Los prejuicios alrededor de la minería.
Uno de los aspectos negativos del abordaje al tema son los prejuicios que, a lo largo del tiempo, se han originado alrededor de la minería en nuestro país. El primero de ellos consiste en asociar la minería en Venezuela al oro y al diamante, el segundo se refiere a la ubicación y extensión de las áreas mineras, solo al territorio al sur del río Orinoco y el tercero que es casi la conclusión de los efectos ambientales y sociales negativos de la minería, por lo que se le suele considerar como "la prostituta del desarrollo", sin que se empleen explícitamente tales palabras.
En consecuencia, vamos a tratar de replantear el tema desde una óptica profesional, es decir como lo veríamos los geólogos y los ingenieros de minas.
En ese sentido, como profesionales debemos hacer entender a los no conocedores del tópico, que los recursos mineros incluyen a un abanico de sustancias muy amplio y que partiendo de la conocida clasificación de minerales metálicos y no metálicos, podemos ampliar en función de sus usos o aplicaciones.
Una primera visión de los recursos mineros existentes en el país nos lleva al Boletín Geología, Publicación Especial Nº 8, del Ministerio de Energía y Minas, publicado en 1981, titulada "Minerales de Venezuela".
De acuerdo al mismo, en el Escudo de Guayana se identifican las siguientes siete provincias metalogénicas: Imataca, Supamo, Pastora - Botanamo, Cuchivero – Pacaraima, Roraima, Parguaza y la Amazónica.
Entre los recursos minerales señalados en la citada publicación y presentes en ese territorio podemos citar los siguientes: además del oro y el diamante, hierro, bauxita, niobio, torio, tierras raras, casiterita, columbita-tantalita (Coltán) ilmenita, zircón y caolín. En publicaciones posteriores se han identificado prospectos de uranio, plomo, zinc, cobre, dumortierita, cristal de roca, anatasa, monacita rutilo y estaurolita.
En el territorio al norte del río Orinoco, incluyendo la Isla de Margarita, se han identificado yacimientos de: níquel, magnesita, asbesto, talco, cromo, titanio, la asociación vanadio-hierro-titanio, la asociación zinc-plomo-cobre-barita, galena, hierro, mercurio, arcillas pirofilíticas, cianita, yeso, carbón, feldespato sódico, serpentinita, ópalo, ámbar, agua marina, berilo verde, cuarzo ahumado, cuarzo citrino, cristal de roca, cobre, carbón, fosfatos, sulfuros masivos de zinc, plomo, cobre y plata además de granitos, calizas y areniscas.
En este listado habría que agregar los materiales de construcción que corrientemente se emplean en las obras de ingeniería civil, como grava, arena, arcilla y la piedra picada, que generalmente proviene de las calizas, además de las rocas ornamentales que se emplean en fachadas y pisos.
De todos estos materiales citados, varios de ellos son el sostén de empresas básicas como las del hierro y el aluminio, asentadas ambas en Guayana y la del níquel en el Estado Aragua, mientras que la Petroquímica de Morón procesa las rocas fosfáticas para producir los abonos que requieren nuestros productores del agro. A su vez, las plantas cementeras procesan calizas y arcillas que alimentan la industria de la construcción y las materias que las alimentan son el producto de actividades mineras. Sin embargo, es necesario recalcar que a los fines de las estadísticas venezolanas, la industria cementera no se considera asociada a la minería. Así mismo, las extracciones de arena y grava de un río son actividades mineras, lo mismo que las que se efectúan en el Cerro Bolívar, pero no las percibimos como tales, ya que, entre otras cosas, su extensión e impacto económico son imperceptibles, en comparación con la minería del hierro. Las canteras de donde se extrae la piedra picada para diferentes obras de ingeniería y para producir las rocas ornamentales, también son operaciones mineras
Sí analizamos estos hechos, es posible que concluyamos que la minería que se está efectuando al norte del Orinoco, está más extendida que la que se está realizando en nuestra Guayana y sus posibilidades de incrementarse son muy grandes, solo que, nuevamente, su impacto en la economía del país, hasta ahora es menor que las generadas por el oro, el diamante, el hierro y el aluminio.
Al respecto, conviene recordar que se identificó un prospecto de níquel hacia la parte central del país, al oeste de Loma de Níquel, cuyo potencial parece ser mucho mayor que el primero, pero su estudio detallado aun no se ha iniciado.
Todos estos hechos son los que nos inclinan a afirmar que la Política Minera de Venezuela debe tener como escenario geográfico a todo el territorio nacional y no al Arco Minero del Orinoco y el resto del territorio al sur, que comprende también al Estado Amazonas, como parece percibirse del decreto relativo al Arco Minero del Orinoco.
Ahora pasemos a considerar los impactos negativos de la minería, en el ambiente que nos rodea incluyendo la sociedad humana.
Nadie puede dudar del fuerte impacto que la minería tiene sobre el contexto físico que la rodea; el paisaje, su morfología, así como su flora y su fauna. Por cierto, tanto la flora como la fauna no pueden expresar directa y explícitamente el dolor y su resistencia a los ataques a los cuales las someten las intervenciones antrópicas, sean éstas mineras, agropecuarias, industriales o urbanísticas.
Sin embargo, es oportuno recordar el siguiente ejemplo que considero aleccionador: es el caso del yacimiento conocido como Cerro Bolívar, en el territorio al sur del río Orinoco, descubierto y puesto en explotación a partir de 1954. Después de un poco más de 60 años de extracción del mineral, es evidente el impacto sobre dicho cerro, el cual se nos presenta como un área intensamente modificada en la que el cerro original casi ha desaparecido, o está en vías de hacerlo, mientras que fuera del polígono alrededor del mismo, la topografía y la vegetación muestran poca variación con relación a las originales, es decir, las variaciones o los impactos se focalizan en el cerro, originalmente denominado La Parida.
Ahora bien, si vamos a las fotografías aéreas y los reportes oficiales de esa misma época, finales de los cuarenta e inicio de los 50, resulta que las zonas que ahora se denominan reservas forestales de Ticoporo, Caparo y San Camilo, eran selvas con su fauna original intactas o poco afectadas; valdría la pena confrontar sus superficies originales y las que actualmente se reportan, además de preguntarnos ¿Qué pasó con la fauna que allí vivía?. También deberíamos preguntarnos a cual factor habría que responsabilizar por esa variación. ¿ A la minería ?, ¿ A las actividades forestales y agropecuarias ?. La experiencia nos indica que suele suceder que después de la tala de los árboles, comienzan a invadir parte de esos espacios la agricultura y la ganadería. Bien valdría la pena también confrontar como se ha incrementado la superficie dedicada a las actividades agropecuarias desde esa época hasta la fecha actual en Venezuela. ¿ Y a expensas de cual territorio ?. Lo mismo podríamos afirmar en el Estado Bolívar, donde la industria maderera viene explotando grandes áreas de selva, pero ante la opinión pública y particularmente los ecologistas, la culpable de los impactos negativos es la minería. En consecuencia, valdría la pena revisar las políticas forestales y sus controles sobre lo que realmente está ocurriendo en nuestros bosques y selvas. El punto es polémico pero merece ser analizado, con una buena dosis de sindéresis y poder ver a la sociedad humana con sus virtudes y sus defectos.
Al respecto es necesario resaltar otros hechos, mediante los cuales se ha tratado de controlar las actividades mineras en el país y proteger su ambiente. Me refiero a la legislación que se ha venido elaborando y que constituye una verdadera "camisa de fuerza" ante los efectos negativos de la minería.
En ese sentido podemos afirmar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su preámbulo define una postura claramente ambientalista y en su cuerpo tiene tres artículos específicos que inician la denominada camisa de fuerza, ante la minería, además del Capítulo VIII "De los Derechos Ambientales". Así mismo debemos referirnos al trabajo elaborado por la Dra. Isabel de los Ríos, en Octubre de 2013, titulado "Breve reseña de la legislación ambiental venezolana", en el cual se identifica el siguiente cuerpo de leyes:
Leyes Orgánicas: Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, Ley Orgánica de Salud, Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, Decreto Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Poderes, Decreto - Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Ley Orgánica del Poder Público Municipal y Decreto Ley Orgánica de Turismo.
Además incluye las siguientes leyes ordinarias: Ley de Tierras Baldías y Ejidos, Código Civil, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, Decreto Ley Sobre Simplificación de Trámites Administrativos.
Adicionalmente destaca las siguientes leyes y decretos de carácter específicamente ambiental: Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, Ley Orgánica del Ambiente, Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua y Decreto Ley Orgánica de Espacios Acuáticos. Éstas se complementan con las siguientes leyes ordinarias: Ley Forestal de Suelos y de Aguas, Ley de Protección a la Fauna Silvestre, Ley de Geografía, Cartografía y Catastro, Ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos, Decreto Ley de Zonas Costeras, Ley de semillas, material para reproducción animal e insumos biológicos, Ley de Metereología e Hidrología Nacional, Ley de Aguas, Decreto Ley de Pesca y Acuicultura, Decreto Ley de Salud Agrícola Integral, Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos,Ley de Gestión Integral de la Basura, Ley Penal del Ambiente, Ley de Bosques
Con semejante arsenal jurídico cuenta el Estado Venezolano para hacer frente a las consecuencias negativas de la minería, de forma eficiente y enérgica. Pienso que solo faltaría la voluntad de enfrentar el problema y sobre todo, vacunarnos ante la perversión de la corrupción, puesto que alrededor de la minería se mueven muchos capitales y muchos intereses.
El otro aspecto negativo de la minería se refiere a las comunidades indígenas que viven en el país y su transculturización. Al respecto debemos recordar que tales comunidades han estado sufriendo los efectos de tal transculturización desde la llegada de los invasores europeos, para después sufrir lo mismo, pero por parte de los criollos interesados en el aprovechamiento de la madera y los productores agrícolas y pecuarios. Este es parte del drama que viven los sobrevivientes de nuestras etnias indígenas en los diferentes escenarios de nuestra geografía, en los cuales, prácticamente los han arrinconado. Muchos son los ejemplos de los maltratos que han estado sufriendo y que incluye el hacerlos invisibles.
Pero también debemos resaltar un hecho positivo: es el Decreto Nº 2,265, del 08/03/2016, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.864, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la actividades mineras, la cual está conformada por representantes de varios Despachos del Gabinete Ejecutivo. Esperemos sus efectos y mantengámonos alertas sobre su desenvolvimiento, para agilizar las correcciones, de ser necesario.
La estructura de esta Comisión permite hacer una extrapolación pedagógica ya que la problemática que se ha creado alrededor de la pequeña minería, en Guayana, se ha estado viendo como materia de la incumbencia específica del Gobernador del Estado Bolívar, del Ministerio de Desarrollo Minero y de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, particularmente de la Guardia Nacional. Por experiencias personales en algunos de esos escenarios mineros, puedo dar constancia de la compleja problemática que existe en los mismos y que, desde el punto de vista del suscrito, involucran a los Ministerios de Relaciones Interiores y Justicia, Salud, Educación, Ecosocialismo y Aguas y otros mas, ya que arropan y sobrepasan las posibilidades y capacidades de los entes señalados al principio de este párrafo. Como consecuencia de esta situación es recomendable se comience a visualizar esta problemática en su verdadera dimensión y complejidad, que está reclamando la presencia integral del Estado Venezolano, lo cual no está sucediendo en la actualidad. En ese sentido es posible que esa sensibilización sobre la complejidad del problema pueda lograrse si el Sr. Presidente de la República acepta la celebración de una reunión formal del Gabinete Ejecutivo en alguna de esas poblaciones mineras, como San Salvador de Paúl u otra, que contemple la participación de los representantes de la comunidad organizada del sector, para que vivan en directo la gravedad y la complejidad del problema que representa la pequeña minería, tan fuertemente arraigada en parte de nuestra población y en la de los países vecinos, de donde provienen muchos de los mineros que han estado interviniendo en esas actividades. Dicho en otras palabras, debe hacerse un esfuerzo a fondo para controlar y eliminar esa minería "de libre aprovechamiento", mientras que mediante el arsenal jurídico previamente señalado, y el que se necesite crear, desarrollar la minería que nuestro país necesita.
C.I.V. 4367