La acción desproporcionada de Estados Unidos al declarar “emergencia nacional” bajo la premisa de que “Venezuela representa una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad” es motivo de repudio inmediato y de cuidadoso análisis histórico.
Cuando Estados Unidos a través de la OTAN invadió Afganistán, lo hizo “para sancionar” a Osama Bin Laden; sin embargo, el número de muertos civiles no ha sido cuantificado. De igual manera, la invasión a Iraq también comenzó con sanciones a funcionarios del gobierno iraquí y terminó con una acusación fraudulenta de supuestas armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein que nunca fueron encontradas -porque no existían- y se generó un conflicto bélico que no ha terminado y sigue cobrando víctimas. Cuando invadieron Panamá el objetivo era “sacar a Torrijos” y se registraron tres mil muertos según las cifras oficiales… y así sucesivamente en Granada, Haití, República Dominicana y todos los demás países que la dirigencia corporativa de Estados Unidos unilateralmente consideró “una amenaza extraordinaria e inusual” para su seguridad.
Las decisiones que toma Obama sobre Venezuela obedecen a exigencias y presiones que recibe en su situación de no tener poder de decisión en un país donde el presidente no es sino una ficha sustituible de los grupos económicos.
Obama gana las elecciones en medio de protestas y de un creciente descontento que pedía a gritos cambios en la política interna y externa del país. Por eso, las corporaciones deciden como ardid publicitario, bajar las tensiones poniendo en el gobierno a un afro descendiente (al menos fenotípicamente) para dar la sensación de cambios.
Si Obama realmente hubiera representado un cambio drástico en la política norteamericana, habría tenido el mismo destino que los muchos presidentes o candidatos presidenciales populares que han sido liquidados en ese país. Es por ello que resulta pertinente revisar cómo llegó el presidente Barack a esa determinación en contra de nuestro país.
Las corporaciones económicas que controlan el poder político en los Estados Unidos habían delegado en el departamento de estado, el financiamiento de grupos internos de oposición con miras a ganar las elecciones y así controlar los recursos energéticos venezolanos.
Esta ruta fracasada evidenciada en sucesivas derrotas electorales, hizo que las corporaciones presionaran a Obama para que diera resultados concretos respecto al control de nuestro país para así hacerse de los recursos de la faja petrolífera y “recuperar la inversión”.
Fue entonces cuando la administración Obama intentó saturar el mercado petrolero para bajar los precios del crudo y desestabilizar a Venezuela por la vía de una guerra económica. Ante el sorpresivo aguante de la población venezolana que en buena parte logró identificar y comprender el fenómeno “guerra económica” las corporaciones presionan de nuevo y obligan a Obama a asumir directamente la vocería de los grupos interesados en apoderarse de nuestros recursos dejando de lado a la oposición –que recibió recursos económicos y fue ineficiente en la toma del poder- para declarar un estado de emergencia que no tiene otro objetivo que recurrir a la vía militar.
Las últimas acciones son de tipo mediático, están trabajando en relacionar a Venezuela como país con acciones de narcotráfico y lavado de dinero como se ha hecho en intervenciones anteriores.
El repudio al decreto lanzado por Obama es elementalmente lógico dado que se trata de una decisión insolente que pretende legislar sobre asuntos internos de la nación, y, por otro lado, considerarnos una amenaza implicaría –de acuerdo al historial de ese país cuando ha utilizado ese adjetivo- una eventual ocupación militar como pasó decenas de veces en el siglo XX.
Preocupa el hecho de que ciudadanos venezolanos no vean el problema en su justa dimensión y crean que la declaratoria de emergencia y adjetivarnos como “amenaza para la seguridad” se limite a sanciones contra funcionarios y caigan en el error de dejar que factores vinculados al poder mediático los persuadan de subestimar el asunto.
El ex informante de la CIA durante su gestión como diplomático venezolano (¿ex?) Leopoldo Castillo a través de su cuenta twitter @elcitizen comentó: “la lista crecerá, la decisión está en manos del departamento de estado”. De la manera más directa, se pone de parte de un gobierno extranjero y justifica de alguna manera una invasión.
Por otro lado Laureano Márquez escribe desestimando el intento de golpe de Estado, volviéndolo comunicacionalmente un cuento risible. En su artículo “Magnisuicidio” dice Laureano refiriéndose a la fallida operación Jericó:
“La obra [teatral] se llama magnicidio con golpe militar, un recurso propio del espectáculo, el de unir en una sola representación dos proyectos teatrales que han sido cada uno individualmente exitoso”
Estos comentarios, pretenden insensibilizar a una parte de la población para evitar una cohesión nacional y una oleada de opinión pública internacional de rechazo contra este plan orquestado que al igual que en los casos de Panamá, Granada, República Dominicana, Iraq Afganistán y Haití, comenzó con sanciones a funcionarios, continuó con una declaratoria de amenaza y concluyó con una campaña de acusaciones falsas (narcotráfico, lavado de dinero o armas de destrucción masiva según el caso) e invasión militar por aire mar y tierra.
Cualquier venezolano que no tenga entre sus propiedades una aeronave que lo saque del país en 25 minutos debe estar alerta y cohesionarse en torno al rechazo de esta abominable receta que la administración Obama está aplicando bajo presión de los grupos económicos que quieren ver los resultados del dinero invertido en derrocar al gobierno de Venezuela y ponerle la mano de lleno a la primera reserva de petróleo del planeta.
@marcosmelendezm marcosleonardove@yahoo.com