"Del año 90 al 2006, llegaron las inversiones... ¿dónde llega un inversionista? ¡No nos engañemos! No va a un país empobrecido a ayudar. Eso es el cuento. Llegan a hacer el negocio de su vida. Buscan gobiernos peleles para mantener el control sobre nuestras naciones. Pero en cuanto sus beneficios descienden, se van. El inversor no juega con su plata". Quien así habla, quien con tanta contundencia se expresa es Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
Sus palabras activaron una cadena de denuncias sobre la actividad de algunas empresas españolas que pusieron en pie de guerra a la XVII Cumbre Iberoaméricana celebrada la semana pasada en Santiago.
Pero el alegato de Ortega frente a propuestas liberalizadoras del mercado como antídoto contra la pobreza parecen difícilmente rebatibles. Datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indican que 234 millones siguen viviendo en la pobreza y 107 millones son pobres de solemnidad. Además, 80 millones carecen de agua potable. La conclusión es demoledora: en los últimos 17 años en los que España se ha convertido en el principal inversor europeo y el segundo del mundo tras EEUU en el continente, las diferencias entre ricos y pobres no se han reducido, sino que se han incrementado. El resultado es que el 57% de sus ciudadanos no cree ya en la buena fe de las inversiones españolas, según el Latinobarómetro.
"Exitosas económicamente pero desprestigiadas socialmente", indican desde algunas cancillerías latinoamericanas. Las denuncias contra las multinacionales españoles se acumulan. Una afecta a la multinacional petrolera Repsol YPF, que en 2004 incrementó sus ganancias un 29,4% gracias al crudo extraído en Bolivia. Ahora, se enfrenta a una demanda de Ecologistas en Acción por su presencia en siete parques protegidos del país andino, algo impensable que se repitiera en España.
La banca tampoco se libra del azote de un huracán que, para algunos, sólo ha comenzado. Human Rights Watch y varios movimientos indígenas acusan al BBVA y al Banco de Santander de financiar proyectos de ética dudosa relacionados con minas de oro, cobre y zinc, oleoductos y gasoductos que contradicen los estándares de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la contribución activa, pero voluntaria de las empresas al mejoramiento global del lugar
donde actúan .
Se refieren a la mina Yanacocha de Perú, el segundo yacimiento de oro más grande del planeta, que en 2000 causó una intoxicación masiva con un vertido incontrolado de cianuro en las aguas de la zona. La contaminación provocó el desplazamiento forzoso de 70 familias indígenas. Estos grupos responsabilizan al BBVA de haber prestado 100 millones de dólares a sus administradores mineros.
Teléfonos de Perú, antes de ser adquirida por la española Telefónica, tenía 12.094 trabajadores. Ahora son 3.823. En Colombia, la inversión extranjera durante estas dos últimas décadas se ha incrementado en más de 4.000 millones pero el Producto Interior Bruto (PIB) sigue congelado en sus bajos niveles de siempre, la tasa de paro creció tras las privatizaciones y el índice de pobreza se disparó.
Desde el Observatorio de las Multinacionales de América Latina (OMAL) apuntan que una de las causas de estos excesos es el manejo magistral "que empresas como Repsol" hacen de los criterios de la Responsabilidad Social Corporativa, "el arte del lavado de cara". En su opinión, aparecen como mecenas en el mundo del arte (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona), en la música (trabaja con la UNESCO), en universidades (apoya cursos de verano, investigaciones, becas..), otorga premios medioambientales, apoya programas de cooperación al desarrollo o dispone de etiquetas verdes en todos sus productos.
Incluso sus códigos de conducta y sus mecanismos de autorregulación exigen respeto a los derechos humanos. "Ahora bien, sus inversiones, ganancias y riesgos están sujetos al Derecho Internacional del Comercio, derecho duro, imperativo, coercitivo, sancionador y tutelado por tribunales económicos cuyas sentencias sí son de obligado cumplimiento", indican desde OMAL.
Fernando Casado, director del Centro de Alianzas para el Desarrollo (CAD), reconoce que el desembarco empresarial español en América Latina aporta el 9% del PIB del continente "algo muy importante". Sin embargo, admite que los cambios políticos experimentados en países como Ecuador, Venezuela o Bolivia exigen "una nueva fase de relaciones". Casado cree que España debe fomentar el diálogo con las administraciones locales. "El futuro pasa por las alianzas público-privadas y una mayor implicación social de las empresas". Nada nuevo. Al menos para John Kenneth Galbraith que recuerda el hecho de que el mercado no produzca óptimos resultados sociales "hace tiempo que fue reconocido por los economistas".
Algunas sombras empresariales sin respuesta
Bombas de racimo
Human Rights Watch, en su informe, ‘Inversiones explosivas’ incluyó al BBVA y al Banco Santander de financiar a compañías que extraían mineral en Latinoamérica con destino a la fabricación de bombas de racimo, que en 2006 mataron a 3.830 personas en Irak y Líbano.
Pueblos indígenas
l Gobierno peruano de Alan García mantiene paralizado un plan de Repsol de prospección en una zona selvática donde viven 15 pueblos indígenas no contactados. El motivo es que “no tuvo en cuenta la existencia de estas comunidades en su evaluación de impacto ambiental”.
Apropiación de tierras
Endesa fue llevada a los tribunales en Chile acusada de “usurpar la tierra” de pueblos mapuches.
Sentencia simbólica
El Tribunal Permanente de los Pueblos, un organismo de expertos que juzga posibles delitos de forma simbólica, consideró “corresponsable” a Repsol de actos de violencia provocados por paramilitares en la zona petrolera colombiana de Arauca.
Electricidad
Unión Fenosa ha sido denunciada en Nicaragua por mantener sin electricidad a más de 600.000 personas.
