“ Si la primera vez que alguien tomó
un terreno y lo cercó, todos hubieran
rechazado tales pretensiones, hoy no tendríamos
que estar hablando de propiedad privada”
Jean-Jacques Rousseau

 “Inventamos o erramos”

Simón Rodríguez

Introducción

Desde hace muchos años, podríamos decir desde la década del noventa, el Software Libre (SL) comenzó a darse a conocer en Venezuela. Pero, no es sino hasta 1998 que se concreta la creación del primer grupo de usuarios en Venezuela VELUG, en ese entonces no pasaba de ser un grupo muy pequeño, en el cual estuvo representado todo el espectro tanto de especialistas en informática como los que se decantaban por la parte filosófica del SL. Es en el marco del primer LinuxWeek Venezuela que se realiza la firma del acta constitutiva de VELUG. En ese evento se presentaron muchos ponentes nacionales e internacionales y muchos trabajos sobre SL.

Durante los años que siguieron a las elecciones de Diciembre de 1998, muchos pensamos que era la oportunidad para que se le hiciera conocer al presidente, de primera mano, lo que representa el SL dentro del contexto del desarrollo endógeno, la soberanía nacional y tecnológica. Pero lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, eso no se produce y lo que si podemos decir es que el SL no logra penetrar en las esferas del gobierno y no logra ser entendido en todo su valor.

Después nace la lista Software Libre, dentro de Conexión social, finalmente tenemos la lista formando parte de SOLVE (Software Libre Venezuela). Se produce entonces el proyecto de Ley sobre TIC en el grupo de la lista y se hace llegar al Diputado Luis Tascón para ser introducido en la anterior asamblea nacional; es después de esto que sale el decreto 3390 de la Presidencia de la República (28 de Diciembre de 2004) “mediante el cual se dispone que la Administración Pública nacional empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus Sistemas, Proyectos y Servicios Informáticos”. Posteriormente el MCT introduce su proyecto de ley TIC y el de la comunidad es dejado de lado y, como no había sido introducido a nivel de cámara, no fue tomado como el primero a discutir y parece que ni siquiera fue introducido. Al día de hoy tenemos el proyecto del MCT aprobado, con la introducción de modificaciones, en primera discusión y con artículos que favorecen a los poderosos de las tecnologías TIC. Ante este panorama hay que desmontar algunos de los argumentos esgrimidos por las transnacionales del negocio del software privativo y que siempre se usan y que, por alguna razón, aparecen en la ley: uno de ellos es la imparcialidad del estado, y otro la neutralidad del mismo ante el negocio de estas empresas.

La imparcialidad

Si bien la iniciativa del Gobierno del Presidente Hugo Chavez al establecer el decreto es celebrada por el concierto universal del Software Libre, los esfuerzos para llevar adelante la implementación del mismo ha tropezado con multiples obstáculos puestos muchas veces por lo que deberían llevar adelante el proyecto. La comunidad nacional del SL ha intentado, durante largo tiempo, unirse al esfuerzo de la migración de la Administración Pública Nacional (APN) hacia el SL y no ha sido posible. Mucho del esfuerzo que le ha dedicado la comunidad ha sido para alertar al gobierno y al pueblo sobre los acuerdos que se han tratado de firmar, y hasta se han firmado, contraviniendo el espíritu de la constitución y del decreto. Hoy debemos nuevamente alertar sobre un argumento que ya ha sido lanzado a la palestra y es que los gobiernos tienen que ser imparciales y que el estado no debe promover el SL, sino dejar todo en manos del libre juego de la oferta y la demanda, la libre competencia, es decir que el mercado decida, y que el estado no debe inclinar la balanza hacia ningún sector (conceptos Neoliberales). Aquí debemos ser enfáticos en decir que el estado no ha sido a lo largo del tiempo imparcial en relación a las tecnologías de la información y la comunicación en general y en particular en lo que tiene que ver con el Software. No sólo ha sido parcial sino que además ha hecho esfuerzos para imponer criterios sobre algunas tecnologías intentando favorecerlas. Es a ello a lo que debemos reaccionar, y puntualizar que el estado venezolano es quién viene señalando el camino en relación a los negocios del software, pues a lo largo de los años han favorecido no sólo un modelo de negocio informático, sino un monopolio en ese sector, al favorecer a las compañías transnacionales en detrimento del mismo sector en Venezuela; adicionalmente ha favorecido a lo interno un modelo de negocio del software de la misma factura que el internacional.. Ese hecho quedó evidenciado con el Golpe Petrolero en el cual de la noche a la mañana nos encontramos que el Estado Venezolano no tenía ningún control sobre el cerebro informático de una industria tan vital y estratégica, como es la petrolera.

Adicionalmente debemos señalar que el estado a través de su acción legislativa ha favorecido a ese modelo de negocio al aprobar las leyes de derechos de Autor y Autora y derechos conexos y de Propiedad Industrial sin tomar en cuenta el modelo de país que se quiere construir, favoreciendo de nuevo a las grandes transnacionales al aceptar el concepto de Propiedad Intelectual sin ningún cuestionamiento. Sin bien es cierto, como se ha señalado en algunas oportunidades, que Venezuela no acepta las patentes de software no es menos cierto que, en estas leyes nuestra nación ha aceptado dentro de ellas el apego a los convenios y tratados internacionales en la materia. Así pues el legislador ha legislado tomando en cuenta los intereses de los que durante muchos años detentan como algo natural el que el conocimiento es una mercancía como cualquier otra y que se puede ocultar para poder ejercer el poder.

Uno de los aspectos que más resalta en esta materia, es el hecho de que el estado en la interacción con sus ciudadanos muchas veces exija que los documento le sean entregados o enviados en determinado formato y que las presentaciones que realizan sus funcionarios se hagan en un formato privativo, aún después de la promulgación del decreto. ¿No favorece el estado a ciertas empresas monopólicas de la informática al llamar a concurso de vacantes en esta área señalando que los candidatos deben saber manejar ciertos paquetes informáticos privativos?. ¿Acaso no es parcializado el estado cuando desde los entes gubernamentales se establecen convenios con empresas transnacionales para la creación de academias de enseñanza para la formación en redes y en la utilización de software privativo para el desarrollo de aplicaciones privativas?.

¿Cuando por otra parte el estado compra computadoras que ya vienen con un determinado sistema operativo propietario, no está acaso favoreciendo ciertas empresas monopólicas?. Adicionalmente al funcionario que se niegue a utilizar ese sistema operativo o intente cambiarlo por otro más estable, más eficiente y más seguro lo amenazan con la ley, pues según esto, está desperdiciando el dinero de la nación y eso es un delito.

Ante esta perspectiva cabe una pregunta y una respuesta, que voy a tomar del prof. Jesús González Barahona., “ ¿qué modelo de sector informático tiene que favorecer el estado?”. Si respondemos a esa pregunta tendremos las respuesta al tipo de legislación que se necesita. Una primer acercamiento a esto se puede decir que es “ con menos recursos, con más calidad, llegando a todos los usuarios” . Sin que se discrimine a nadie por su condición social y económica. Así pues yo sostengo que el estado debe decidirse por el software libre para su relación con los ciudadanos y además porque es una cuestión de soberanía nacional.

La Neutralidad 

Otro de los argumentos esgrimidos por las transnacionales del software privativo y por sus representantes comerciales en nuestro país es que el estado en relación a las tecnologías de la in- formación y comunicación debe ser neutral. No sólo han logrado llegar a quienes tienen el deber de ser críticos ante la adulación sino que además aparece el concepto en la legislación aprobada ya en primera discusión, así pues en los principios fundamentales se habla de la “Neutralidad Tecnológica artículo 12”. Ante tal pretensión debemos señalar que por un lado las tecnologías no son neutrales y en ese aspecto cuando el estado se inclina por una determinada tecnología está asumiendo una posición que no es neutral. Decir que el estado para conseguir sus fines no importa que tecnología de información utiliza es contradictorio con el hecho irrefutable que el depender de tecnologías de la información privativas puso en peligro y causó un severo daño a la industria petrolera nacional, durante el golpe petrolero. Utilizar el término “cualquier tipo de tecnología de información” como concepto de neutralidad tecnológica es desconocer que la tecnología cualquiera que ella sea no es neutral. Así pues el legislador venezolano no puede argumentar la neutralidad tecnológica como el no dar preferencia a una tecnología sobre otra, el legislador tiene que pensar en cual tecnología tiene que utilizar el Estado Venezolano que no comprometa su estabilidad política, territorial y social y que además garantice las posibilidades del desarrollo endógeno en la tecnologías de la información, pensando en la incorporación de las mismas al acervo cultural, científico tecnológico de la nación.

Luego en este aspecto, como en muchos otros, lo que se pretende es que no haya árbitros, como ejemplo ponemos al CNE, éste no puede ser neutral (no puede permitir que los actores se agredan violentando las normas) lo que si se le exige es que sea imparcial, pero en este caso se tiene que tener claro que todos los actores que acuden a un proceso eleccionario lo hacen en igualdad de condiciones y ninguno puede desconocer la autoridad del árbitro. En nuestro caso el estado no puede ser neutral pues está frente a una situación que afecta a todos los entes del estado en especial al pueblo y no puede pedírsele que sea imparcial, cuando uno de los actores tiene copado todo el campo de batalla .

El estado en su relación con las empresas prestadoras de servicios, que le suministran la infraestructura necesaria para su funcionamiento y para el cabal cumplimiento de su actividad, no debe aceptar regalos que a todas luces propenden al establecimiento de una relación de dependencia y a la generación de funcionarios y grupos de profesionales tecnodependientes que siempre demandarán la compra y uso de un determinado tipo de tecnología. Es decir, la práctica de aceptación de donaciones o regalos debe ser desechada. Aunque muchas veces es utilizada para la solución de problemas que son deberes del estado.

Es evidente después de nuestras consideraciones que el Estado Venezolano, su gobierno, no puede ser imparcial ni ser neutral frente a las tecnologías de la información y la comunicación. El estado Venezolano debe favorecer aquella tecnología que le facilite el apoderamiento científico tecnológico y político de la misma y que permita el fortalecimiento del gobierno de participación ciudadana establecido en la CRBV.
 

Dentro del ámbito de las Tecnologías de la Información, es en el sector del Software donde el estado venezolano puede obtener con un esfuerzo intenso y sostenido su independencia tecnológica con relativa facilidad y en corto tiempo. Solamente tienen que tener un Gobierno y una Asamblea Nacional con claridad de objetivos. Si este aspecto es cumplido no queda otro camino que inclinarse a favor del Software Libre, pues es el único software que garantiza las libertades que el estado necesita para hacerlo suyo, estudiarlo, modificarlo y hacer conocer de sus ciudadanos esas modificaciones; además podrá utilizarlo en los distintos campos del quehacer de la nación: el civil, el gubernamental, el militar, el económico, el académico, el científico, el tecnológico, el social, los servicios, etc.. Así pues la ley de Tecnologías de la información (Ley TI), que va para su segunda discusión en la Asamblea Nacional, debe ser modificada en los aspectos que hemos señalado arriba y establecer claramente su decisión por el Software Libre como única alternativa de independencia tecnológica en el campo del Software. No hacerlo es ir contra la construcción de país que todos los venezolanos queremos: Un país Soberano para la toma de sus decisiones y para marcar el rumbo hacia el socialismo del Siglo XXI.