Parlamento rechazó intromisión de EEUU en asuntos internos del país

Credito: AVN

17 Dic. 2014 - Con los votos de la bancada socialista ayer fue sancionado por el Parlamento un acuerdo en conmemoración de los 15 años de la aprobación, mediante referéndum, de la Constitución, y en rechazo a la intromisión en los asuntos internos por parte del Senado y gobierno estadounidense.

La presentación del documento estuvo a cargo del diputado Earle Herrera (PSUV-Anzoátegui), quien recordó que hace tres lustros "el pueblo votó por amplia mayoría para que la Constitución fuese aprobada".

Recordó que la Carta Magna ha estado sometida a ataques, incluso cuando solo era un proyecto promovido por el comandante Hugo Chávez: "Fue una propuesta que comenzó a ser atacada, mientras se realizaban los debates en la Constituyente. Y al ser aprobada trataron de dar al traste con golpes de Estado, sabotajes petroleros, guarimbas y actos terroristas contra misiones diplomáticas acreditadas en el país".

Herrera destacó que a pesar de los ataques "de la derecha nacional e internacional, ha salido invicta".

Resaltó que, por primera vez en la historia de Venezuela, "el pueblo pudo participar en la redacción de los artículos".

Calificó como "insólito" que el pasado lunes los venezolanos salieran a la calle para celebrar el cumpleaños de su Constitución: "Eso no ocurre en ningún otro país".

GARANTÍA DE PAZ

En el acuerdo se señala que el 15 de diciembre de 1999 "se cumplió el mandato del pueblo venezolano al aprobar mediante referéndum la Constitución bolivariana, con el fin supremo de refundar la república para establecer una democracia participativa y protagónica, en un Estado social, de derecho y de justicia".

En el texto se menciona que la Carta Maga "es garantía de la paz, y vanguardia en materia de derechos humanos".

En el acuerdo se refiere que nuestra Constitución "es la más moderna, humanista, liberadora, participativa, protagónica y revolucionaria en toda la historia venezolana".

Además, se indica que la unidad del pueblo "es imprescindible para la defensa y realización de los valores y principios contenidos en la Constitución para profundizar los cambios revolucionarios".

En cuanto al proyecto del Senado y gobierno estadounidense de sancionar a funcionarios venezolanos, se señala que el Texto Fundamental establece los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

En el acuerdo se indica que estas sanciones violentarían la carta fundacional de la ONU, "en clara violación a nuestra independencia y soberanía".

En el documento se establece "esta nueva agresión del Senado y gobierno estadounidense" es una clara demostración "de la irrespetuosa y reiterada injerencia en los asuntos internos de Venezuela, en contra de nuestro ordenamiento jurídico el cual consagra la defensa de los derechos humanos".

Según el acuerdo aprobado por la bancada socialista, "hay una conspiración emprendida por el imperialismo norteamericano y sus aliados que pretenden distorsionar la realidad de nuestro país y desprestigiar a las instituciones encargadas de la administración de justicia, en perjuicio de la paz y la estabilidad de Venezuela con la intención de derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro".

Asimismo, se rechaza "la conducta inmoral de sectores ultraderechistas de Estados Unidos que pretenden sancionar extraterritorialmente a ciudadanos de un país soberano".

REACCIONES

El diputado opositor Juan Pablo García opinó que la Constitución "ha sido violentada en estos 15 años de gobierno", al allanarse la inmunidad de parlamentarios como María Corina Machado y Richard Mardo; o emprender la persecución política contra dirigentes opositores como Daniel Ceballos o Leopoldo López.

También señaló, con relación a las protestas entre febrero y mayo, "que nada justifica el asesinato, la tortura y la persecución de las personas".

García recalcó que las sanciones propuestas por el Senado de EE.UU son contra funcionarios venezolanos por supuesta violación de derechos humanos, y no contra Venezuela.

Comentó que algunos funcionarios "hablan contra el imperialismo, pero tienen dinero mal habido, producto de la corrupción, en Estados Unidos".

El primer vicepresidente del Parlamento, Darío Vivas, arremetió contra los argumentos de los diputados opositores porque consideró que "con discurso falso" pretendieron defender la Constitución a la cual se opusieron desde su redacción.

A su vez, el diputado comunista Yul Jabour señaló que la Carta Magna ha servido "como instrumento de liberación de la nación".

Mientras que Homero Ruiz (Copei-Táchira) consideró que la Constitución "se ha vuelto letra muerta".

Comentó que en el texto constitucional se consagra un modelo económico "fundamentado en el trabajo mancomunado entre la iniciativa privada y el Estado, garantizando la libre competencia". A juicio de Ruiz, este artículo no se ha cumplido en la práctica porque se han expropiado empresas "destruyendo el aparato productivo nacional, generando mayor inflación, desempleo y un poder adquisitivo del pueblo limitado".

En cuanto a la separación de los poderes, opinó que existe un "control excesivo del partido de gobierno sobre todos los poderes del Estado".

Dijo que el país está en mora con lo establecido en la Carta Magna, al no sancionarse una ley orgánica de fronteras y una ley de hacienda pública.

El diputado pesuvista Fernando Soto Rojas manifestó que las reacciones de los parlamentarios opositores no tenían validez por cuanto no hicieron un balance ni reconocieron "los intentos de violación" de la Constitución.

Específicamente se refirió a los dirigentes de la socialdemocracia, a los demócratas cristianos y "a quienes abiertamente han tenido una posición fascista".



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