En marzo, el Inspector Genera (IG) del Departamento de Justicia emitió un informe donde se detalla el abuso significativo de las potestades de las NSL en manos del FBI.
Inicialmente el FBI restó importancia al alcance del abuso, del cual informara el Inspector General, alegando que la cantidad de casos que se seleccionaron para la revisión en la auditoria del IG no constituían una muestra significativa. Sin embargo, una auditoria del propio FBI reveló más de mil abusos nuevos utilizando una muestra de sólo el diez por ciento de sus investigaciones de seguridad nacional. El FBI ha celebrado varias reuniones para informar a la comunidad de derechos civiles y en pos de esfera privada sobre su respuesta a dichas revelaciones, pero a todas luces los lineamientos internos no son suficientes para evitar este tipo de abuso.
La siguiente cita se le atribuye a Caroline Fredrickson, directora de la oficina legislativa de la ACLU en Washington:
“Si bien agradecemos la continua cooperación del director Mueller, estas reformas son 'demasiado pequeñas, y llegan demasiado tarde' y seguimos escépticos de que alguna regulación interna del FBI sobre el uso de las NSL solucione el problema. Durante más de tres años, el uso sin control de las facultades de las NSL por parte del FBI trajo como resultado miles de violaciones de la ley y de políticas. La dirigencia del FBI no estaba al tanto de estos abusos o recibió información sobre los problemas y no hizo nada para evitarlos. De cualquier manera, está claro que el Buró requiere una supervisión externa y hace falta una solución legislativa.
“La autoridad sin control inevitablemente conllevará al abuso. Francamente, para empezar el FBI jamás debió haber recibido una autoridad tan amplia. Cuando el informe del IG y la propia investigación interna del FBI sacaron a la luz los abusos rampantes, quedó dolorosamente claro que existía la necesidad de establecer un control independiente a estas facultades. Resulta ingenuo pensar que los que rompen la ley deban hacerla. El Congreso debe comenzar a imponer su supervisión y ordenar la revisión judicial del uso de las NSL”.