El hampa también nos lincha !!


Tratar de comprender un fenómeno no implica aceptarlo. En el caso de los linchamientos, entenderlos y explicarlos no debería conducir a su justificación, y una sociedad como la nuestra, no puede obviar su progresiva aparición, y debe reflexionar sobre las causas detonantes que hacen reaccionar a una multitud de forma tan bárbara e inhumana.

Aproximadamente dos semanas atrás, me sorprendió el linchamiento de un hombre en pleno Este de Caracas, el cual pude observar a través de un video que se hizo viral automáticamente. Las imágenes de gran contenido violento fueron elocuentes y reveladoras, sobre el grado de anarquía y anomia existente en el país. Algunos políticos declararon como hecho abominable el suceso, ONGs solicitaron más seguridad ciudadana, la Fiscal General expreso su preocupación por la alta tasa de homicidios en 2015 ( 17.778 asesinadas, 58.1 por cada 100.000 habitantes), y todo este acontecimiento no transcendió más allá de lo mediático.

No quiero justificar la violencia como herramienta de control social, pero hay una realidad abrumadora que afecta a todos los venezolanos. El ciudadano común, se siente en un estado de completa indefensión ante los altos índices de delincuencia (secuestro, extorción, homicidio, robo, hurto, especulación, acaparamiento, etc) e impunidad que azotan al país, probablemente sean estos, algunos aspectos que contribuyen a este tipo de reacciones colectivas, no si desestimar la corrupción y abuso de funcionarios públicos, el fracaso de políticas carcelarias, ineficiencia y corrupción del sistema judicial, la situación socio-económica actual y en general, la incapacidad del Estado para garantizar un mínimo de seguridad a su población.

Es cierto que quienes dirigen el Estado, han tratado de implementar políticas que vayan en procura de controlar los índices delictivos, pero no es menos cierto que no han sido suficientes y eficaces, pues el Estado no se enfoca hacia políticas que prevengan la comisión de delitos, y las instituciones encargadas de brindar protección ciudadana llegan tarde o nunca llegan a la escena del delito, y muchas veces quienes forman parte de estas instituciones han participado en la comisión del mismo. Igualmente, la lentitud de los procesos judiciales termina siendo un gran aliado del delincuente, para que sus acciones delictivas queden impunes, además de que nuestro sistema judicial es muy manipulable y con alto contenido capitalista, pues la justicia también se vende y se compra en este país.

El aspecto socio-económico es digno de considerar en esta problemática, debido a que la comisión de la mayoría de los delitos, son cometidos por personas de estratos sociales bajos, de poco poder adquisitivo y escasas oportunidades de progreso. Igualmente la más alta incidencia de delitos, ocurre en zonas populares y de clase baja en el país, es decir, zonas de pobreza y precariedad. Pero por otra parte, las clases pudientes y poderosas, no están eximidas de cometer actos delictivos, la corrupción, especulación, acaparamiento y narcotráfico son los más frecuentes entre esta clase, y por cierto, la impunidad es su consigna.

Todo este coctel de componentes, fomentan ese sentimiento de desprotección, en la ciudadanía civil, conminándola a tomar por sus manos la ejecución de una capacidad punitiva abandonada por el Estado, en otras palabras, la sociedad civil o el pueblo, estarían apropiándose de la violencia como forma de obtener justicia, amén de no sentir ningún remordimiento y tener la precepción equivocada de que el linchamiento es un fenómeno normal.

Estamos en medio de un conflicto social, al cual fuimos invitados sin nuestro consentimiento, sociedad civil, pueblo o como lo quieran llamar, contra el delito y la violencia, y la ausencia de Estado ante el problema. Es por esto que quienes gobiernan desde los distintos poderes políticos, deben realizar un estudio serio y sin mezquindades sobre las causas del problema, y así corregirlo y solucionarlo de la forma más satisfactoria, no esperemos que algún día se linche a un corrupto que robo el erario público, o a un empresario de maletín para tomar acciones.

La política de asesinar malandros en barreadas populares ha demostrado ser una política de seguridad errada, no va dirigida al origen del problema, solo genera un vacío de poder delincuencial momentáneo, que pronto será rellenado por la nueva generación de delincuentes, pero tampoco es solución la toma de justicia por propia mano. El problema es muy grave y por eso requiere de la ausencia de matices políticos, porque la inseguridad afecta a todos por igual (rojo, azules, blancos, etc), y si la política interviene en el asunto, pues que la política sirva para resolver el problema…no concibo que la política en este país solo sirva como herramienta de enriquecimiento, y no para dar respuestas a los problemas del pueblo.

*Secretario de Reclamo del Sindicato de Trabajadores de FCA Chrysler


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