02-12-14.-El dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas sobre el caso del dirigente opositor Leopoldo López no tiene basamento legal, porque solo se trata de una recomendación al país, por lo que Venezuela no está obligada a acatarlo. Así lo deja claro el representante permanente de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Jorge Valero. Según el diplomático, el tema de López y otros casos de violaciones a derechos humanos es parte de una campaña internacional de descrédito hacia el Gobierno venezolano liderada por ONG que reciben financiamiento internacional y que espera sean investigadas y rindan cuentas a la justicia.
Durante su estadía en Venezuela, antes de partir a Suiza, atendió, vía telefónica, a PANORAMA y expuso sus argumentos.
—La oposición y algunas ONG aseguran que en Venezuela se violan los derechos humanos, ¿cuál es la posición del país?
—En este tiempo histórico el pueblo de Venezuela disfruta y ejerce sus derechos humanos en todas sus dimensiones. Venezuela es un Estado garante del ejercicio y disfrute de esos derechos, que se han ensanchado como nunca. Venezuela suscribe los principios de la Carta de Naciones Unidas y es suscritor de los tratados internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, me refiero al pacto de los derechos civiles y políticos, y el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales.
—Usted dijo que hay una campaña internacional contra el Estado, ¿quién lleva adelante esta campaña?
—Esta campaña forma parte de la ofensiva neoliberal contra un estado de derecho y de justicia como lo es Venezuela. El país es hoy objeto de una campaña multifacética en la que participan los sectores más recalcitrantes del neoliberalismo venezolano y sus aliados internacionales. No es casual que a esta campaña se hayan añadido líderes políticos europeos y latinoamericanos, quienes pretenden que el Estado venezolano se doblegue ante sus insensatas recomendaciones, que el Estado venezolano no ejerza el derecho de defender los derechos humanos de todos los venezolanos y venezolanas y, por lo tanto, pretenden trastocar el rumbo del socialismo del siglo XXI que hoy se desarrolla.
En esta campaña participan fanáticos del neoliberalismo europeo y en el caso de América Latina algunos exgobernantes que en su tiempo fueron objeto de recriminaciones por su nefasto desempeño en materia de derechos humanos y que hoy adversan a gobiernos progresistas de Argentina, Ecuador, Bolivia y de Brasil. Esa campaña hace uso de muchos recursos financieros y utiliza a organizaciones no gubernamentales, o las llamadas ONG, que son financiadas desde el Departamento de Estado del Gobierno de EE UU, algunas instituciones del Gobierno norteamericano y otras instituciones europeas, y las grandes corporaciones multinacionales.
—¿Qué está haciendo Venezuela para hacerle frente a esta campaña?
—Esta campaña se celebra en un combate desigual porque Venezuela cuenta con limitados mecanismos para difundir su verdad en el mundo, apenas contamos con una televisora hermana como es Telesur. Son los grandes monopolios mediáticos internacionales que obviamente intentan imponer una matriz de opinión falsa de que en Venezuela se irrespetan los derechos humanos.
—Usted nombra a las ONG, precisamente hace varios años en Venezuela se dijo que se investigaría a estas organizaciones y eso quedó así...
—En esta campaña en contra de la patria participan algunos voceros de ONG financiados desde el exterior con importantes cuentas bancarias en dólares norteamericanos, porque para realizar los viajes frecuentes que hacen al exterior se requiere disponer de una cartera financiera considerable, viajan con mucha frecuencia, se les ve movilizados por países europeos, por los Estados Unidos en diferentes ciudades y se requiere cuantiosos recursos (...). Estos supuestos representantes de derechos humanos, que no son sino mercenarios al servicio de potencias extranjeras, deben ser investigados de modo que rindan cuentas ante la justicia de Venezuela respecto a de dónde reciben tan cuantiosos recursos en dólares.
—La defensa del dirigente Leopoldo López dice que el Tribunal debe acatar la sentencia del Grupo de ONU. ¿Esto tiene basamento legal?
—Se trata de una simple recomendación, no de una orden. El Gobierno de Venezuela es respetuoso de todo el sistema universal de derechos humanos y trata de mantener una comunicación constructiva con todos los mecanismos que funcionan a nivel internacional en materia de derechos humanos. Es necesario puntualizar que las decisiones de los grupos de trabajo de derechos humanos de las Naciones Unidas solo pueden emitir recomendaciones y no órdenes a los estados (...).
Los mecanismos que se han pronunciado son recomendaciones y no pueden ser considerados decisiones obligantes porque no son tribunales internacionales, son mecanismos y procedimientos especiales y temáticos que tiene el Consejo de Derechos Humanos. (...) Las circunstancias que atraviesa Leopoldo López no son derivadas del ejercicio de sus derechos fundamentales como la libertad de expresión o de reunión, o de asociación pacífica, tampoco constituyen trasgresiones a los derechos humanos consagrados en la declaración universal de los derechos humanos y otros instrumentos pertinentes que están recogidos, incluso, con más amplitud en nuestra Constitución.
Es un hecho notorio y comunicacional la responsabilidad de este dirigente de la oposición extremista en los hechos violentos desde febrero cuando se puso al frente de manifestaciones terroristas bajo la consigna “la salida”, pretendiendo derrocar al Gobierno legítimamente constituido, hubo 43 muertos de ciudadanos, 873 heridos y miles de millones de dólares en pérdidas. Actos violentos de este tipo no pueden quedar impunes y las leyes venezolanas tipifican claramente las acciones judiciales que corresponde aplicar tanto a los autores materiales como intelectuales. El Estado venezolano ha garantizado y garantiza el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso que tiene el acusado.
—¿Cuál es el peso que tienen las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU?
—Son simplemente recomendaciones, el Estado puede o no tomar en cuenta y el estado venezolano puedo asegurar que nunca incurrirá en violaciones del propio estado de derecho porque los acontecimientos violentos en los que incurrieron estos dirigentes de la oposición extremista están tipificados en las leyes de la República. (...) Me parece que lo que deberían hacer los mecanismos internacionales es escuchar al Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, que agrupa a familias víctimas de la violencia política en los sucesos ocurridos desde abril de 2013 y de febrero a junio de 2014 y en ese sentido estas personas están reclamando justicia.
—Los dirigentes María Corina Machado y Juan Carlos Caldera van a ser imputados y enjuiciados, ¿cree que se le están violando sus derechos políticos?
—En ningún caso el Estado venezolano incurrirá en violaciones del estado de derecho y de justicia que existe en Venezuela. (...) Desafortunadamente tenemos en Venezuela una oposición que ha estado muy comprometida con las prácticas antidemocráticas, aunque debe saludarse el proceso de deslinde que empieza a producirse en algunos sectores de la oposición frente a aquellos que están llamando a una salida violenta.
—¿Qué países han manifestado el apoyo a Venezuela en la ONU?
—La mayoría de los países apoyan a venezuela, recuérdese que hace poco se ha producido una votación aplastante de los países agrupados en las Naciones Unidas y que apoyaron a Venezuela para que sea miembro del Consejo de Seguridad, que es el órgano que tiene poder de ejecución, es decir, que las resoluciones de ese consejo son vinculantes. Todos los países, en su mayoría, apoyaron a Venezuela, eso demuestra el margen de respaldo y simpatía que tiene el país.
—La oposición también alega que en Venezuela hay presos políticos, ¿cómo definiría ese concepto?
—Están presos no por políticos, los pocos detenidos lo están porque se les acusa de crímenes contemplados en la legislación, en el Código Civil y las leyes que se ocupan de estos temas.
—En el caso de Venezuela, Estados Unidos se ha pronunciado con celeridad sobre la situación de los DD HH, sin embargo, no ha hecho lo mismo con su vecino, México, ¿qué opina?
—El Gobierno de EE UU desafortunadamente vive un proceso de desconexión con las demandas del país, desafortunadamente el presidente (Barack) Obama que llegó a la Presidencia rodeado de una gran expectativa mundial, incluso se le confirió el premio Nobel de la Paz, durante su Gobierno se han desarrollado verdaderas carnicerías de violaciones gigantescas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (...). Es el Gobierno líder de la campaña contra Venezuela y tiene sus aliados en Europa y agentes nacionales, que son estos sectores de la oposición violenta y terrorista en Venezuela.