si pretende seguir dirigiendo las instituciones rodeado de la burocracia de sus directores. La misma burocracia de derecha que ha comprendido que la mejor manera de dañar este proceso es infiltrarlo con un lenguaje ambiguo, disfrazado frente a Usted de revolución y a sus espaldas pactando con la derecha, casi siguiendo la conducta descrita por Wilhelm Reich en su Psicología de Masas del Fascismo. Queremos creer que usted no piensa que esta suerte de conciliación es garantía de estabilidad, porque mientras escribimos estás líneas la derecha designada por Usted, persigue al pensamiento disidente, lo acorrala y gana terreno para socavar las bases de este proceso. Apostamos a su capacidad reflexiva, y esperamos más temprano que tarde poder afirmar que tenemos a un subversivo dirigiendo la Ciencia y la Tecnología en el país.

4. Hacemos un llamado a Diosdado Cabello y al diputado Guido Ochoa para impulsar y fortalecer la discusión y aprobación de la propuesta de Ley, considerando todos los aportes surgidos de los debates, no solo a lo interno del IVIC, sino también fuera de él.

5. Creemos pertinente que la ley debe establecer de manera explícita que las publicaciones científicas generadas en el IVIC deben estar libremente disponibles a todo el pueblo venezolano en su portal web en español. Instituciones como el ICCAE tienen este tipo de políticas.

6. Es necesaria la eliminación de la comisión clasificadora, e implementar un mecanismo transparente en manos de especialistas en recursos humanos que establezcan un criterio público y abierto sobre los mecanismos de evaluación del personal científico. Esta es una condición indispensable si en realidad se desea superar una ciencia de élites, de lo contrario, seguiríamos trabajando bajo las mismas lógicas que estamos combatiendo.

7. Para superar la contradicción entre la orientación de la investigación y su evaluación y publicación en revistas científicas internacionales, debe reactivarse el convenio Andrés Bello y promover la integración científico tecnológica en el marco del ALBA, UNASUR, MERCOSUR, CELAC constituyendo un cuerpo internacional, y revista científica (si bien esto no es una respuesta definitiva lo consideramos un avance), que permita la difusión y del conocimiento científico bajo la realidad de América Latina para resolver nuestros problemas. En otras palabras, fortalecer la unión latinoamericana en el área de producción científico-tecnológica bajo nuestro contexto de cara a constituir un bloque contra-hegemónico en esta materia.

8. El ejecutivo debe sincerar y definir más claramente, cuáles son las necesidades concretas de investigación e invención tecnológica, no es suficiente la definición de líneas estratégicas de investigación -siguen siendo generales-, es necesario sincerar la política científica nacional. De lo contrario, ¿Qué se le puede exigir entonces a los investigadores?

Equipo de trabajo para la transformación científica nacional.

ettcn@yahoo.com.ve

Marcel Roche (1973). Prefacio al libro de Luis Mata Mollejas. Política científica y pacto andino vs. Antidesarollo. Tomo I. Monte Avila Editores. 7-10 p.

[1] Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT, 2014). en línea: http://www.ricyt.org/

[2] Artículo 3. Ley del IVIC. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.022 de fecha 25 de agosto de 2000. En línea: http://www.ivic.gob.ve/organizacion/vigente_actual.pdf

[3] Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.575 del 16 de Diciembre de 2010. En línea: http://www.mcti.gob.ve/sites/default/files/descargables/ley_organica_de_ciencia_tecnologia_e_innovacion_2010.pdf

[4] Informe de Gestión presupuestaria del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas correspondiente al tercer trimestre de 2014. En línea: http://www.ivic.gob.ve/oficinaac/documentos/infoGestionPresupuestaria-Abril-Junio-2014.pdf

[5] Declaraciones de Eloy Sira, Director del IVIC. En línea: http://bitacora.ivic.gob.ve/?p=12227

[6] Instituto Nacional de Estadísticas. En línea: http://www.ine.gov.ve

[7] Presupuesto de Gastos de la alcaldía de Baruta año 2013. En Línea: http://www.alcaldiadebaruta.gob.ve/v2/wp-content/uploads/2014/09/MEMORIA-Y-CUENTA-MUNICIPIO-BARUTA-A%C3%91O-2013.pdf

[8] Artículo 19. Ley del IVIC. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.022 de fecha 25 de agosto de 2000. En línea: http://www.ivic.gob.ve/organizacion/vigente_actual.pdf

[9] Artículo 20. Ley del IVIC. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.022 de fecha 25 de agosto de 2000. En línea: http://www.ivic.gob.ve/organizacion/vigente_actual.pdf

[10] Artículo 30. Reglamento de la Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.074 del 26 de Noviembre de 2004.

[11] Artículo 33. Reglamento de la Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.074 del 26 de Noviembre de 2004.

[12] Artículo 34. Reglamento de la Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.074 del 26 de Noviembre de 2004.

[13] Artículo 35. Reglamento de la Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.074 del 26 de Noviembre de 2004.

[14] http://bitacora.ivic.gob.ve/?p=13661