Tegucigalpa, 9 de noviembre. Carlos Humberto Reyes es un hombretón calvo y de lentes que todavía trae un brazo vendado, recuerdo del policía que, en una de las marchas de la resistencia, le regaló tres fracturas. También fue, hasta hoy, candidato independiente a la presidencia de Honduras: "Para nosotros participar en las elecciones significa sumarnos a la estrategia de los golpistas", dice, al salir de la entrega de su renuncia a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Desde la embajada de Brasil, el presidente Manuel Zelaya aplaude la decisión, que el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado acompaña de la determinación de ir al "desconocimiento activo" de los comicios del 29 de noviembre, restituyan o no al mandatario depuesto.

De paso, la resistencia acusa al gobierno de Estados Unidos de ser "cómplice" del gobierno de facto, puesto que "maniobró para dilatar la crisis y ahora muestra su verdadera intención de validar al régimen golpista".

La resistencia se reúne frente al Congreso, donde es hora que no sesionan los diputados que han de decidir sobre la restitución de Zelaya, con una declaración del embajador Hugo Llorens como prueba de la "complicidad" del poderoso del norte.

Aprovechando el impasse del fin de semana, luego de que Micheletti dijo que le daba más tiempo a Zelaya para presentar su lista de integrantes del gobierno de "unidad nacional", Llorens dijo: "Los comicios van a ocurrir, esto es claro, el pueblo hondureño tiene derecho de elegir su presidente, un nuevo Congreso y alcaldes, y sería un error histórico y de grandes proporciones negar ese derecho".

De este modo ha respondido el Departamento de Estado a las críticas –un editorial del New York Times, por ejemplo– de que al sugerir el reconocimiento de los comicios Estados Unidos le quitó todo el filo a la única arma que tenía la Organización de Estados Americanos (OEA) para que los golpistas cumplieran el acuerdo de Tegucigalpa-San José.

“El desconocimiento de la farsa electoral se mantendrá firme aun cuando… fuera restituido en su cargo el presidente Manuel Zelaya, en virtud de que 20 días o menos es un plazo muy corto para desmontar el fraude electoral que se fraguó para asegurar que uno de los representantes de la oligarquía golpista sea impuesto”, replica la resistencia.

Los líderes del frente llaman a todos los candidatos que no quieran ser llamados "golpistas" a retirarse del proceso. El balón es para César Ham, candidato del partido Unificación Democrática (UD), y partidario de Zelaya. "Estamos en consultas, aunque hay un fuerte sector que quiere participar, porque no hacerlo es decretar la muerte del partido", dice el diputado udeísta Marvin Ponce. Y eso de la "muerte" es literal, porque al no presentar candidatos, automáticamente UD perdería su registro.

Desde el pasado 29 de octubre, las fuerzas armadas pasaron a las órdenes del TSE. Aunque actualmente los soldados sólo custodian el material electoral, se ha anunciado con bombo y platillo que en la custodia de las elecciones habrá 20 mil militares y 14 mil policías.

Si tal ejército no fuera suficiente, un anuncio que se repite una y otra vez en la televisión oficial asegura que cada funcionario y observador electoral tendrá juntito a su "ángel de la guarda" para que todo salga bien.

La "oración", que se acompaña de imágenes de otros procesos, es "por las por las fuerzas armadas, por la policía nacional" y por el personal del TSE y los observadores (aunque todavía ningún país ni organismo internacional ha anunciado enviados). "Ninguna arma formada contra ellos habrá de prosperar", dice el mensaje televisivo.

Primero habrá que confirmar la presencia de observadores de la OEA, por lo que el gobierno de facto pide este día, "respetuosamente", al organismo que envíe una misión. La OEA tratará el tema este martes, en una sesión extraordinaria de su consejo permanente, en Washington.

"de la democracia desconozca un proceso electoral organizado, dirigido y supervisado por un tribunal autónomo e independiente", dice una carta enviada al secretario general, José Miguel Insulza, con la firma de la abogada Vilma Morales, representante de Roberto Micheletti en el diálogo.

Entre los argumentos en favor del envío de una delegación, los miembros de la OEA deben saber que el gobierno de facto, según su anuncio de televisión, garantiza la presencia de un "ángel de la guarda" para cada observador electoral.

El boicot anunciado por la resistencia tampoco será un problema, según el mensaje: "Padre Celestial, te pedimos para que todo plan perverso, a través de los miembros activistas que se manifiesten en huelgas, violencia, espíritus de rebeldía, de boicoteo, de insurrección, en el nombre de Jesús quedan cancelados".

¿Qué más garantías quiere la comunidad internacional?

Comedido, Roberto Micheletti también aprieta a los suyos: "Con todo respeto pero con energía exigimos al Congreso la toma de la decisión" sobre la restitución, o no, del presidente Zelaya, dice Vilma Morales, vocera de la comisión negociadora de Micheletti.

Poco antes, el presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, había insistido en que no hay fecha para convocar a los diputados. "Urgimos que ésta sea una decisión que se adopte prontamente", le responde Vilma al diputado, bastante más ocupado en su campaña en pos de la relección que en cualquier otro asunto.

En las filas de Micheletti no hay duda de cuál será la decisión del Congreso: el presidente Zelaya no será restituido. "Jamás, claro; eso sería un caos para Honduras. No podemos tener de presidente a una persona que ha cometido 18 delitos", dice a La Jornada Armida de López Contreras, esposa del canciller del gobierno de facto y dirigente de la Unión Cívica Democrática (UCD), organizadora de las marchas "de blanco" en favor del golpe de Estado.

López Contreras está segura de que la comunidad internacional, tarde o temprano, reconocerá al gobierno surgido de los comicios. Se lo confirman "señales" como las declaraciones de funcionarios estadunidenses y el anuncio de Colombia de que regresará a su embajadora al país.

Para la ex "designada presidencial" –una suerte de vicepresidente–, la clave para haber resistido durante más de cuatro meses la presión internacional es que "tenemos una gran fuerza. No vamos a doblar el brazo para satisfacer el interés de alguien más, porque a ellos no les va a tocar resolver el problema que después se dé en Honduras. Ahora que si otro país quiere al señor Zelaya de presidente, pues bienvenido".

Hace poco, la organización que encabeza López Contreras declaró a José Miguel Insulza "persona non grata". Ahora se va también contra el enviado de la OEA José Octavio Bordón y contra el ex presidente chileno Ricardo Lagos, miembro de la Comisión de Verificación del Acuerdo: "Que se abstenga de emitir criterios personales y prejuiciados contra Honduras", demanda.

Igual, la UCD ha exigido que la votación del Congreso sea "con consignación de nombre", para de ese modo poder castigar en las urnas a los legisladores que voten por reinstalar a Zelaya en el poder. Algunos influyentes diputados han declarado su apoyo a ese método.

En todo caso, si se hace caso a Armida de López Contreras, la restitución ya vale un cacahuate: "A partir del 29 de noviembre hay nuevo presidente, y él es el que manda".