1.- El acuerdo suscrito por Colombia y EEUU sobre la implantación de bases militares ha suscitado ya suficientes análisis y ha generado información fiable como para tener un cuadro de hipótesis realistas sobre procesos cuyos desarrollos condicionarán, a mediano y largo plazo, la estrategia política interna y externa del proyecto bolivariano. En particular, puede enunciarse la proposición de que la política exterior norteamericana hacia los países latinoamericanos se encuentra actualmente en un punto de inflexión crucial. Se está abriendo paso un nuevo estilo de relaciones con América latina, en el cual el predominio del principio del smart power, como en el caso hondureño, indicaría que el acuerdo colombo-norteamericano es solamente un componente del arsenal de medios que se utilizarán para intervenir más profundamente en el caso venezolano. Pero si la intervención militar queda planteada como hipótesis para la dirección militar y colombiana, centrar la preocupación solamente sobre un eventual conflicto significa minimizar la importancia de la preparación de condiciones que éste exige. Con ello, el problema de la penetración paramilitar y narcopolítica –altamente avanzada- y, las condiciones económicas y sociales fronterizas que lo permiten en ambos países, deja de ser una preocupación puramente policial, de orden público, requiriéndose un enfoque integral y decidido. Por tanto, si el curso del proyecto bolivariano queda acotado por una nueva realidad política externa hay que asumir que, en ésta, paramilitarismo y narcotráfico de frontera tienen que ser enfrentados con enfoques que dejen de ser puramente situacionales.
Desde este ángulo, la reacción venezolana basada sólo sobre la hipótesis de un futuro conflicto bélico con Colombia, a lo que correspondería tomar medidas en materia de reequipamiento bélico, fortalecimiento de las bases de apoyo social para las fuerzas armadas, desplazamiento de tropas, parece claramente insuficiente. Un evento de esa naturaleza no puede ocurrir sino después de un prolongado proceso de creación de condiciones internas y externas en Colombia y en Venezuela, que lo hagan posible con el menor costo y el máximo de beneficio para sus ejecutantes. No olvidemos que la actual situación de inseguridad en las áreas de frontera ha requerido casi siete años de desenvolvimiento ante la vista y paciencia de autoridades regionales y nacionales.
Por tanto, existen condiciones objetivas que exigen el desarrollo de estrategias que permitan evitar un conflicto bélico, cuyos costos totales harían extremadamente difícil el avance en la transición al socialismo dentro del país.
2.- Puede establecerse una segunda proposición relativa a las relaciones colombo-venezolanas. El giro político del gobierno uribista corresponde a un cambio sustancial en la estrategia externa del Estado colombiano tendente a aprovechar la nueva relación con EEUU para nuevos fines económicos y políticos externos de largo plazo respecto a Venezuela. Es necesario insistir en que este giro no es un mero cambio político circunstancial, derivado de situaciones coyunturales internas a Colombia: se trata de redefiniciones estratégicas para el largo plazo que se han desarrollado a nivel de Estado y no puramente derivadas de un cuadro coyuntural del gobierno colombiano. Desde este ángulo, suponer que el actual convenio militar con EEUU sólo compromete a un gobierno, tampoco es una premisa realista para la elaboración de una estrategia de largo alcance que aspire a minimizar los efectos del convenio militar sobre las relaciones colombo-venezolanas. Tal premisa obliga a reaccionar con medidas de corto plazo, sobre sustitución del comercio de importación, modificación de las relaciones económicas fronterizas de cooperación -tal como se han desarrollado en el área San Antonio-Cúcuta- las que no tienen consecuencias reales que fortalezcan la posición política interna y externa del gobierno bolivariano y del país en su conjunto. Medidas que no se muestran efectivas para modificar los patrones históricos de transversalización de los flujos comerciales inter-fronterizos, cuyos efectos hasta el momento sólo han sido netamente favorables a la economía regional fronteriza colombiana.
En síntesis, ambas hipótesis ponen de relieve la necesidad de situar un conflicto de dimensión nacional sobre la correspondiente realidad regional, en la que los distintos actores operan concretamente y que está caracterizada por la existencia de factores que son decisivos para la defensa nacional. La existencia de una dirección política regional en el área tachirense contraria al proyecto bolivariano puede que sea resultado de un mal cálculo político, de ‘errores’, pero la proclividad a la aceptación de la política colombiana en las élites regionales y de extensos sectores de clase media, en distintos estratos institucionales –con importante presencia en los aparatos educativos- corresponde a realidades sociales de larga data histórica. La debilidad estratégica que implica esta nueva situación para Venezuela tiene una de sus bases de sustentación en la debilidad económica de sus áreas de frontera. Territorios deprimidos y de economía de paso, áreas culturalmente enclavadas en la cultura del siglo XIX desde un punto de vista social, con predominio de los valores y prácticas clientelares y populistas en su vida política.
3.- Si tomamos en serio la apreciación, en cual coinciden importantes analistas, de que se ha alterado el equilibrio geo-político latinoamericano, no cabe menos que concluir de que las dos proposiciones señaladas no son más que deducciones altamente razonables. El equilibrio geo-político histórico colombo-venezolano tiende a alterarse en detrimento de Venezuela como realidad en movimiento, cuya reversión no pasa tan sólo por reacciones diplomáticas dentro de la institucionalidad internacional, cortoplacistas, ni depende de los efectos positivos que tenga la gestión de la economía y política nacional. Las dos hipótesis anteriores ponen en evidencia el punto débil que los dos actores principales, EEUU y Colombia, han detectado en Venezuela: el abandono histórico de las áreas económicas y sociales de frontera. Podría argumentarse que tal aspecto ha sido contemplado por el gobierno bolivariano en tanto ha denunciado con mucho énfasis maniobras e intenciones de propiciar el desmembramiento territorial por factores externos. Tales denuncias han sido utilizadas intensamente dentro de la lucha mediática con la oposición venezolana y, como planteamientos, han sufrido el desgaste consiguiente. La política del gobierno bolivariano de denuncia para derrotar moralmente a aquellos factores internos, que buscan bases territoriales de apoyo para llevar el conflicto interno a un nuevo nivel , no opera sobre los procesos de fondo.
Las áreas fronterizas venezolanas son el flanco débil en una política territorial nacional de concentración urbano-demográfica en las zonas centrales y de un modelo de acumulación de capital, subordinado a la renta petrolera, generador de asimetrías económicas regionales.
4.- Lo anterior permite situar en otro contexto y dimensionar el alcance de las actuales políticas de seguridad interior, de control territorial, y de defensa del Gobierno nacional para las áreas fronterizas. Ubicar estos problemas dentro del ámbito del conflicto político Gobierno-Oposición significa colocarlos en el terreno retórico mediático, con vistas sólo a incidir en poblaciones votantes. En ese plano, el enfoque del Gobierno no parece que vaya a tener efectos positivos de largo alcance. En realidad, la reversión endógena del modelo económico bolivariano sólo puede ocurrir con cambios drástico en los patrones territoriales de los flujos mercantiles y de capital en el mercado interno en el largo plazo. No hay evidencias hasta el momento de que las políticas económicas gubernamentales estén incidiendo positivamente en el área tachirense. Los caracteres de la nueva realidad política externa que sitúa al Táchira en el centro del conflicto, cualquiera sea el carácter que éste asuma en el futuro, requieren medidas extraordinarias desde un ángulo político y económico.
5.- Políticamente, los problemas de seguridad se sitúan más allá de las apreciaciones retóricas respecto de si sus actuales gobernadores son afines, o no, a las políticas uribistas. El horizonte histórico y estratégico para hacer política fronteriza por las autoridades nacionales ha cambiado sustancialmente. En este sentido, la conversión del problema paramilitar y de narcotráfico regional en un problema de seguridad nacional requiere un drástico cambio de enfoque. Un diputado nacional recientemente ha entrevisto la envergadura futura del problema, cuando ha avanzado la idea de centralizar a nivel del Alto Mando militar los enfoques y procedimientos. Pero, considerada esta idea como una simple militarización fronteriza no cala en profundidad, ya que el problema no es enfrentable regionalmente no sólo desde un ángulo militar. En las nuevas condiciones internacionales, en las que ya no se juega la existencia del gobierno bolivariano sino que la viabilidad del Estado y la Nación, se requiere enfocar el problema fronterizo en su conjunto, a través de medidas de corto, mediano y largo alcance en lo político, militar, policial.
Se hace necesaria la intervención del Gobierno central a través de una autoridad única, con poderes extraordinarios que permitan incidir en las dimensiones de inteligencia, policial y militarmente, provista de medios jurídicos y económicos. De planes de intervención estatal con objetivos de remodelación económica y social en las que San Antonio y Ureña y áreas colindantes, por ejemplo, se constituyan en objetivos urgentes de acción nacional para la conformación de un cinturón de seguridad indispensable, con la remodelación drástica de la institucionalidad pertinente, liberándola de las redes de intereses localistas y de su tradicional ineptitud administrativa.
En otros términos, o el gobierno nacional toma en serio su proyecto bolivariano y empieza a tomar medidas revolucionarias en la frontera, o ……
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