Entrevista a una de las personas amenazadas de muerte por los paramilitares en Ureña

Se guarda el anonimato de su identidad por razones obvias.

Aporrea: Dinos tu denuncia.

Persona amenazada: La situación del Municipio Pedro María en el Estado Táchira la hemos venido describiendo como un secuestro generalizado, por cuanto las fuerzas paramilitares de Colombia se han venido estableciendo en la jurisdicción del municipio y ahí están causando terror permanentemente, a través de crímenes continuos de personas inocentes.

En Ureña, en estos días, se produjo una escalada y han muerto en menos de un mes más de 50 personas. Matan a razón de dos o tres personas diarias. Esto mantiene a la zona fronteriza en vilo.

Acaban de eliminar a un matrimonio de dirigentes comunales. Se metieron a su rancho; a ella le hicieron cinco disparos y a el como diez disparos. Aparecieron muertos con sus hijitos en el rancho, que por fortuna a ellos les respetaron sus vidas. La semana pasada mataron a un parapléjico, un muchacho que estudiaba en una escuela especial (menor de edad).

Aporrea: ¿Nos puedes dar más detalles de lo ocurrido?

Persona amenazada: La pareja que murió son Katty Chacón y Luís Carvajalino. Ketty ejercía funciones de dirección del Consejo Comunal reciente del barrio Bolivariano, que es una zona donde viven muchos inmigrantes extranjeros en condiciones precarias de vida y de legalidad. En esa zona, una mujer llamada Carmen Carvajal funge de Comandante de los grupos paramilitares, los dirige, los representa, se los azuza a la gente, manda a matar de manera impune y está viviendo abiertamente allí, con el conocimiento de las autoridades de Ureña. Se le atribuye la responsabilidad del asesinato de esta pareja. Se dice también que ordenó el asesinato del parapléjico… Estamos ante la puerta de entrada del Plan Colombia y el Táchira es nuestro Talón de Aquiles.

Aporrea: ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Persona amenazada: Ellos empezaron por ejecutar en la vía pública a personas con antecedentes penales, se presentaban como ejecutores de los delincuentes, pero ya hoy en día están ejecutando a dirigentes populares de distintos organismos de lucha social. Cobran a todos los inmuebles de la gente común un mínimo de 2.000 bolívares semanales, como cuota o impuesto de guerra. Al comercio y a la industria les cobran cifras astronómicas. Están avanzando hacia los sectores populares con la intención de atemorizar y desestabilizar al proceso revolucionario, porque el proceso revolucionario que se vive en la frontera es muy intenso.

Otra cosa importante es que esta situación se produce con la connivencia y la complacencia de las autoridades policiales de los órganos de seguridad del Estado. Los funcionarios departen con ellos (con los paramilitares) y hasta hacen un ritual etílico en las esquinas para celebrar la muerte de la gente. Esto lo hacen en compañía de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, con policías y con guardias nacionales vestidos de civil.

Aporrea: ¿Pero, cómo es posible que esté sucediendo esto?

Persona amenazada: Es importante que se sepa, porque la población no entiende cómo puede estar sucediendo algo así habiendo tantas fuerzas de seguridad en una zona fronteriza como el Táchira, que actúen estos paramilitares con tanta impunidad, matando a compatriotas revolucionarios. No nos explicamos cómo a esto no lo puede contener nada, estando la judicial y la policía, y que todo el mundo, hasta el gobernador lo sepa… dónde están y dónde viven ellos, pero no se hace nada y entonces ya no se confía en nadie.

Estos sicarios a sueldo pertenecen a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desmovilizan en Colombia pero empiezan a concentrarse aquí en Venezuela. Vienen desde el otro lado de Ureña, pasando el puente con Colombia, y se establecen aquí o van y vienen cometiendo fechorías. Ureña y San Antonio forman una zona de alivio para ellos. La población de Escobar es donde tienen su cartel, pero ya están viviendo en Ureña y en San Antonio. Esto ya explotó, esto hizo metástasis. Están apuntando hacia los dirigentes populares y consejos comunales. Están apuntando hacia este sector social.

Aporrea: ¿Qué se puede hacer frente a esto, en tu opinión?

Persona amenazada: Hay una urgente necesidad de que el Gobierno nacional reglamente el tránsito en la frontera, que controle más la frontera, porque se transita de Colombia a Venezuela por las trochas y por el puente a cualquier hora, y no hay ningún régimen ni horario que establezca un régimen de circulación y visitas. Mientras tanto, a los venezolanos, en las alcabalas, la Guardia Nacional les quita hasta los pantalones y calzones para revisarles por si llevan contrabando o droga. En cambio, en el puente internacional, donde opera este tráfico de delincuentes y asesinos a sueldo, ellos pasan impunemente. Por eso digo que hay que establecer un régimen de control de los visitantes, pero no por las alcabalas de Barinas o de zonas distantes a este foco, sino por acá mismo, por el puente internacional y vigilar esas trochas, que no se deje salir por la frontera antes o después de cierta hora de la noche o de la mañana. Porque si no, ingresan y roban o matan a cualquier hora y se regresan tranquilamente. Tiene que haber un control más estricto.

Hay que adoptar unas medidas ante estas operaciones delictivas que hacen para obtener dinero y sus operaciones políticas de exterminio y aniquilamiento, porque no se ve ninguna medida de seguridad. Operan con más facilidad los grupos criminales que los cuerpos de seguridad del Estado. Hay algunos que están en complicidad… porque se les ve con ellos. Te lo estoy diciendo de manera responsable, no me identifico por mi propia seguridad personal, pero estoy en condiciones de dar declaraciones a las autoridades nacionales. Los organismos de seguridad del Estado están penetrados por estas fuerzas paramilitares que ejercen un gran control sobre ellos, porque eso se siente claramente en Ureña y en San Antonio. De ahí que es necesario contar con cuerpos de seguridad libres de toda sospecha, en relación con cualquier complicidad o compromiso con los grupos irregulares.

COMENTARIOS Y RECOPILACIÓN DE DATOS DOCUMENTALES Y DE PRENSA SOBRE LOS ÚLTIMOS ASESINATOS POR PARAMILITARES EN EL TÁCHIRA

El cancer del paramilitarismo, exportado por el Plan Colombia hacia Venezuela, como elemento desestabilizador y avanzada contrarrevolucionaria-delictiva, ha explotado y ha hecho metástasis en el Táchira y otras regiones fronterizas de nuestro país. Ya no se trata solamente de los “efectos colaterales” del conflicto colombiano, sino que está encontrando condiciones sociales y políticas para prender la mecha aquí, producto del desarrollo de la lucha de clases y de la resistencia oligárquica e imperialista al proceso revolucionario venezolano.

Así lo denuncian las propias víctimas amenazadas por el sicariato paramilitar, venido en principio de la vecina y hermana nación colombiana, desgarrada por su guerra civil, pero echando raíces propias en Venezuela con el auspicio de mafiosos, terratenientes y acaudalados ganaderos locales, nada contentos con el proceso revolucionario y con los cambios promovidos por el gobierno del Presidente Chávez. Más allá del negocio delictivo, lo que busca el paramilitarismo es el exterminio del activismo popular que impulsa al proceso revolucionario. Empiezan por la frontera, pero en algún momento han llegado hasta Caracas; recordemos el caso de la hacienda Daktari del “guarimbero” cubano-venezolano Robert Alonso, hoy prófugo en Miami y cobijado como el terrorista Posada Carriles por el gobierno de Bush. Si se les deja, seguirán avanzando y se combinarán con algún otro eventual 11 de Abril.

Varias víctimas recientes han provocado el cruento llamado de atención sobre algo que venía ocurriendo, mientras los medios de comunicación capitalistas metían la cabeza en la tierra, como el avestruz. Los medios silenciaban todo esto, y entretanto, sólo miraban hacia aquellos sucesos que les permitíeran sacar provecho para su campaña golpista y proimperialista contra Chávez y contra el proceso revolucionario.

El motivo de esta reciente sacudida lo han dado las muertes de Ketty Angélica Chacón Durán, luchadora popular del Consejo Comunal del barrio Bolivariano de Ureña y de su marido Luis Bienvenido Carvajalino, así como el asesinato de un parapléjico menor de edad, de nombre John Jairo Alzate.

Antes de ser asesinada, Ketty acudió a denunciar las amenazas recibidas y escribió una carta premonitoria en advertencia de su propio asesinato y el de su esposo. En esa carta menciona, con fecha del día 31-03-06, que en ese mismo momento se encontraba en la DISIP denunciando a varias personas, cuyos nombres están contenidos en la carta adjunta (ver más abajo) y fueron comunicados a las autoridades policiales. Acusó a esas personas de amenazar su vida, la de los miembros del Consejo Comunal y a feligreses de la Iglesia EvangélicaTierra Prometida. En el escrito describe cómo las personas vinculadas a los “paras” ejercen su control sobre el barrio Bolívar de Ureña. Allí le reclama a la Guardia Nacional, a la Disip, a la PTJ (CICPC), a la Fiscalía y a la Defensa del Pueblo de San Cristóbal, no haber hecho nada y hasta afirma que el grupo que amenaza su vida es protegido por el Alcalde.
La advertencia hecha por Ketty se cumplió antes de que hubiese prevención alguna de las autoridades; el 18 de abril la mataron a ella y a su esposo, delante de sus hijos. Pero lo más inquietante es que los presuntos asesinos denunciados siguen tranquilamente, como si nada, realizando sus actividades en Ureña. Las autoridades no actuaron para proteger la vida de estos activistas populares y aparentemente, que se sepa, tampoco han actuado efectivamente para investigar y apresar a los criminales. Aunque han comenzado las primeras acciones notorias de la Asamblea Nacional y de factores locales a partir de estos infortunados hechos y de las expresiones de protesta. Sin embargo, todavía, la impunidad en Ureña es la madre del miedo y el miedo hace parir más impunidad.
En otra carta, una Carta del Presidente del Concejo Municipal del Municipio Pedro María Ureña, dirigida al presidente de la Asamblea Nacional (Nicolás Maduro) y a sus demás miembros, se denuncia la escalada criminal de estos grupos armados que, de manera indiscriminada, asesinan a la población inerme e inocente. Allí dicen que la población de Ureña “…ha sido transformada en escenario de la más brutal violencia armada”. Dicen que las víctimas alcanzan el millar de personas “sin que hasta el presente se conozcan responsables”. Si esta cifra es real o al menos aproximada, entonces las autoridades han perdido toda sensibilidad y capacidad de espanto, aparte de estar desbordadas por la más tremenda impunidad, o aún peor… infectadas por la infiltración paramilitar que denuncian los activistas populares y pobladores afectados. Algo tiene que sacudirse fuertemente aquí.

El Concejo Municipal de Ureña emitió un acuerdo donde hace público “su más indignado rechazo a este crimen y a todos cuantos han ocurrido en nuestra jurisdicción, bajo idénticas características de alevosía, impunidad y ventaja”. Señalan la vulnerabilidad de la frontera y las precarias condiciones de seguridad, por lo que demandaron la urgente presencia de la Asamblea Nacional, que una vez desatado el escándalo ha dado una primera respuesta positiva, con las denuncias públicas emitidas por diputados tachirenses y ordenando sesiones legislativas en la zona para repudiar la presencia terrorista paramilitar y acopiar información sobre los hechos acontecidos. Parlamentarios del Táchira ante la AN, el Fiscal General, los jefes del Ejército, GN, PTJ, Disip, el Ministerio de Interior y Justicia y otras autoridades e instituciones, se movilizaron para asistir a una reunión en Táchira el 4 de mayo, para debatir sobre la violencia y el paramilitarismo en la región fronteriza con Colombia.

El Consejo Legislativo estatal, por unanimidad de los parlamentarios, aprobó solicitar al presidente Chávez que declare, con urgencia y emergencia, el Estado de Excepción y Conmoción, para combatir militarmente a la delincuencia en los municipios fronterizos con Colombia. Pero el gran reto estará en el combate a la perversión que parece haber contaminado a sectores de los cuerpos de seguridad destinados a combatir a los paramilitares, pero que según muchas denuncias, tienen en su seno a miembros comprometidos con las mafias de sicarios o complacientes con ellas por el motivo que sea.

E l jefe de la Policía del Táchira, teniente coronel Hebert Aguilar, denunció –según algunos diarios- que "el gobierno y las autoridades colombianas, del (departamento) Norte de Santander, cooperan con los grupos paramilitares en Colombia". También afirmó que serán dados de baja entre 150 y 180 agentes policiales por ineficiencias: "Se irán, al igual que aquellos que hayan tenido una conducta desviada", dijo Aguilar.

La cuestión es quién va a controlar este proceso depurativo, porque los afectados afirman que ya están penetrados los cuerpos de seguridad y los tribunales, y cuando no se trata de penetración es la extorsión y la amenaza la que neutraliza a los propios funcionarios y autoridades. El pueblo organizado va a tener que discutir su propia participación en la defensa como principal garantía para hacer frente a lo que está sucediendo.

Reproducción de fragmentos de la carta de Ketty Angélica Chacón Duran, dirigente popular asesinada por los “paras” en el Táchira

Fue candidata en las elecciones para Junta Parroquial por M.R., E.L., IZQUIERDA, FUREÑA y miembro del Consejo Comunal del barrio Bolívar

República Bolivariana de Venezuela.

Aguas Calientes.

Parroquia Nueva Arcadia

Municipio Pedro María Ureña

“Yo, Ketty Angélica Chacón Duran, habitante y representante del Consejo Comunal del Barrio Bolivariano, hoy 31.03.06, en este momento, siendo las 9 p.m., me encuentro en la Disip denunciado a los siguientes individuos…desestabilización del barrio Bolivariano…amenaza en contra de mi vida, de los miembros del Consejo Comunal y de la Iglesia Tierra Prometida...”

“…La Sra. Carmen Carvajal de forma ilegal y de manera amenazadora ha manipulado al barrio…los ciudadanos Carmen Carvajal, Elvira Gamboa, Celia Tenorio, Mabel Eucano, Martha Parra, Betty Yaneth Jaimes, han querido quitarme la vida y promover que las personas lo hagan…”

“Yo temo por mi vida y en especial la vida de mis hijos y esposo, ya he acudido a las autoridades competentes y no han hecho nada ni la Guardia, Disip, PTJ, Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en San Cristóbal mandó una notificación a la Cámara Municipal de la Alcaldía Pedro María Ureña y ellos en sesión de Cámara se comprometieron a investigar lo que esta detrás de todo lo que ha estado sucediendo en el Barrio Bolivariano ya que el Alcalde apoya a Carmen Carvajal…”

“La Sra. Juez Ligia de Duarte que fue testigo de lo que esas personas han venido haciendo en contra de nuestras vidas”.

Atentamente, Ketty A. Chacón