Denuncia: Colapso total en la Administración de Justicia Penal del estado Zulia

He querido participar en este foro de opiniones de Aporrea.org con la finalidad de transmitir, desde la misma fuente en la que se producen los eventos, es decir, desde la vista de quienes trabajamos en el CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA a cualquier nivel (Funcionarios, Empleados, Fiscales del Ministerio Público, Defensores Públicos y Privados) la gravísima situación por la que está pasando la administración de justicia penal en nuestro estado Zulia, que está hoy al borde del colapso total.

Para entrar en materia, es necesario primero explicar al usuario lector de Aporrea.org la manera como está organizado nuestro circuito penal del Zulia, distribuido entre 70 tribunales, de la siguiente forma:

En la Ciudad de Maracaibo, tenemos conformado un "Palacio de Justicia", estructura de 3 pisos, que contiene la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estad Zulia; a nivel superior: 3 cortes de apelaciones ordinarias y 1 corte de apelaciones sección adolescente y 1 corte de apelaciones de violencia contra la mujer; organismos superiores que conocen de las apelaciones de todos los juzgados de primera instancia en el estado Zulia.

En primera instancia, en funciones ordinarias, son 13 juzgados de control, 10 juzgados de juicio, 7 juzgados de ejecución, amén de 2 juzgados de control "itinerantes" para resolver exclusivamente desestimaciones, archivos fiscales y sobreseimientos. Asimismo, de manera especializada, 2 juzgados de control y 1 juzgado de juicio para delitos económicos y fronterizos, 2 juzgados de control, 2 juzgados de juicio y 1 juzgado de ejecución para la sección adolescentes, y finalmente, 4 juzgados de control, 2 juzgados de juicio y 1 juzgado de ejecución, que conocen en materia de delitos de violencia contra la mujer.

De manera que solo en el llamado "Palacio de Justicia" funcionan 52 tribunales (entre superiores y de primera instancia), además de la Presidencia del Circuito, la Coordinación del Servicio de Alguacilazgo donde se centralizan todas las operaciones y funciones de tal servicio, la Defensoría Pública Penal y su coordinación, el departamento de informática; administración y personal, entre otros servicios.

En la ciudad de Cabimas tenemos 5 juzgados de control, 2 juzgados de juicio, 1 juzgado de control para delitos económicos y fronterizos, 2 juzgados de control, 1 juzgado de juicio y 1 juzgado de ejecución sección adolescentes, para un total de 12 tribunales. Y la extensión Santa Bárbara del Zulia, tenemos 3 juzgados de control y 1 juzgado de juicio, mientras que en la extensión Rosario de Perijá, tenemos 1 juzgado de control.

Se pueden imaginar ustedes, estimados lectores y estimadas lectoras, la magnitud de las necesidades humanas (personal), técnicas y operativas que se necesitan para asegurar la prestación de una administración de justicia eficiente, efectiva, y que asegure decisiones y resultados de calidad.

Pues bien, amigas y amigos. La realidad es que tal misión, la calidad en la administración de justicia, se ha convertido en un bonito sueño, en una utopía cada vez más inalcanzable en el Estado Zulia. Son incontables, innumerables y fastidiosos los problemas que aquejan a los justiciables, quienes en definitiva, pagan los platos rotos y las consecuencias de las también fastidiosas e innumerables dolencias que padece el circuito judicial penal del Zulia, y con el, todas las personas que laboran diariamente en sus respectivas funciones públicas (empleados, jueces, fiscales, funcionarios en general) y privadas (abogados particulares).

Empezando por estos últimos (Los abogados y abogadas particulares), puesto que las críticas, para que sean sanas y constructivas, tienen que partir de si mismo (la crítica debe seguir el orden de los pronombres, siendo el primer pronombre "yo", en género diverso y número singular, y "nosotros" en género diverso y número plural) son incontables las situaciones que se hace necesario denunciar y revelar, en todos los foros (de gobierno, de oposición, de neutrales e independientes) para que sean conocidas, combatidas y abolidas definitivamente, si es que la intención es asegurar a la ciudadanía la prestación de la defensa técnica de calidad.

El conflicto es latente y diverso, pero se circunscribe a dos factores primordiales: la mediocridad, la ausencia de conocimientos técnicos y teóricos, la falta o carencia de formación educativa y técnica, y por la otra, las diversas formas de corromper la función defensiva privada (cobros abusivos, tanto de muy alto valor como de muy poco valor de honorarios, la "matraca" de este o aquel funcionario me pidió tanto para contribuir con la libertad, entre otras innumerables cosas que señalar).

Debo dar inicio a semejante crítica, empezando directamente por los supuestos y negados ABOGADOS que egresan de las aldeas de la misión Sucre. Y en este aspecto, comprendo que es una crítica que no les gusta al sector gobiernero, pero es la verdad innegable, de que estas personas que se presentan a la palestra pública con el "título" de "abogado" expedido por la UBV en su misión, carecen, tienen total ausencia del saber y de la preparación indispensable para las funciones defensivas, situación que afecta en definitiva al justiciable que pone su confianza y su dinero en tal no profesional.

Esto sin contar que la majestad de aquel poder judicial decente, de buen vocabulario, de correcto proceder y conducción se perdió, se ha perdido totalmente en las formas tan aberrantes y vulgares en las que muchas veces estas personas se conducen; y no tiene nada que ver con su humildad o procedencia social, sino mas bien con la mismísima ausencia educativa básica, fundamental y técnica que se ha impartido en las escuelas de derecho (públicas o privadas) de corte tradicional a lo largo de nuestra historia republicana.

Lastimosamente, el Colegio de Abogados del estado Zulia está de manos atadas, frente al proceder de esta clase de personas, que, al amparo de un papel que dice que son "abogados", estafan, afectan, empeoran la situación de las personas justiciables, causan desordenes y conflictos ético-profesionales, afectan la dignidad y honra profesional de otros (yo prefiero no llamarles colegas) y viven cual cuchillo en la mano, quitándose y paliándose por el trabajo con la bajeza del cobro mayor o menor de la dignidad que debe representar la percepción justa de "honorarios".

De esta crítica no escapa la deficiencia de algunos profesionales egresados de universidades tradicionales, quienes también han caído en la desgracia de tener el trabajo defensivo como una suerte de mercado, en la que todo vale dinero, pero nada vale el esfuerzo ni la dedicación técnica, ni las horas de estudio, ni el ejercicio armónico de la ciencia jurídica sino mas bien, de la suerte comercial en la que todo tiene un valor económico y sin ello, nada sucede ni nada se hace.

A lo interno, toda la situación del país y la crisis que atraviesan las instituciones del poder público (por causas que no me corresponde describir ni debatir) ha causado mucha desmotivación y pérdida de amor por el trabajo del día a día en el seno de la administración de justicia penal en el estado Zulia.

En Maracaibo, la primera queja de todos (empleados, funcionarios, abogados y ciudadanos comunes) es el calor exagerado de la ciudad, aunado al calor de la estructura tribunalicia, y el paupérrimo estado disfuncional de los aires acondicionados.

Los ascensores del circuito de Maracaibo dañados desde hace años. Esto también pasa en el Circuito Judicial Civil (Torre Mara) y hasta en la Fiscalía del MP, y principalmente en esta última, donde solo se enciende un ascensor para que suba el Fiscal Superior o las autoridades nacionales del MP. De resto, todo el personal del MP, abogados y ciudadanos comunes deben esforzarse en subir y bajar 7 pisos de escaleras inclinadas; mientras que en los tribunales penales y civiles, he visto, he presenciado y he participado de la ayuda que ha debido darse a ciudadanos en silla de rueda, en muletas, ancianos o discapacitados en general, que tienen que andar a la merced de la ayuda de otros para poder subir y bajar escaleras, poniendo en peligro su seguridad y afectando su derecho a gozar de servicios de elevador para discapacitados.

Nótese que esta crítica, enfoca únicamente al ciudadano discapacitado. Quien esté sano y tenga sus funciones naturales en óptima condición, que haga el sacrificio de subir y bajar escaleras. Pero es injusto que en un "palacio de justicia" se tengan dos (2) ascensores de adorno, dañados, averiados desde hace años, y ver como una abuelita de 80 años debe ser ayudada por 4 o 5 personas para subir tres pisos; y ver como un señor en silla de ruedas debe rogar de la ayuda para subir hasta la salas de juicios, o presenciar la emergencia que causó una escalera elevada a una dama en estado.

La conducta de abogados, el calor, los aires acondicionados y la falta de servicio de los ascensores. Apenas calenté los dedos en el teclado.

Hoy día, veo con tristeza un circuito judicial (en Maracaibo) donde solo están operando dos (2) impresoras que se cargan el trabajo de los 52 tribunales. Quien camina por cada juzgado puede ver computadoras, sillas plásticas, monitores y sobre todo impresoras tiradas en el piso, inútiles, dañadas, averiadas, y carentes del amor institucional necesario para su reparación y puesta en funcionamiento.

El tóner se agota rápidamente, entre tanta carga de trabajo para solo dos (2) impresoras conectadas en red a todo el circuito. Y la cola de impresión se vuelve interminable, en espera de horas y horas para que a cada usuario le toque su turno. Cuidado que se termina el tóner cuando te corresponde tu lugar, y entonces, tendrás que esperar más horas, hasta que los técnicos de informática se inventen alguna otra solución que ofrecer para la gestión judicial. Solo dos (2) impresoras funcionando, no exagero, que sirven a mas de 200 computadores en el Palacio de Justicia de Maracaibo; y el reloj sigue corriendo.

"No puedo imprimir por que se nos agotó el papel", "venga mañana a firmar el acta", "tenemos que esperar a ver si nos dan el material", expresiones comunes entre los empleados, cada vez mas agotados y mas desmotivados, y no solo por su situación laboral (que no les alcanza el salario tan risorio que tienen) sino por la carencia de sus herramientas mas básicas para que puedan efectuar con amor y eficiencia sus trabajos asignados.

Situaciones más delicadas se presentan, cuando no se cuenta ni con motocicletas operativas, para que los Alguaciles practiquen las citaciones, emplazamientos y notificaciones a lo largo y ancho de la ciudad. Los actos se posponen, se difieren, se alargan, por que la boleta no se recibió, o se recibió tardíamente. El alguacil no pudo salir a notificar, no tenía una moto asignable, y tampoco le alcanzó lo poquito que gana de su salario, para gastarlos en pasajes para trabajar.

Quienes vivimos del trabajo judicial en el estado Zulia, comparamos a diario las condiciones de los funcionarios y empleados de los Juzgados Civiles con las condiciones de trabajo de los juzgados penales. En Torre Mara, todo el personal correctamente uniformado, y especialmente las chicas, vestidas de falda, con medias de licra, calzado elegante, maquilladas y hasta usando la bufanda característica del uniforme para damas. En los penales, se sufre, al ver algún asistente pidiendo ayuda para comprarse un par de zapatos para trabajar, por que tiene un hueco enorme en la suela del zapato, no le ha llegado la dotación de uniformes que se acordó en la convención colectiva y por que el salario no le alcanza para alimentarse y comprarse algún zapato de calidad.

En la sede Civil, donde se discute sobre bienes, sobre dinero, sobre negocios e intereses de empresas y de particulares, reina la elegancia, la buena presencia, el confort del frio del aire acondicionado hace poco tiempo instalado, un comedor enorme con un buen cafetín. El trabajador, funcionario, el Juez civil, camina sobre pisos revestidos de alfombra, y no suda, puesto que el ambiente es espectacular.

En el penal, el cafetín-comedor es una ratonera con solo 4 mesas, se desayuna y almuerza con extremo calor por la inutilidad de los aires acondicionados; y se camina sobre piso de concreto, se suben y se bajan escaleras constantemente a la exposición del calor (de la ciudad y de la estructura). No existe pues, las condiciones para conservar aquella majestuosa elegancia que ha caracterizado la labor judicial durante nuestra historia republicana.

Le falta amor al Trabajo Judicial Penal. Le falta mucho amor, mucho interés, mucha dedicación, mucho compromiso. La crisis institucional y la ausencia de recursos, está desmotivando al personal. Constantes renuncias a cada rato, asistentes, funcionarios buenos que prefieren dejar el aprendizaje del tribunal para lanzarse al aprendizaje del ejercicio particular por que sus salarios no alimentan a sus familias, y por que ven día a día diezmada y reducida su capacidad de trabajar con decencia, de ser eficientes y efectivos, cuando se tienen que paralizar por que no tienen una hoja de papel para lograr imprimir una, de las incontables asignaciones que le correspondió solucionar en el día 1 de la semana de trabajo en el poder judicial.

Estamos colapsados.

Y finalmente, para no coparlos mas en esta extensa exposición, luego de trabajar solo lunes y martes en virtud de la crisis eléctrica, ahora también pretenden violentar la resolución número 2016-0018 de fecha 10/08/2016 de la Sala Plena del TSJ, en la que, específicamente en el punto 3ro, se avisó que el circuito penal no puede paralizar la función penal y debe garantizar y continuar la prestación del servicio de administración de justicia, para cumplir así el postulado del artículo 156 del COPP que señala:

"La administración de justicia penal es una función del Estado de caracter PERMANENTE, en consecuencia, no podrá ser interrumpida por vacaciones colectivas o cualquier otra medida que afecte el cumplimiento de los lapsos procesales"

De forma que el mismo COPP les prohíbe expresamente paralizar el trabajo, lo que implica que no debe haber receso judicial en el circuito penal. PERO, y es que la falta de material, el colapso de servicios, el retraso del trabajo, no disponer de recursos para darle continuidad, por un lado OBLIGA a bajar la Santamaría y cerrar el establecimiento… El Poder Judicial experimenta entonces lo que siente un empresario, cuando ausente de capacidad para trabajar, se ve forzado a cerrar sus puertas.

Pero lo que resulta mas triste, es ver que nuevamente, se suspenderán actos, se suspenderán los lapsos, se producirán interrupciones de juicios ya aperturados, y en definitiva, se perjudicará aun mas el status de los procesados y penados que aun confían su libertad en las manos del cada día mas deficiente Poder Judicial.

Para mi, no es un tema de recursos…

Para mi, es un tema de amor. ¡Le falta amor al poder judicial!.

Abogado.

Fbricenof@gmail.com



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