Para quienes asumimos que el imperialismo estadounidense, históricamente, es el enemigo fundamental de la nación y del pueblo venezolano, y por extensión de los pueblos de la región latinoamericana y caribeña, tenemos despejada la visión acerca del empeño múltiple que hace este fuerte adversario por impedir que el pueblo venezolano consolide su determinación de ser libre y soberano.
De tal manera que el truncamiento de la Revolución Bolivariana, que es el proyecto liberador más serio y contundente que se ha desarrollado regionalmente en los últimos tiempos, se ha constituido en un objetivo prioritario para la estrategia imperialista de la potencia norteña que todo indica se encuentra en un franco proceso de declive tanto por sus contradicciones sistémicas intrínsecas como por la nueva correlación de fuerzas que ha venido despuntando en el globo terráqueo en los albores del siglo XXI.
Más que por ansias expansionistas la determinación de la élite estadounidense está dada por la necesidad que tiene de resguardar, bajo su control, una región que desde hace doscientos años ha considerado su patio trasero y a la que requiere doblegar sus actuales ímpetus libertarios para poder enfrentar, en mejores condiciones, los exigentes llamados de atención que le imponen la presente y retadora correlación de fuerzas a nivel mundial.
Está claro que en ese empeño por obstaculizar y truncar el desarrollo y consolidación de la Revolución Bolivariana, la élite imperial estadounidense ha apelado y recurre a la instrumentación de los más diversos mecanismos, desde los más, aparentemente, inocuos pero efectivos para sus propósitos hasta los más letales y desaprensivos.
Es decir, entendemos que el imperialismo nos tiene declarada una guerra, por supuesto, no oficializada en la que hace uso de distintos dispositivos que abarcan desde la acción diplomática hasta la presión militar, pasando por la “guerra económica”, la “guerra psicológica”, la “guerra mediática”, la desestabilización política e institucional, los intentos golpistas, la movilización de masas, la participación electoral, el guarimbeo fascista, intentos de magnicidios, el rumor desquiciante y todo un sinfín de acciones destinadas a crear un ambiente propicio desencadenante de una situación socio-política que le procure retomar el control político del país por cualquier vía.
Para el desarrollo de esta estrategia multiaccionaria y acompasada, el imperialismo, ha contado con el concurso de la derecha internacional y, naturalmente, de la desnacionalizada y desplazada “clase política” y económica local que en su desespero por reconquistar el poder del país se ha prestado para todo tipo de iniciativas irracionales y antinacionales.
Y, por supuesto, dentro de esa irracionalidad que caracteriza la desesperada, pero, al mismo tiempo, paciente estrategia imperialista también ha recurrido a la fórmula del paramilitarismo, ya probado, con éxito, en otros escenarios. La vecina Colombia y las distantes Libia, Siria y Ucrania dan testimonios recientes de este componente de la estrategia doblegadora imperial, naturalmente, aplicado en cada país, ajustado a sus condiciones particulares.
El modelo colombiano
En el caso concreto colombiano, que es el que nos toca más de cerca, el fenómeno del paramilitarismo comenzó siendo un experimento de élites regionales, políticas y económicas colombianas que ante el avance de las guerrillas insurgentes sintieron la necesidad de defender, directamente, sus intereses en virtud de que el Estado central oligárquico venía evidenciando una incapacidad manifiesta para contener la presencia creciente y envolvente de los movimientos guerrilleros en determinadas zonas de la geografía nacional; fue así como nacieron organizaciones como las CONVIVIR y para tales efecto establecieron alianzas con grupos provenientes del narcotráfico que por la vía del terror, de prácticas criminales lograron imponer su dominio en zonas puntuales de algunos Departamentos contando con la venia y la complicidad de sectores del estamento militar colombiano.
Este proceso que se inició hacia finales de la década de los años setenta del siglo pasado, en la medida en que fue alcanzando ciertos triunfos con sus prácticas contrainsurgentes y de terror hacia la población civil, fue creando las condiciones para la conformación de un mando central dando paso para la constitución de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hacia el año de 1998. De su texto constitutivo se extrae” definir las Autodefensas Unidas de Colombia como un movimiento político-militar de carácter anti-subversivo en ejercicio a la legítima defensa que reclama transformaciones del Estado, pero no atenta contra él”; siendo uno de sus objetivos la reconfiguración del territorio en el que se actúa, estableciendo una relación de poder que implica el control de la población y de los recursos existentes en el espacio en cuestión.
Para este momento, ya tenían delineado una estrategia general en los campos político y militar “ para enfrentar a la insurgencia como su declarado enemigo en un contexto de confrontación que adquirió una dinámica en la que se hicieron alianzas con la institucionalidad política y militar del Estado, las élites sociales, políticas y económicas regionales y nacionales, sectores estratégicos de la economía, empresas trasnacionales con presencia en el país y la delincuencia organizada del narcotráfico”; en esta fase ya formaban parte de la estrategia de contrainsurgencia imperial y contaban, ciertamente, con la tolerancia y complacencia de las Agencias de Seguridad e Inteligencia imperiales.
Fue tal su crecimiento y expansión que llegaron a aglutinar unos 30 mil hombres en armas, con presencia determinante en 12 Departamentos del país e influencia en otros, especialmente en el norte colombiano, en la zona central y hacia los fronterizos con Venezuela, en los que lograron imponer un régimen de terror y miedo que generó masivos procesos de desplazamiento de la población civil (alrededor de 6 millones de personas desplazadas), asesinatos selectivos, masacres y genocidios (algunas fuentes recogen la cifra de hasta seiscientos mil muertos); además de contar de impunidad en su accionar y de la tolerancia y complicidad oficial, dispusieron de un significativo y abundante poder de fuego cuya procedencia es fácil colegir.
Cuando se señala que las organizaciones paramilitares llegaron a alcanzar en la sociedad colombiana una presencia determinante, eso hay que traducirlo, en el ámbito político, que para el 2010 llegaron a controlar más de 250 alcaldías, decenas de Legisladores en las Asambleas Departamentales, Gobernaciones y el 35% del Parlamento Nacional; presencia en las instancias de Seguridad del Estado colombiano, en dependencias de la propia Presidencia de la República, en la Rama Judicial, entre otras instituciones, además, por supuesto, de las conexiones debidas en la Policía Nacional y en la Fuerzas Armadas.
Es decir, el paramilitarismo logró establecer relaciones de dominación y poder en distintos territorios y escenarios de gestión pública y poder político. A todo lo cual, hay que agregar, naturalmente, la presencia envolvente de un sector emergente en la economía y la sociedad colombiana vinculado estrechamente al paramilitarismo y al narcotráfico, algunos analistas lo catalogan como el sector más dinámico de la economía colombiana (por cierto, hay que destacar el inusitado crecimiento del tráfico de drogas y la proliferación de cultivos de coca en las zonas de expansión de los paramilitares).
Todo este proceso se desarrolló, fundamentalmente, durante el período en el que Álvaro (Varito) Uribe Vélez ocupó el primer plano de la política colombiana, período en que las instituciones partidistas tradicionales con más de 100 años de existencia (Partidos Conservador y Liberal) fueron, prácticamente barridas del escenario político dando paso a nuevas organizaciones, varias de ellas influenciadas por el narcoparamilitarismo; y período en el que, así mismo, se acentúo la influencia estadounidense no sólo militar y política sino económica e ideológica en el tejido social colombiano.
A estas alturas del juego, con el declive de Uribe Vélez, el paramilitarismo, en Colombia, ha entrado en una fase de mimetización que no de extinción, sus jefes más connotados están muertos o desaparecidos, como es el caso de Carlos Castaño, quien venía de las entrañas del cartel de Medellín o en resguardo en cárceles estadounidenses, Vicente Castaño, Salvatore Mancuso, Diego Murillo alias Don Berna y Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40; pero, en general sus diversas expresiones han encontrado la manera de integrarse a la cotidianidad colombiana, a través de un pacto acomodaticio de reinserción social, insuflándole su carga de perversión moral y falta de ética a la sociedad del hermano país.
Pero hubo quienes no se acogieron a la reinserción social, continuando con su dinámica delincuencial, el sicariato, el impulso y protección al tráfico de drogas, el secuestro, cobro de vacunas, etc., dando lugar al surgimiento de las Bandas Criminales, las Bacrim, que continúan operando con sus secuelas de crimines, especialmente, en la frontera colombo-venezolana.
Exportado hacia Venezuela
Es un secreto a voces que el gran jefe del paramilitarismo colombiano es Uribe Vélez, enemigo jurado de la Revolución Bolivariana, quien a su vez mantiene estrecha conexión, pública y notoria, con connotados voceros de la ultraderecha venezolana, algunos de los cuales lo erigen, abiertamente, como guía y mentor; de manera que ya por allí hay sobradas razones para ubicar el cordón umbilical que ata a sectores de la derecha venezolana con el paramilitarismo colombiano y sus derivados.
Ya en la época de la expansión del paramilitarismo hacia los Departamentos fronterizos con Venezuela (Guajira, Santander, Norte de Santander, Arauca y el Vichada) se hizo sentir la presencia del paramilitarismo en nuestro país, en los estados Zulia, Táchira y Apure pero todavía como consecuencia de los desplazamientos que hacían en sus planes de contrainsurgencia en los que por momentos traspasaban los límites fronterizos ocurriendo algunos enfrentamientos con contingentes de la Fuerza Armada Bolivariana.
Pero, luego comenzaron a establecerse en poblaciones fronterizas venezolanas, camuflageados como vecinos comunes y silvestres, comprando fincas y comercios, y desplazando hacia nuestro país sus prácticas delictivas, como el cobro de vacunas, el sicariato, el abigeato, el tráfico de drogas, el contrabando de gasolina y de otros productos y con ello sus horrendas formas de asesinar, con múltiples balazos en la cara de las víctimas, descuartizando los cuerpos, incinerando los cadáveres e incluso a personas vivas, las fosas comunes, etc.; el paramilitarismo introdujo una práctica criminal que en nada se corresponde con la tradicional tipología delictiva venezolana, reprodujo en nuestro país el modelo criminal con el que sembraron desolación, muerte y terror en su país de origen.
Con la desmovilización del paramilitarismo en Colombia, las Bacrim derivadas se han trasladado hacia este lado de la frontera trasladando su modus operandi y retando a las instituciones del Estado venezolano con el propósito de instalar zonas bajo su control absoluto, micro-Estados, tal cual como lo hicieron en su país de origen en el cual contaban con la aquiescencia oficial o de instituciones del Estado colombiano.
Es de hacer notar que esta situación no es exclusiva de la frontera colombo-venezolana sino que está presente en muchas”fronteras calientes” del mundo en las que hay una interacción social muy activa que incluye también, por supuesto, el intercambio delictivo.
Pero aquí, queremos referirnos, expresamente, a la exportación del modelo delictivo paramilitar considerado desde la perspectiva política. Haciendo la salvedad pertinente que en Colombia, en algún momento de su desarrollo y expansión, el paramilitarismo tuvo una connotación política; sus conductores intentaron imprimirle y, de alguna forma lo lograron, dotarlo de un perfil político- ideológico, de derecha, naturalmente, que perseguía la derrota político-militar de la insurgencia revolucionaria guerrillera; y que para tal efecto, lograron cuajar una alianza: paramilitarismo, Estado oligárquico colombiano e imperialismo con la finalidad de impedir el ascenso del pueblo colombiano al poder político del país. Alianza en la que cada uno de sus componentes incorporaba sus métodos y formas de actuación, el paramilitarismo incorporó el suyo, sin ningún tipo de limitación legal o constitucional, el nada sutil de masacrar a la población y la abierta represión criminal.
La derecha venezolana en su desesperación por reconquistar el poder político del país y ante la incapacidad de concebir una estrategia que le haga posible ganarse el concurso de las amplias masas, ha incursionado en diversos intentos, fallidos todos, uno de ellos, hacer acopio de paramilitares colombianos para realizar acciones de comando como el que se plantearon desde la finca Daktari, en EL Hatillo, en el 2004, con el que pretendían atacar el Palacio de Miraflores y asesinar al Presidente Chávez. Y como ese muchos otros, que no son necesarios reseñar en esta oportunidad.
Ahora se han planteado, paralelo a todas las iniciativas de distinta naturaleza que han venido instrumentando con la asesoría, financiamiento y direccionalidad imperial, dirigidas a desestabilizar al gobierno bolivariano, la modalidad de sembrar, por un lado, las llamadas células dormidas de paramilitares colombianos en algunas zonas estratégicas del país, las fronterizas y las de mayor densidad, mimetizándolas en la cotidianidad social venezolana, esperando el momento oportuno, según sus cálculos, para que afloren asumiendo la función desestabilizadora que tienen asignadas.
Por otro lado, la siembra, también, de Bacrim en zonas estratégicas del país para que esparzan el miedo y el terror en la población, generando caos, intranquilidad e incertidumbre en la sociedad con miras a ir creando situaciones propiciatorias que favorezcan sus planes golpistas, fascistas e insurreccionales que siempre guardan bajo la manga.
Y en Miranda es la cosa
En general, Miranda es un estado estratégico que se caracteriza por su densidad (más del 10% de la población venezolana), por su importancia electoral, por su significación económica- industrial y, fundamentalmente, a nuestro juicio, por su cercanía con los centros del poder político del país.
Pues bien, aquí en esta plaza estratégica es donde ha anidado con mayor fuerza el auge delictivo con rasgos paramilitares, hay indicadores que señalan la existencia concreta, real de las dos modalidades en que se expresa la forma delictiva paramilitar que hemos identificado previamente, las “células dormidas” y, especialmente, las Bacrim que operan en los llamados “corredores de paz” en los que grupos o colectivos armados se “apropian” de un territorio en los que prohíben o condicionan el acceso de la fuerza pública; ni más ni menos, la figura de los micro-Estados o de la reconfiguración del territorio en donde la población queda inerme bajo el control de los delincuentes; es decir, podríamos estar frente a la reproducción de un modelo delictivo importado con una determinada finalidad política.
Evidentemente es muy grave esta situación, hay que constatarla permanentemente con la realidad, pero no se debe descartar a tenor de lo acontecido en otros países en los que el imperialismo ha tenido sus manos o pezuñas metidas, con modalidades paramilitares similares y en donde las consecuencias han sido lamentables para los pueblos y para sus esfuerzos de liberación. Estudiar los casos de Ucrania, Libia y Siria sería, por demás, ilustrativo.
En Miranda, a la vuelta de pocos años han aparecido bandas delictivas con el modus operandi paramilitar, con alto y sofisticado poder de fuego y abundante financiamiento, concentrándose en las zonas populosas en donde la votación chavista es claramente mayoritaria generando, progresivamente, un ambiente de terror y procurando sembrar el miedo desmovilizador: el Tuy, Barlovento, los barrios populares de Plaza- Zamora y de Guaicaipuro y Sucre dan testimonio fehaciente de esta situación, la cuestión ya no es que estas bandas estén dirigidas por delincuentes de origen colombiano sino que están reproduciendo el método importado desde el vecino país. Pero alguien o alguna instancia han estado dirigiendo metódicamente esta operación.
“Corredores de paz” que han sabido contrarrestar, asimilar o absorber anulando el efecto de las iniciativas emprendidas por el Gobierno Bolivariano en aras del desarme y la reinserción de jóvenes incursos en el mundo del delito; ante los ofrecimientos y recursos aportados por el Estado a estos colectivos de jóvenes, han terciado otros ofrecimientos más copiosos y más atractivos (armas sofisticadas, dinero, drogas), ¿por parte de quién?, para desestimular la reinserción que se aspira.
En cuanto a las “células dormidas” para muestra un botón: a finales de marzo pasado se corrió el rumor, en Petare, totalmente infundado, de que se había desatado una ola de robo de niños para extraerle sus órganos que luego serían vendidos. A pesar de que no había ninguna evidencia que avalara tal rumor, algunos “buhoneros”, concretamente, “el catire Rafael” y “Luisa” se volcaron, con mucho empeño, a soliviantar a sus compañeros de trabajo para que salieran a protestar ante tal “abominable hecho”, felizmente las cosas no pasaron de una escaramuza y de una declaración a un medio de televisión privado que “oportunamente” estaba situado en el lugar de la “protesta”, a la salida del Metro en Petare; el caso es que el “catire” y “Luisa” siempre habían mantenido una postura por demás pasiva. Se entiende que recibieron la orientación de que se hicieran eco del rumor con el que se pretendía prender una mecha en Petare, ambos, luego, volvieron a “dormirse”, a su pasividad habitual, incorporándose, eso sí, al “bachaqueo” depredador.
Por otra parte, llama la atención, la manera displicente, por decir lo menos, del gobernador Capriles de tratar el álgido problema de la inseguridad en el estado: en vez de aumentar disminuye el ya de por sí deficitario número de efectivos de la policía regional, el patrullaje de esta policía brilla por su ausencia en las carreteras, calles y barrios de la entidad, no muestra interés en integrar el cuerpo policial que está bajo su mando a las acciones de contingencia promovidas por el gobierno nacional y, extrañamente, tampoco muestra mayor preocupación por dotar a la institución policial de la logística necesaria para mejorar su funcionamiento y rendimiento; todo indica que tal negligencia está en correspondencia con un plan de no combatir el delito y de estimular, de alguna forma, el caos y el desasosiego en la población mirandina; un dato revelador, durante la gestión Capriles, el estado Mirando ha pasado del sexto al primer lugar con el mayor índice delictivo del país, un récord nada honroso pero que puede ser indicador de lo que se trae entre manos la derecha opositora al no combatir , como debe, la inseguridad y el delito.
La caracterización de la cercanía de Miranda al centro de Caracas, a nuestro entender, hay que ponderarla en su justa dimensión porque más que un hecho geográfico que denota la relación entre dos puntos, está el dato político de que en Miranda, en su Área Metropolitana Caraqueña y en Los Altos Mirandinos, están situados 6 Municipios controlados políticamente por la oposición y con una composición social marcadamente de clase media; la masiva base social opositora que ha sido movilizada con propósitos insurreccionales en varias oportunidades, algunas veces, sólo como globo de ensayo, hacia los centros del poder político ubicados en el Centro de la Ciudad Capital.
A manera de hipótesis formulamos que el papel que se le tiene asignado al paramilitarismo en Miranda, en el marco de la estrategia imperialista, además de contribuir a acentuar y a inducir la descomposición social, a sembrar el miedo y el terror en la población, podría ser, perfectamente, el de estimular la desmovilización, contener la movilización popular, a través de una fuerte y brutal represión, en un momento estelar en la que se requiera para contener y enfrentar una posible y eventual movilización de la masa opositora hacia los centros del poder político.
Es decir, sabiendo cancelada la vía electoral para acceder al poder, la burguesía y el imperialismo se decidan dar el zarpazo tomando el camino de la insurrección, ante esa circunstancia el pueblo bolivariano saldrá a la calle, a Miraflores, a defender a su gobierno, como ya lo hizo en el momento estelar del 13 de abril de 2002 y tendrá que combatir con denuedo y decisión a un paramilitarismo que intentará servir de ariete desmovilizador y represor.
El dispositivo paramilitar incrustado en Miranda, al igual que el del resto del país, tiene una diferencia sustancial con la experiencia colombiana, el de allá era un instrumento de las clases dominantes y del imperialismo y se apoyaba en el Estado para enfrentar la insurgencia guerrillera y sus propósitos de cambio revolucionario de las anquilosadas estructuras económicas y sociales de la sociedad colombiana, el de aquí, por el contrario, igual es un instrumento, hasta ahora, de menor calibre, de la clase política y económica desplazada del poder, que en alianza con el imperialismo depredador pretende derrocar al Gobierno Bolivariano y destruir la Revolución Bolivariana y Chavista. Pero allá tenía la venia y el apoyo del Estado, aquí está enfrentado al Estado, el cual debe combatirlo y someterlo, desde ya, al rigor de la Ley con el apoyo pleno y contundente del bravo pueblo venezolano.
Es tarea prioritaria del Estado y del Gobierno Bolivariano combatir y enfrentar al paramilitarismo, para ello, en primer lugar se debe emplear con el mayor vigor la fuerza pública y aplicar con el mayor rigor las Leyes de la República, este es un monstruo que no los han sembrado para atacar por mampuesto al proceso revolucionario. El pueblo, en coordinación con el Estado, debe hacer uso de la inteligencia y del control social para detectar, denunciar y señalar a los agentes del paramilitarismo y para rescatar los espacios que a la fecha este haya tomado en función de sus repudiables y condenables planes.
