20-01-15.-Algunos países de América Latina y el Caribe han establecido como política de Estado la inclusión del “Copyleft” (libertad de los derechos de autor) en el uso del Software Libre, primordialmente en la administración pública y entes educativos y culturales.
La propuesta del Copyleft avanza en dirección opuesta al Copyright (derecho de autor), ya que persigue y defiende la reivindicación de la libertad frente a los derechos de autor que la coartan.
En agosto de 2014, en Venezuela se aprobó la Ley de Infogobierno, con el objetivo de establecer las bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías libres en el Poder Público y el Poder Popular, para mejorar la gestión y los servicios que ofrecen a la ciudadanía.
Este proyecto comenzó cuando el Comandante Hugo Chávez estableció el uso preferencial del software libre en instituciones gubernamentales y centros de educación básica, mediante decreto 3.390, promulgado el 23 de diciembre de 2004 y publicado en la Gaceta Oficial número 38.095, de fecha 28 de diciembre del mismo año.
Además, la Ley de Infogobierno garantiza el control en el uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) y apropia al pueblo venezolano de ellas.
“Copyleft es el término que se utiliza en el ámbito informático para designar el tipo de licencias que garantizan el derecho de cualquier usuario a utilizar, modificar y redistribuir un programa o sus derivados, siempre que se mantengan estas mismas condiciones de utilización y difusión”.
Iniciativas regionales
Brasil fue el primer país en desarrollar una normativa que promoviera la utilización del Software Libre en su administración pública y centros educativos. El proyecto comenzó en 2002 en el estado de Río Grande del Sur y se extendió durante la administración del presidente Lula Da Silva (2003-2011) a nivel nacional.
En Bolivia se promulgó en noviembre de 2013 la “Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación” mejor conocida como Ley 164, la cual dispone en su artículo 77 que “los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, en todos sus niveles, promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos”.
En Ecuador, en 2008, el presidente Rafael Correa promulgó el Decreto 1014, que establece el uso del Software Libre como política pública.
En tanto, Uruguay implementó la Ley 19.179, la cual decreta el Software Libre como política de Estado e insta a los entes gubernamentales a distribuir su información en formatos libres y abiertos para la ciudadanía.
Proyectos en ejecución
En otros países de la región, pese a no contar con una política que ordene la migración hacia el “Copyleft” en el uso de Software Libre, se han puesto en marcha algunas acciones para lograrlo.
Naciones como Argentina, Cuba, Chile, Colombia y Perú han presentado algunas resoluciones y proyectos de Ley para impulsar la utilización del Software Libre, pero aún no han sido aprobadas legalmente.
En Centroamérica y México no existen políticas nacionales al respecto. Por ejemplo, en Costa Rica la Asamblea Lesgislativa rechazó un proyecto de Ley en 2014. Asimismo, en México solo se aprobó una ley que impulsa el uso del Software Libre (Ley 688) en el estado de Zacatecas, en el centro del país.
En aras de impulsar, aun más, el desarrollo y la utilización de las tecnologías libres, los presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Venezuela firmaron en julio de 2013 una declaración que establece “la necesidad de impulsar y fomentar la concreción de normas a nivel del Mercosur, para la efectiva implementación de políticas de fomento de uso, desarrollo, implementación, investigación y transferencia tecnológica basados en el modelo de Software Libre”.