Los patronos se oponen al progreso de los trabajadores.
Muchos patronos privados han usado el poder económico y político que detentan para oponerse a la marcha progresiva de la historia que depara para los trabajadores un futuro promisor, aunque labrado con enormes sacrificios colectivos, y obtenido mediante la lucha consciente y perseverante de los trabajadores como clase. Cuando los patronos no han podido vencer a los trabajadores y han tenido que aceptar el establecimiento legal o convencional de mejores derechos para los trabajadores, entonces apelan a diferentes subterfugios para escamotearlos. O sea se ingenian diversos mecanismos de engaño, ocultamiento y mentiras para negar, retrasar y/o disminuir el pago de tales derechos que significan un sustancial mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.
La imitación de la conducta de explotación y dominación.
Esta conducta de “escamoteo”, fraude o estafa de derechos y beneficios ha sido adoptada también por los patronos públicos. El Estado o la Nación, como entidad jurídica y en su condición de empleador o patrono, asume también la misma conducta de infracción legal que los patronos privados. Conducta que desde el punto de vista material consiste en una expropiación de los beneficios que corresponden al trabajador; de la parte del producto o de la renta que ha sido establecida como remuneración al trabajo. Hay una identidad en la conducta de atropello entre los capitalistas y la administración pública. He allí la reproducción de las relaciones de explotación, por una parte, y de las relaciones de dominación con el sometimiento y la exclusión de los trabajadores.
La Revolución no respeta, en la práctica, los derechos de los trabajadores.
En Venezuela desde hace más de una década se asiste a una pretensión colectiva de revolución social, inicialmente llamada bolivariana (el pensamiento bolivariano, desde el punto de vista social, es esencialmente burgués, aunque revestido de un humanismo progresista) y posteriormente se proclamó socialista. Sin embargo, se observa una reiterada violación de los derechos de los trabajadores desde los diversos niveles de la administración del Estado. Derechos conquistados hace décadas como el de Huelga, organización sindical y negociación y convención colectiva son sistemáticamente violentados; descaradamente negados, incluso sin presentar ninguna argumentación. Tanto las Inspectorías el Trabajo, que son órganos administrativos para velar por el cumplimiento de la normativa que favorece a los trabajadores, como la Defensoría del Pueblo, que tiene dentro de sus atribuciones constitucionales y legales la vigilancia sobre los órganos del poder público para que éstos se conduzcan conforme a las disposiciones legales; tratan con desprecio los derechos de los trabajadores,principalmente cuando estos son del sector público. De modo que estamos en presencia de la conformación de un Estado autoritario que, por encima de las leyes y mandatos constitucionales y al contrario de los discursos oficiales, utiliza el poder y la influencia que se deriva de la institucionalidad para negar la realización de los derechos laborales en las relaciones que se tienen dentro del sector público.
Es inexplicable de otro modo que se mantengan sin discusión las convenciones colectivas que ampara a los trabajadores de las gobernaciones de los Estados, de las empresas básicas estatales y de muchos otros sectores de la administración central y descentralizada de la nación.
Movilización laboral frente a los atropellos.
En este momento existe un paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial por falta de discusión de la convención colectiva y por la congelación de los salarios desde hace cuatro años. Los trabajadores de la mayoría de las empresas estatales (las llamadas empresas básicas) se encuentran bajo el rigor de convenciones colectivas vencidas desde dos años y más.
No se paga la deuda laboral en complicidad con transnacionales.
Existe una gigantesca deuda laboral por derechos no pagados. Muchos beneficios que corresponden a los trabajadores son escondidos arteramente y cuando los trabajadores descubren el fraude se les niega el pago con argumentos insustanciales. En esta última situación están los trabajadores de SIDOR, quienes reclaman el pago del equivalente a más de 565 MILLONES DE DOLARES por concepto de la participación en las Utilidades o Beneficios Netos obtenidos por la empresa durante cinco años, desde 2003 al 2007.
El silencio y el desprecio como respuesta.
Frente a los reclamos de los trabajadores, las respuestas de los diferentes organismos son el silencio y el desprecio. Es insólito pero es auténtico, los representantes del gobierno que se declara obrerista y hacia el socialismo se niega a sentarse con los trabajadores en mesas de diálogo para construir una solución a las diferencias y contradicciones por la vía de la conciencia y el respeto por los derechos conquistados. Incluso en el caso de SIDOR las autoridades del Poder Ejecutivo han recurrido a las presiones sobre el Poder Judicial para producir sentencias que conculcan los derechos y que tergiversan los principios laborales reconocidos por la Constitución de 1999,que es la Constitución que caracteriza el período revolucionario.
Ciudad Guayana, 22 de Setiembre de 2011 sambranovidal@gmail.com