Cuando conmemoramos el XV Aniversario del injusto encierro de los Cinco Antiterroristas Cubanos en cárceles de los EE.UU., catalogados por la gran prensa anticubana como espías, y no obstante haberse abordado el tema en no pocas ocasiones anteriores, consideramos oportuno por estos días aclarar una vez más algunos elementos.
Aun y cuando reiteremos en este escrito algunas ideas, teniendo en cuenta que en el largo proceso los representantes mediáticos del gran emporio de la información no han cejado un solo instante en la repetición de sus falsas adjetivaciones, no podemos tampoco, en la gran cruzada mundial para dar a conocer la realidad del caso, cansarnos de exponer nuestros argumentos como contribución al esclarecimiento de la verdad.
Según establece la ley norteamericana, un espía es aquella persona que roba u obtiene documentación clasificada como secreta, debidamente resguardada, con el propósito de entregarla a un gobierno extranjero.
Pero más allá del sentido etimológico de la palabra, desde el punto de vista legal, el delito de “espiar”, en este caso tenía necesariamente que aparecer vinculado al interés nacional, a la seguridad del país donde tuvieron lugar los hechos. La fiscalía supuestamente representaba al gobierno norteamericano, no a los grupos de la ultraderecha anticubana miamense.
Aunque inicialmente en el proceso, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero fueron instruidos del cargo de “conspiración para cometer espionaje”, durante el curso de la muy prolongada causa, los fiscales se verían obligados a retirarlo por una sencilla razón: ninguno de ellos realizó actividades de espionaje contra Estados Unidos. Durante las vistas no pudieron presentar evidencias probatorias de que ellos hubiesen obtenido información del gobierno de los Estados Unidos o peligrosa siquiera para la seguridad de aquel país.
A la corte resultó finalmente imposible acusarlos de ese cargo por una sencilla razón: no existió en el caso nada semejante y por tanto, nunca habrían podido probarlo. No obstante, iría mucho más lejos: en su declaración inicial advertirían al jurado que no esperaran la presentación de ningún documento secreto u otra evidencia por el estilo.
Luego, sus esfuerzos estarían centrados entonces en convencer a los miembros del jurado de que los acusados eran personas realmente malas, capaces de cometer acciones que pudieran poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos en cualquier momento. Llegaron a argumentar incluso que los acusados debían recibir el castigo más severo posible porque eran unos tipos verdaderamente virulentos, perturbadores de la paz y la tranquilidad de Miami, la madriguera por excelencia de los más connotados asesinos y terroristas de origen cubano.
Para lograr dicho objetivo, la corte, a pesar de lo que su propia acusación decía, hizo en el juicio declaraciones del tipo más negativo posible, acusando a los Cinco nada menos que de tratar de “destruir a los Estados Unidos” y recordándoles a los atemorizados miembros del jurado que si no los condenaban estarían “traicionando a la comunidad”.
Varios expertos y autoridades, entre los que se destacan los generales Charles Whilhem y Edward Atkinson, el almirante Eugene Carol y el coronel George Buckner, testificaron que los acusados no tuvieron acceso a información clasificada e incluso James Clapper, ex director de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, testigo de la Fiscalía, reconoció que estos no habían realizado espionaje contra Estados Unidos; sin embargo, tales testimonios nunca fueron tomados en cuenta. Ratificaban con ello la arbitrariedad del fraudulento proceso de marcado signo político.
Los Cinco, y eso debe quedar bien claro para nuestros estimados lectores, tenían exclusivamente la misión de obtener información sobre los planes de los grupos terroristas radicados en el sur de La Florida; los que, más allá de los desatinos del proceso judicial y los probados y oscuros vínculos con la CIA dirigidos a derrocar la Revolución cubana, no forman parte del gobierno de los Estados Unidos.
Los medios de comunicación se encargaron del resto. Manipularon y tergiversaron los términos e influenciaron de manera premeditada el veredicto de los jueces. Trascendidos han dado a conocer posteriormente cómo no pocos profesionales de la noticia recibieron cuantiosas sumas de dinero para desarrollar tan indecorosa campaña de amedrentamiento, desinformación y descrédito que aún hoy no cesa.
Durante todos estos años siempre han presentado a los Cinco Cubanos como “espías” o personas acusadas de ser “espías”. Siguieron repitiendo la misma cantinela incluso después de que la Corte de Apelaciones de Atlanta concluyera unánimemente, en septiembre de 2008, que no había pruebas de que los acusados hubieran “obtenido o transmitido información secreta” o de que hubieran dañado la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Por tal motivo decidiría que las sentencias por el Cargo Dos (conspiración para cometer espionaje) eran erróneas, anulando y decretando que Ramón y Antonio fueran re-sentenciados.
Si quisiéramos un término más acertado para los Cinco, pudiéramos hablar de “agentes infiltrados” en los grupos terroristas cubano-americanos de Miami. Las razones de Cuba, y en particular de estos héroes, están suficientemente justificadas si tenemos en cuenta la amplia lista de hechos violentos, exactamente 681 acciones terroristas y una invasión mercenaria, que han ocasionado la pérdida irreparable de la vida de 3.478 mujeres, hombres y niños y otros 2.099 compatriotas físicamente discapacitados por el resto de sus vidas, según cifras del informe presentado por nuestro gobierno al Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, en mayo último. La inmensa mayoría de estos hechos delictivos, fuertemente sancionables por la propia ley norteamericana, permanecen impunes hasta el día de hoy y ante los cuales los ilustres tribunales del Estado de la Florida nunca han alzado la voz.
