Como si todas las crisis en Gaza, Ucrania, Irak, Siria y Afganistán no fueran suficientes, el gobierno de Obama la semana pasada emprendió un nuevo paso hacia la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. Pero el drama fue interrumpido en seco el domingo por la noche, cuando el gobierno holandés anunció que no permitiría la extradición de Hugo Carvajal, un general retirado y ex director de Inteligencia Militar (DIM) que Washington quería llevar a juicio frente a los tribunales de EEUU.
Esta historia merece por lo menos una autopsia ya que revela una fisura importante en el seno del gobierno con relación a su política hacia América Latina, similar a la que se hizo evidente en el caso de los fondos buitre contra Argentina.
El miércoles 23 de julio, Carvajal fue detenido por las autoridades en Aruba, a pesar de haber sido admitido a la isla con un pasaporte diplomático y nombrado cónsul general de Venezuela en esa entidad.
EEUU asegura que Carvajal estuvo involucrado en el narcotráfico y fue incluido en una lista negra en el año 2008. Pero el hecho de que las acusaciones tengan sustento o no está fuera de tema en este caso. Una extradición de este tipo, si se diera en casi cualquier país de América Latina, equivaldría a una afrenta seria que podía causar el quiebre en las relaciones diplomáticas con los EEUU.
En primer lugar, se produce una violación del principio básico de inmunidad diplomática, que es uno de los principios internacionales fundamentales, haciendo posible la negociación entre gobiernos incluso durante períodos de guerra.
El viernes un juez de Aruba sostuvo la detención, pero el domingo por la noche la Cancillería de los Países Bajos interrumpió el proceso legal, al anunciar que Carvajal sí disfrutaba de inmunidad diplomática en realidad. Carvajal fue liberado y volvió inmediatamente a Venezuela.
Washington, bajo la presidencia de Obama, ha estado dividido desde larga data en cuanto a cómo tratar a Venezuela, incluso mientras impulsa una estrategia general orientada al cambio de régimen. Por lo general, la mayoría de los profesionales del servicio exterior prefieren mantener relaciones diplomáticas, incluyendo embajadores, tanto con Venezuela como con otros países de la región. No obstante, en el Poder Ejecutivo -y por supuesto en el Congreso- otros temen que esto llevaría a una normalización de las relaciones. A finales de mayo, la Cámara promulgó una legislación que impone sanciones a algunos funcionarios del gobierno venezolano.
No hace falta comentar la supuesta racionalidad de dicha legislación, concebida como un castigo por violaciones a los derechos humanos. El gobierno egipcio ha matado a más de mil personas desde el golpe militar en julio de 2013, con otras 700 sentenciadas a muerte. Los israelíes también han matado a más de mil personas en Gaza en apenas las últimas tres semanas –la mayoría civiles, incluyendo más de 200 niños. No sólo se elude hablar de sanciones contra Israel o Egipto, sino que ni siquiera se habla de reducir o incluso condicionar los millardos de dólares que los estadounidenses contribuyen mediante impuestos, incluyendo la ayuda militar, que fluyen anualmente hacia ambos países.
En contraste, 43 venezolanas y venezolanos murieron durante más de dos meses de protestas violentas que buscaban derrocar a un gobierno electo democráticamente. Cerca de la mitad de estas muertes fueron a manos de los propios manifestantes.
La legislación sancionatoria fue un intento patente de torpedear las relaciones diplomáticas con Venezuela, sin importar el daño colateral que pudiera provocar en el resto de la región. Sin embargo, fue, hasta ahora, bloqueada en el Senado, ya que el Presidente Obama no quería ni romper relaciones diplomáticas con Venezuela, ni colocarse en la posición de tener que vetar la ley.
En febrero, el gobierno venezolano ofreció intercambiar embajadores con los EEUU, pero Washington se negó a hacerlo. Hace pocos días, los EEUU y Venezuela intercambiaron encargados de negocios, un rango por debajo de embajador. En la historia diplomática de EEUU, por lo menos durante los últimos 50 años, no ha habido prácticamente ningún caso conocido en el que Washington se negara a intercambiar embajadores con un país con el que mantiene relaciones diplomáticas. Siendo así, un intercambio de embajadores tal vez se pueda demorar, mas no rechazar. La iniciativa de extraditar a Carvajal fue otro intento por parte de la extrema derecha de sabotear las relaciones diplomáticas con Venezuela, aislando así aún más a los EEUU a nivel regional.
No cabe duda de que, si el Presidente Obama realmente hubiera deseado la extradición de Carvajal, el gobierno de los Países Bajos hubiera cooperado. Sólo basta percatarse de los gobiernos europeos que colaboraron con Washington para forzar el aterrizaje del avión del presidente boliviano Evo Morales en Europa el verano pasado, aunque luego tuvieran que disculparse por ello. Fue una violación flagrante de la Convención de Viena, con base en el falso pretexto de que Edward Snowden se encontraba en el avión.
De modo que, una vez más, el Presidente Obama ha logrado bloquear un intento por parte de la derecha de romper las relaciones diplomáticas con Venezuela, sin siquiera tener que decir una palabra al respecto. Para evitar mayores dramas de este orden, Obama debería sencillamente intercambiar embajadores con Venezuela y anunciar que el gobierno de los EEUU se propone normalizar las relaciones con América Latina en general. Esto le enviaría una señal a los extremistas, tanto dentro como fuera del gobierno, de que no resulta tan fácil sabotear las relaciones diplomáticas en el hemisferio.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research, en Washington, D.C. También es presidente de la organización de política exterior, Just Foreign Policy.
Fuente: ÚN