Nadie puede negar la división ideológica de Venezuela. La verdad está allí y hay que aceptarla con todas sus consecuencias. Ahora bien, lo que no puede admitirse es que los llamados "enemigos del gobierno" se hayan convertidos en "enemigos del país", al punto de que figuren como los autores de los "affidavits" (declaraciones juradas) destinados a producirle daños a Venezuela, a destruir sus riquezas; que actúen como los solicitantes exitosos de medidas cautelares contra nuestros intereses. Se trata de quienes falsean en juicio las realidades para perjudicarnos; presentan informes en su calidad de ex funcionarios públicos, altamente calificados en virtud de los cargos que desempeñaron, malinterpretando la legislación venezolana y sosteniendo como valederas tesis que nunca han sido reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico. Es a tales personas a las que denominamos "los abogados de la contraparte", cuya actuación no se limita a ser contraria a un régimen político, sino que es adversa al Estado venezolano, al país, a la patria.
Justamente al mencionar este último nombre surge la necesaria asociación con el delito de traición a la patria, porque es en el mismo en el cual debería encajar la calificación de su conducta. Bien sabemos que la "tipicidad" de nuestro Código Penal se quedó apegada a conceptos elementales según los cuales tal delito es sólo el que se refiere a los actos políticos relativos a la rebelión, a los alzamientos, a las confrontaciones armadas y no a otras formas menos violentas -pero algunas veces más perversas- como lo es la alianza con la "contraparte" en juicios en los cuales lo que se discute está vinculado con nuestra soberanía. El ejemplo de una conducta lesiva a Venezuela está presente en el hecho de que en cada una de las demandas que las grandes empresas transnacionales han ejercido contra Venezuela en los tiempos recientes, actúan nuestros compatriotas como expertos dado así su aporte para que se lesione nuestro patrimonio, para que se provoquen daños ingentes a los recursos destinados a nuestro desarrollo.
Hay que plantearse hasta dónde llega la legitimidad de la conducta de los abogados que apoyan los infundados ataques jurídicos que se hacen al país como entidad, independientemente de la postura política que se asuma cuando en los juicios contra Venezuela actúan como abogados de la contraparte.
Ex magistrada del TSJ
