No es casual que sectores de la oposición venezolana hayan estado utilizando, últimamente, algunas organizaciones no gubernamentales (ONGs), para promover supuestas violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Desde la llegada al poder político de la revolución bolivariana, el gobierno ha sido víctima de la desinformación y tergiversación de la realidad, con el apoyo y el manejo indiscriminado de los medios de comunicación privados. Se han establecido en el país un sin número de ONGs que por casualidad coinciden en que el Estado venezolano es un vulnerador de derechos humanos. Pero todo ello tiene su propia explicación.
La oposición venezolana, apoyada y financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, conjuntamente con sus redes de financiamiento internacional como la USAID (siglas en inglés que quiere decir, “Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional”), han establecido un manejo de la información mediática por intermedio de algunas organizaciones supuestamente de derechos humanos, destinadas a desprestigiar y satanizar todas las políticas sociales implementadas por el Poder Ejecutivo venezolano, buscando la manera de crear una matriz de opinión negativa y que la misma tenga alcance internacional.
Para ningún venezolano, que se encuentre vinculado al mundo de los derechos humanos, es un secreto que existen ONGs cuyo principal trabajo es presentar denuncias ante los organismos multilaterales de derechos humanos, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los procedimientos especiales del sistema universal de las Naciones Unidas, con la finalidad de establecer una matriz opinión internacional miserable y parcializada, sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que en muchos casos resulta evidente el tratamiento desmesurado de organismos como la OEA, por ejemplo, que sin previa investigación de los hechos, cataloga de inmediato al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como responsable de tales denuncias, vulnerando de esta manera el reciente Código de Ética del 2012.
La situación que se ha generado a través del NO reconocimiento de los resultados electorales del pasado 14 de abril de 2013 por sectores de la oposición venezolana, que dieron como ganador al Presidente Nicolás Maduro, ha sido vulgar excusa para activar diferentes flancos políticos de desestabilización en Venezuela, y uno de ello es el manejo de lo que llaman la “sociedad civil organizada”, o las famosas “ONGs”. Éstas, repito con el financiamiento desde el exterior, buscan el desprestigio en el ámbito internacional de las políticas del Estado venezolano en el campo de los derechos humanos, apoyadas por las grandes empresas trasnacionales de la comunicación mundial, para animar a diferentes países o parlamentos, sobre todos del mundo occidental, a pronunciarse sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Es todo esto, una evidente práctica utilizada por el los EEUU en su usual retórica reciente de famosas invasiones como las de Irak, Afganistán, Libia y ahora pretenden aplicarla en Siria. Sin que se escapen de ello por supuesto, países soberanos como Cuba, Bielorrusia, Irán, Sri Lanka y Venezuela.
El gobierno de los Estados Unidos de América se ha caracterizado a lo largo de la historia en la creación de focos de desestabilización política (por intermedio de sus sedes diplomáticas), cuando el gobierno de turno no se suma a sus dictámenes hegemónicos, situación que ha sabido aprovechar en diferentes contextos sociales. Por lo tanto, ahora en Venezuela pretenden reactivar la participación en la política de las ONGs, con el apoyo de la dirigencia política opositora, destinadas a crear un caos institucional, promover una suma importante de apoyo internacional, con la finalidad de deslegitimar al gobierno de turno y promover un cambio de la administración política.
No es al azar, que un gran número de ONGs (nacionales y extranjeras) de la noche a la mañana, anden participando activamente en la política y que los voceros de la casa blanca anden dando declaraciones injerencistas. La situación, más allá de ser de cuidado y de alarma, es sumamente evidente, donde entes no gubernamentales apoyados y financiados desde el exterior, promueven una invasión extranjera en tierras venezolanas.
Felizmente, el Estado venezolano ha contado con la participación del pueblo, sus instituciones y con un amplio apoyo de la comunidad internacional. Es por ello, que el deber primordial consiste en denunciar ante todas las instancias internacionales las pretensiones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos de América, que vulneran los principios del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y todos los tratados de derechos humanos firmados y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.
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