20 mayo 2013.-El presidente de Siria, Bashar Al-Assad, desmintió nuevamente que las autoridades emplearan armas químicas, como acusan gobiernos de Occidente y regionales, al tiempo que previó una posible invasión militar contra el país.
Las acusaciones respecto al uso de armas químicas o a mi dimisión cambian cada día; y es probable que esto se use como preludio de una guerra contra la nación, sostuvo el mandatario durante una entrevista con dos medios argentinos, la cual encuentra gran repercusión ayer en medios nacionales sirios.
Dijeron que usamos armas químicas contra zonas residenciales. Ahora, si fuesen usadas sobre una ciudad o suburbio con un saldo de 10 o 20 víctimas ¿sería creíble?, cuestionó.
Explicó el gobernante que ello significaría la muerte de miles o decenas de miles de personas en cuestión de minutos, lo cual no podría ser ocultado, reflexionó.
Occidente miente y falsifica pruebas para desatar guerras; esa es su costumbre, enfatizó Al-Assad mientras recordó el fiasco del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Collin Power, quien juró en la ONU que existían armas de destrucción masiva en Irak, que nunca se encontraron, pero el pretexto sirvió para la invasión de 2003.
Reconoció como positiva la conferencia internacional que Estados Unidos y Rusia acordaron realizar en Ginebra en junio para hallar una salida al conflicto, si bien analizó que ello por si solo resulta insuficiente para detener el terrorismo estimulado por actores internacionales en esta nación levantina.
Hemos acogido bien el acercamiento ruso-estadounidense, pero debemos ser realistas: no creemos que muchos países occidentales quieran efectivamente una solución en Siria cuando existen mercenarios de casi 30 naciones que combaten para derrocar al gobierno, advirtió.
Nosotros siempre optamos por dialogar con cualquier parte, pero esto no incluye a los terroristas, pues ningún Estado dialoga con terroristas.
De igual forma, Al-Assad rechazó que gobiernos como los de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Turquía, exijan de forma abierta su renuncia, esgrimiendo que esa sería la condición sine qua non para resolver el contencioso extendido a más de dos años.
