3. ECONOMÍA

3.1. Dependencia de los hidrocarburos

El hecho central de la economía venezolana, que es su obvia dependencia de la venta de un recurso no renovable energético, a la vez que constituye una fortaleza considerable, comporta una vulnerabilidad.

Aparte de que las potencias hegemónicas pueden intentar y han intentado acciones violentas para apoderarse de nuestros hidrocarburos, el abundante ingreso de divisas desalienta otras actividades productivas.

 Dejada a su propia dinámica, nuestra economía derivaría hacia una vasta operación de importación financiada con las divisas derivadas de la exportación de hidrocarburos. Ello nos hace críticamente vulnerables. El Estado debe intervenir activamente para estimular y privilegiar actividades productivas que disminuyan la dependencia del ingreso petrolero y de las importaciones.

3.2. Sustitución de importaciones

 Durante gran parte del siglo pasado la acción del Estado sobre la economía propició la sustitución de importaciones, favoreciendo la producción en el país de bienes destinados al consumo privilegiado y a veces suntuario de los sectores de mayores ingresos.

 El Estado debe utilizar sus considerables recursos para promover una abundante producción de bienes de consumo básico para atender las necesidades de las grandes mayorías.

 Por otra parte, es indispensable reactivar la política interrumpida de estimular el crecimiento de un gran sector metalúrgico, cuyos productos sirvan de base para el incremento de una industria nacional que supla nuestras necesidades, y facilite una plataforma para la fabricación de maquinarias productivas.

3.3. Oligopolios en la distribución

Por su falta de soberanía alimentaria, Venezuela vive bajo la perenne amenaza de un bloqueo de alimentos y otros insumos básicos, provocado por agentes externos o internos con la finalidad de desestabilizar política y socialmente al país.

Objetivo de todo bloqueo es desarticular la resistencia social mediante la escasez. En el cierre patronal de 2002 y 2003, antes del referendo de 2007 y también hoy funcionan operativos de acaparamiento, contrabando de extracción y desviación de alimentos subsidiados hacia el mercado negro informal.

Se debe por tanto fortalecer y sanear las redes de distribución paralelas bajo control público para evitar en lo posible desabastecimientos artificiales manejados con fines políticos.

4. ESTADO Y POLÍTICA

4.1. Soberanía limitada

El actual ordenamiento constitucional incorpora puntos jurídicamente débiles que han permitido agresiones contra nuestra soberanía.

Así, el artículo 151 de la Constitución acoge una posible excepción que permite someter las controversias sobre los contratos de interés público de Venezuela a la jurisdicción de leyes, tribunales y juntas arbitrales extranjeras. En virtud de ello, la transnacional Exxon embargó activos de PDVSA en el exterior, y pretendió embargar activos del Banco Central de Venezuela.  Esta brecha en nuestra inmunidad de jurisdicción alienta una granizada de demandas temerarias para apoderarse de nuestras exportaciones.

Sugerencia: A través de normas de rango legal se puede perfectamente limitar una excepción que hasta el presente casi se ha aplicado como regla. El Poder Ejecutivo debe asimismo impartir instrucciones a sus órganos prohibiéndoles incluir en los contratos de interés público cláusulas de sometimiento a tribunales extranjeros.

Otra peligrosa brecha figura en  el artículo 26 de la Constitución, que atribuye rango constitucional e incluso supraconstitucional a los tratados sobre Derechos Humanos. En función de alguno de dichos tratados, una conjura judicial externa o interna podría deponer al Presidente de la República mediante condena que le atribuyera una supuesta violación de los Derechos Humanos. Acciones en tal sentido han sido interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA.

Me comunicó Alí Rodríguez que en 2002 las aseguradoras del Lloyd bloquearon nuestros muelles declarándolos inseguros e invalidando las pólizas otorgadas a naves que recalaran en ellos. Una conjura semejante podría hacer inaccesibles nuestros puertos y aeropuertos, o prohibirnos los extranjeros en un momento de crisis. Venezuela debe hacer lo posible para ampliar el número y la capacidad de sus flotas de tanqueros, para conjurar otro posible bloqueo de las aseguradoras. La necesidad primordial de energía fósil impedirá que los demás países nos cierren sus puertos de manera total o decisiva, siempre y cuando podamos llegar a ellos con nuestras unidades.

4.2. Lealtad de ciudadanos y funcionarios hacia potencias extranjeras

Gracias al régimen de doble nacionalidad permitido en el artículo 34 de la Constitución, ocupan puestos claves para la soberanía de Venezuela personas con la nacionalidad de otros Estados, hacia los cuales siguen ligadas por indisolubles deberes de fidelidad, obediencia, lealtad y servicio militar.

En virtud de otras disposiciones constitucionales, la totalidad del ejército venezolano salvo el ministro de la Defensa; la totalidad de nuestro poder Legislativo salvo Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Nacional; la totalidad de nuestro poder Judicial salvo pocos funcionarios del Tribunal Supremo, podrían estar integrados por personas con otra nacionalidad. La totalidad de las gobernaciones y alcaldías, salvo las fronterizas, podrían ser ejercidas por personas con otra nacionalidad. Estas personas están ligadas a distintos deberes de lealtad y obediencia igualmente válidos, que en casos de conflicto o confrontación externa resultarán inevitablemente contradictorios.

 Parte significativa de nuestra clase dirigente viene de la migración europea de los cincuenta; la cual fue seleccionada por la Comisión de Migraciones Europeas en función de su demostrado derechismo, certificado por los párrocos de las localidades. Muchos han optado por recuperar su nacionalidad originaria, o la de sus padres o abuelos.

En caso de ser enjuiciados, los ciudadanos con doble nacionalidad pueden viajar a su otro país y alegar su otra ciudadanía para evitar la extradición, como lo hizo el banquero Álvarez Stelling o, más recientemente, el venezolano-estadounidense Antonini Wilson. Gracias a los tratados contra la doble tributación, muchos están excluidos de pagar impuestos en Venezuela, donde obtienen la totalidad de sus ingresos. Tenemos así una porción significativa del estamento dirigente con todos los derechos y casi sin obligaciones hacia el país, que puede llamar y de hecho llama en su defensa a su otra patria cada vez que un interés suyo es afectado en Venezuela.

Por otra parte, unos cuatro millones de colombianos habitan en Venezuela. La Constitución colombiana considera traidor a la patria a quien no defienda con las armas a Colombia, aunque haya adquirido otra nacionalidad. Ninguna norma venezolana la equilibra o contrarresta. Sería interesante especular sobre el país al cual serían leales en caso de conflicto. Por admitir brasileños como funcionarios en su cancillería, perdió Bolivia más de 300.000 kilómetros cuadrados. Las leyes de México prohíben a mexicanos con otra nacionalidad desempeñar cargos vinculados con la Defensa.

Sugerencia: Urge que Venezuela revise sus normas y políticas sobre la materia, de acuerdo con los principios según los cuales a los países con grandes emigraciones les conviene conservar los nexos con sus emigrados, mientras que a los países con grandes inmigraciones, como Venezuela, les conviene integrar plenamente a los inmigrados, lo que implica constituir vínculos de fidelidad y lealtad exclusivos y excluyentes en lo civil y político, sin menoscabo ni perjuicio de las vinculaciones culturales que todo ser tiene puede tener y cultivar con las distintas civilizaciones del mundo.

4.3. Vulnerabilidad financiera

 Mediante los Tratados contra la Doble Tributación se ha constituido un sistema de evasión tributaria legalizado con grave perjuicio de los intereses del Fisco.

 Mediante estos tratados, se admite que ciudadanos o empresas de un país extranjero que obtengan beneficios económicos en Venezuela no paguen impuestos en ésta sobre dichos ingresos, sino que los paguen en su país de origen, a cambio de un tratamiento recíproco para las empresas o ciudadanos venezolanos que obtengan beneficios en el país extranjero que ha suscrito el tratado. Venezuela presta así sus recursos, sus infraestructuras, sus servicios públicos, sus trabajadores educados y asistidos con fondos del Estado, su seguridad jurídica, sin recibir a cambio nada o muy poco fiscalmente para subvenir los cuantiosos gastos que ello comporta. .

 Es fácil comprender que tales tratados benefician unilateralmente a los países extranjeros que tienen grandes cantidades de empresas y explotaciones económicas en nuestro país, mientras que casi nunca benefician a Venezuela, cuyas inversiones en el exterior son, salvo contadas excepciones, insignificantes. Sólo en virtud del Tratado con Estados Unidos la pérdida podría llegar anualmente a 10.000 millones de dólares.

 Sugerencia: Urge una revisión y evaluación inmediata de los resultados financieros de tales tratados, con vistas a su denuncia. Se debe asimismo considerar con gran cautela y estudiar desde el punto de vista de sus resultados financieros cualquier nuevo tratado de dicha índole.

4.4. Sometimiento de las controversias sobre contratos de interés público a leyes, tribunales o juntas arbitrales extranjeras

Una torcida interpretación del artículo 151 de la Constitución, consagrada  en 2008 por el Tribunal Supremo de Justicia, sostiene que en las controversias sobre contratos de interés público Venezuela puede ser sometida a leyes, tribunales o juntas arbitrales extranjeras previa la “manifestación” de un funcionario. Dicha jurisprudencia viola la soberanía y la inmunidad jurisdiccional, consagradas en los artículos 1 y 151 de la Constitución, y entrega atada de pies y manos a Venezuela a organismos como el Centro Internacional de Arbitraje sobre Inversiones (CIADI), que de 232 casos, ha resuelto 230 a favor de las transnacionales y en contra de nuestros países. Valiéndose de jurisprudencias antipatrióticas como la señalada, Exxon intentó embargar las reservas internacionales de Venezuela en 2008, y avanza un juicio contra PDVSA. Una conjura de transnacionales que interpusieran simultáneamente demandas temerarias contra Venezuela podría arruinarla financieramente.

Sugerencia:Nuestro país debe a cualquier costo modificar esta jurisprudencia violatoria de la soberanía; retirarse del CIADI, como lo han hecho Ecuador y Bolivia, y prohibir a sus funcionarios, con sanciones administrativas, civiles y penales, que emitan “manifestación” para someter a Venezuela a jurisdicciones extranjeras.

5. DEFENSA

5.1. Fronteras

No hay frontera en la cual Venezuela a lo largo de su vida republicana no haya sufrido una pérdida, hasta completar cerca de un tercio de la extensión territorial que ganamos en el momento de nuestra Independencia. .

Los 4.700 kilómetros de nuestras fronteras  en su mayoría atraviesan  áreas débilmente pobladas por los nacionales, de fácil acceso para las poblaciones vecinas y de difícil control por su extensión y falta de servicios.

Particularmente crítica es la frontera con Colombia, escenario de contrabandos de extracción y de introducción de gran envergadura, entrada de grandes flujos inmigratorios, objetivo de reivindicaciones limítrofes todavía no extinguidas.

5.2. Amenazas secesionistas

Objetivo estratégico de primera línea es la desmembración territorial de Venezuela, en función de la cual el gobernador del Zulia Manuel Rosales avanza un plan “autonomista” de “rumbo propio” paralelo al de Santa Cruz en Bolivia y al de Guayaquil en Ecuador.

El gobernador Manuel Rosales maneja una policía estadal con caracteres de pequeño ejército propio, y milicias adiestradas por Henry López Sisco, convicto de la masacre de El Amparo.

Los muy numerosos hacendados colombianos o de origen colombiano del Sur del Lago de Maracaibo y de otros estados fronterizos importan para sus fundos braceros de tal nacionalidad, a los cuales mantienen en un régimen de privación de derechos mediante milicias de paramilitares.

En la frontera del Zulia, estratégico estado petrolero, habita la etnia wayuu, que comprende cerca del 60% de la población indígena del país. La Constitución le reconoce la condición de pueblo, distinto del venezolano, con derecho a sus “territorios originarios”  y a sus “autoridades legítimas”.

La reivindicación de estos derechos podría llevar a un movimiento autonómico o separatista, como los ya iniciados por indígenas guaraníes y de otras etnias conra el gobierno boliviano,  por el Pachakutik contra Ecuador, y por numerosas otras etnias en Perú. Grupos armados integrados por wayuu se dedican a varias actividades ilegales, entre ellas el contrabando de extracción de combustible.

 En los últimos años, grupos que dicen representar a los indígenas venezolanos han manifestado categóricamente que la República no puede otorgar concesiones sobre los recursos naturales ni el subsuelo en lo que ellos consideran sus territorios originarios.

 Una movilización de estas etnias o de sus grupos armados podría tener decisiva participación en un plan secesionista o en una intervención armada.

 5.3. Contingentes armados

Venezuela mantiene un ejército de algo más de ochenta mil efectivos, al cual según el World Economic Outlook dedica en 2005 unos 1.477 millones de dólares, el 1,6% de un PIB del cual destina casi 9% a la Educación.

 Colombia en 2007 mantiene 459.687 funcionarios destinados a labores de Defensa y Seguridad; y gasta anualmente en la guerra 6,5 % de su PIB, unos 22.000 millones de dólares anuales,  según los investigadores Juan Camilo Restrepo y Pedro Medellín (Semanario VOZ, edición 2427, cit. Por Álvaro Angarita: “Crece el gasto militar. Guerra devora el presupuesto”; 27-2- 2008 www.geocities.com/vozxcol/voz.pdf).

Tales cifras no sólo implican una extrema desestabilización social, financiera y política de Colombia, sino la dedicación preponderante de todo un país a un empeño bélico que acarrea un abrupto desequilibrio estratégico para la región.

Un ejército y un gasto militar de tal magnitud no pueden tener por único objetivo el control de unos 15.000 insurgentes. Por su talla, apuntan más hacia las reservas de energía fósil de Ecuador y Venezuela, así como al sector amazónico de ambos países y de Brasil.

A estas cifras ya de por sí preocupantes se debe sumar la continua penetración en Venezuela de paramilitares colombianos, que según fuentes dignas de todos crédito cobran “vacuna” e instalan alcabalas en los estados fronterizos, y según el Presidente Hugo Chávez Frías ya han llegado hasta la Capital.

Los paramilitares se instalan en  zonas populares, invierten fondos del narcotráfico en actividades tales como el préstamo usurario a los buhoneros, la trata de personas, el tráfico de drogas, el sicariato y el juego ilegal de bingos, casinos y maquinitas en los expendios de alimentos y bares, y algunos dominan líneas de transporte en los estados limítrofes y otras industrias de significación estratégica.

Estos núcleos paramilitares podrían ser cabezas de puente y Quintas Columnas de una intervención, desatar una guerra civil, y en el caso de un conflicto interno podrían impedir una movilización de los sectores populares como la que decidió el 13 de abril de 2002.

5.3. Pertrechos

Antes de atacar hay que impedir que la víctima tenga con qué defenderse. Estados Unidos vetó a todos los países, incluso España, que nos vendan repuestos militares con componentes de tecnología estadounidense. Debido a la intrincada red de insumos que requiere todo producto complejo en tiempos de globalización, es difícil localizar en Occidente un equipo militar que no incorpore un componente o una patente de Estados Unidos.

Venezuela ha respondido correctamente diversificando sus compras de armamento a países no sometidos a la hegemonía estadounidense, como Rusia.

En previsión de futuros embargos y bloqueos, Venezuela debería ampliar aun más el repertorio de sus proveedores de armas e incrementar sus industrias propias de fabricación de armas y municiones convencionales y sencillas.

5.4. Bases militares

Ante la negativa de Chávez de permitir sobrevuelos de naves militares e instalación de radares por Estados Unidos, éste monta bases en Curazao y Bonaire y desembarca armas y efectivos en la vecina Colombia, en la  cual mantiene concentraciones de efectivos y equipos que equivalen a una decena de bases, instala cuatro nuevas bases que se suman a las existentes, y amenaza reubicar los efectivos y equipos de la base de Manta en costas colombianas cercanas a Venezuela.

Adicionalmente, Estados Unidos rehabilita y repotencia la IV Flota, y le encomienda misiones abiertas de vigilancia en el Caribe y el Atlántico y encubiertas de intimidación y apoyo a las fuerzas desestabilizadoras en el área.

Nuestras bases militares territoriales deberían ser susceptibles de mudanza con una excelente movilidad y establecer fuertes vínculos con la reserva y con las organizaciones populares.

Nuestras bases aéreas deberían contar con hangares subterráneos que las resguarden de operaciones sorpresivas de bombardeo de aniquilación, que seguramente ocurrirán sin previo aviso y con asesoramiento de sofisticados mecanismos de espionaje, como los activados en el asalto colombiano contra Ecuador. Según se ha indicado, se debe habilitar carreteras y autopistas como pistas de despegue y aterrizaje en casos de emergencia.

Nuestras bases navales deberían privilegiar el alojamiento de naves sumamente veloces y maniobrables de patrullaje y detección de señales. En décadas anteriores he navegado varias veces toda la costa venezolana sin toparme con una sola nave de nuestra armada. Esta situación debería cambiar hacia una presencia dinámica y activa en nuestro extenso litoral y mar territorial.

5.4. Puntos vulnerables

 Vías e infraestructuras

 Mientras que el territorio colombiano y el de otros Estados limítrofes presentan pocos puntos débiles, el  venezolano presenta sitios extremadamente vulnerables a ataques puntuales.

 Omitimos responsablemente hacer públicos estos puntos, que se pueden detectar con una simple mirada al mapa. Urge que con respecto a todos ellos se desarrollen planes permanentes de vigilancia, rescate, recuperación y habilitación de vías o recursos alternativos.

  Comunicaciones radioeléctricas

 Durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 los medios de comunicación privados interfirieron y sacaron del aire a los públicos. En el caso de una confrontación, se puede contar con que la casi totalidad de la red mediática privada intentaría desarticular a la población mediante el terrorismo mediático, la desinformación y la interferencia con las comunicaciones oficiales.

 Parte fundamental de nuestras comunicaciones en internet dependen de redes que podrían ser interferidas o dejadas inoperantes por las compañías que las operan. Como la conversión al software libre de los equipos de la administración no ha concluido, cabría esperar graves caídas del servicio e incluso sabotajes en las redes y equipos dependientes de las transnacionales.

 Todos estos demoledores golpes podrían ser ejecutados sin necesidad de una intervención extranjera abierta, con pertrechos y equipos sumamente sencillos, por grupos de población instalados en el país y leales a una potencia o potencias extranjeras.

 Se hace indispensable habilitar con la mayor prontitud posible al satélite Simón Bolívar para que pueda asumir el relevo en la retransmisión de señales radioeléctricas para el caso de emergencia, así como en la instalación de repetidoras terrestres que puedan cumplir tales funciones.

 Todos estos escenarios de agresión deben ser constantemente examinados y estudiados; se deben estudiar y adoptar medidas para contrarrestarlos, y realizar constantes y discretos ejercicios defensivos referentes a ellos, con rigurosa evaluación de los resultados.

6. RELACIONES INTERNACIONALES

 A lo largo del siglo pasado, Venezuela se ha ido integrando en numerosas organizaciones internacionales y ha suscrito tratados, acuerdos y compromisos internacionales de la más diversa índole. Muchas de dichas acciones implican peligrosos sometimientos a la voluntad de entes supranacionales o serias y graves limitaciones de la soberanía.

 Al respecto, hemos señalado las normas que atribuyen rango constitucional a los tratados sobre Derechos Humanos, las que nos someten a organismos arbitrales foráneos, los Tratados contra la Doble Tributación, que permiten la casi absoluta inmunidad tributaria en Venezuela a extranjeros y transnacionales, las normas y tratados de Promoción y Protección de Venezuela y los acuerdos de libre comercio de toda índole.

 Sugerencia: Urge un minucioso estudio de este conjunto de compromisos y regímenes, a fin de evaluarlos, estudiar la posibilidad de denunciar y sustraerse de aquellos lesivos a nuestra soberanía, y refrendar nuevos pactos y tratados que la hagan respetar.

7. CULTURA

7.1. Unidad y consenso de la población

La población venezolana no presenta insalvables diferencias de religión o cultura que propicien antagonismos irreconciliables.

A pesar de que subsisten 34 culturas indígenas originarias con sus idiomas autóctonos, en conjunto no superan el 5% de la población, y las que conservan sus culturas ancestrales están en buena parte situadas en las fronteras o la Amazonia venezolana.

El mestizaje, el predominio del castellano y de la religión católica constituyen  realidades dominantes en el país, y todas favorecen en esencia la comunicación y el entendimiento entre los nacionales.

Sin embargo, una campaña sistemática en lo jurídico y lo comunicacional trabaja por fracturar esta esencial base de entendimiento y consenso entre los venezolanos.

La propaganda opositora sistemáticamente ha tratado el juego político contemporáneo como el preámbulo de una “guerra civil” donde “la gente decente” o los blancos se enfrentarían a los “monos”, “macacos”, “animales”, “tierrúos”, “negros” e “indios” de la “chusma”.

El sistema jurídico, al permitir la doble nacionalidad, propicia una situación ambivalente con respecto a la lealtad y obediencia política hacia el país, y ayuda a que muchos ciudadanos marquen y preserven distancia, no sólo cultural, sino institucional y jurídica con respecto a la “chusma” mestiza.

La declaración constitucional de que los indígenas son “pueblos” distintos del venezolano, con territorios originarios propios y autoridades legítimas asimismo propias, podría ser manipulada para crear situaciones secesionistas o separatistas, como la que acaban de iniciar la etnia guaraní y otras cinco naciones indígenas en la Media Luna de Bolivia, o para sostener, como lo ha hecho la Conaie en Ecuador y numerosas etnias indígenas en Perú, que el Estado no tiene derecho a explotar los recursos en los territorios que los indígenas consideren como originarios.

7.2. Educación y formación científica

 Venezuela presenta un sistema educativo en plena expansión y que ha ganado una trascendental batalla contra el analfabetismo y duplicado la matrícula en Educación Superior.

 Programas sin nociones de identidad patria

 Hacia los años setenta del pasado siglo, obedeciendo las directrices del plan estadounidense diseñado por Robert Atcon, nuestro sistema educativo eliminó las materias Historia de Venezuela, Historia de América, Geografía de Venezuela y Formación Cívica. Varias generaciones han crecido sin nociones de nacionalidad ni pertenencia histórica y cultural.

 Programas sin materias de interés nacional

 La ausencia de referencias hacia lo nacional se prolonga en otras ramas del sistema educativo. Hacia la misma fecha, fueron eliminadas las materias de Derecho de Minas e Hidrocarburos de las facultades de Derecho, las de Economía Minera y Petrolera de las facultades de Economía, las de Ingeniería Petrolera de las facultades de Ingeniería. En el pensum de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, en 64 materias sólo se estudian tres autores venezolanos, que casualmente vivieron en el extranjero y no se ocuparon de temas nacionales o los consideraron con absoluto distanciamiento.

 Investigaciones orientadas por centros hegemónicos

 Una situación similar se presenta en el ámbito de la investigación científica. Con frecuencia los recursos para la investigación se dedican a temas que son del interés de las potencias hegemónicas, o a repetir y confirmar experiencias ya realizadas en éstas, con poca o escasa aplicación a las realidades del país.

 Déficit de profesionales y desempleo profesional

 Venezuela presenta por una parte un déficit de profesionales en ciertas áreas críticas, y por otra parte un desempleo profesional en otras en las cuales la demanda pareciera estar copada o el insuficiente desarrollo económico no abre plazas para una ocupación fructífera.

 Por ejemplo, el país presenta un serio déficit de investigadores científicos, ya que apenas tiene la quinta parte de la magnitud recomendada por las organizaciones internacionales.

 Cantidades significativas de trabajadores intelectuales sin medios de vida y enfrentados a una eventual proletarización constituyen por una parte un desperdicio de recursos humanos y por otra parte un factor de inestabilidad.

 Sugerencia: Es del más evidente interés nacional corregir estas deficiencias cuantitativas y cualitativas.

7.3. Medios de comunicación

 Las cinco transnacionales que dominan la comunicación mundial presentan obsesivamente al gobierno venezolano como ilegítimo, totalitario, agresor, violador de Derechos Humanos, y vetan toda información o comentario que las desmienta. 

 El centenar de diarios, las sesenta televisoras, el medio millar de radios del sector privado del país en su casi totalidad reciclan estas falsedades contra el gobierno electo. Las cincuenta televisoras por suscripción que cubren 21,34% de los hogares del país son operadas por poderosas transnacionales y CONATEL indebidamente les permite actuar fuera de la ley.

 El aparato comunicacional audiovisual simplemente divulga en más de un 60% contenidos elaborados en el exterior, y un 60% de dicha magnitud consiste en productos estadounidenses que promueven el consumismo, el egoísmo, la codicia y la violencia como valores supremos.

 Nuestras plataformas informáticas todavía dependen en gran parte de software monopólico que puede ser hackeado, interferido, espiado o paralizado por empresas o agencias de seguridad de Estados Unidos, como lo fue el de PDVSA a través de la firma Intesa.

 En tal sentido, es urgente que las autoridades apliquen efectivamente las leyes sobre telecomunicaciones; amplíen los recursos y facilidades para creación de medios comunitarios y alternativos, y desarrollen programas de pedagogía para enseñar a las audiencias la decodificación de los mensajes de los medios.

 Las observaciones anteriores se refieren sólo al esbozo de algunos de los numerosos aspectos en los cuales Venezuela presenta debilidades estratégicas obvias y peligrosas que pueden y deben ser corregidas a corto o mediano plazo. El inminente agotamiento de las reservas de hidrocarburos a nivel mundial hace a nuestro país una presa cada vez más codiciable. Debemos estar preparados para cualquier contingencia.

                                                           Luis Britto García

                                                           luisbritto@cantv.net

                                                  brittoluis@gmail.com