Módica dijo que se requiere una campaña que sea diseñada por un equipo de expertos de distintas áreas como sociología, marketing y educación, principalmente capaces de establecer un programa de mensajes de gran impacto hecho sobre bases científicas. "La cuestión no es sencilla no solo en su elaboración, sino también en cuanto a quienes serán responsables de la campaña y fundamentalmente, quienes la financiarán" refirió bajo fuertes sospechas que señalan a la Agencia EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y conglomerados de industrias audiovisuales estadounidenses como los financistas.
La magistrada sostuvo que es el paso que debe darse ya que se dispone
de los instrumentos normativos adecuados. "La Corte Suprema de Justicia
desde la recientemente creada Dirección de Derechos de Propiedad
Intelectual, viene impartiendo seminarios de actualización a jueces y
fiscales a fin de unificar criterios y así hacer posible la “vigencia
pacifica” de esos derechos. Creemos que en poco tiempo más contaremos
con magistrados suficientemente adiestrados en materia de derechos
intelectuales. Y entendemos que hay voluntad política de las instancias
ejecutivas (el gobierno de Federico Franco)para reprimir este tipo de
delitos" puntualizó la ministra.
Por
su parte, el Director de Propiedad Intelectual del Paraguay, Carlos
González, mencionó que una de las barreras más grandes para la
persistencia de la piratería es la “tolerancia social” en todos los
ámbitos, cualquiera sea el nivel sociocultural o económico llamando a
penalizar a quienes infringen los derechos de autor de las empresas.
La USAID Paraguay,
junto a Monsanto y Rio Tinto, estaría involucrada en el reciente golpe
parlamentario contra el Presidente Fernando Lugo, según lo denunciado
por especialistas y organizaciones sociales paraguayas, que ven en la
excusa del combate contra la piratería, una política de injerencia y
control por parte del Gobierno de los Estados Unidos en Sudamérica.