Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico se pronuncia ante el “aumento salarial”

Calificar solo como "insuficiente" el reciente "aumento de salarios" decretado por el gobierno, no termina de describir la esencia burguesa y elitesca del Estado venezolano, particularmente de la gestión encabezada por el presidente "obrero" Nicolás Maduro. Esta realidad se evidencia aún más acerca del tema salarial, tan sensible para la vida de los trabajadores venezolanos, sobre todo en la trágica situación que vivimos, caracterizada por una brutal inflación, jamás conocida en estas tierras, y a las graves señales de descomposición ética y política que involucran la conducta de las cúpulas de la MUD y del PSUV, las cuales carecen de total credibilidad, así como de cualquier elemento de autoridad moral, ante la población, para resolver la tremenda crisis que confrontamos como sociedad.

Como Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico, instancia conformada por militantes de la izquierda crítica de siempre y de factores del chavismo de base, a continuación hacemos pública nuestra posición respecto a esta medida, a la que consideramos más que una burla, una torpe estafa donde se pretende engañar a los que vivimos de nuestro trabajo, con las viejas y desgastadas fórmulas utilizadas por los decrépitos gobiernos puntofijistas de Caldera, Carlos Andrés Perez o Lusinchi.

El aumento del salario mínimo es una burla a los trabajadores

En cadena de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro, acompañado por el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y la canciller, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del salario mínimo de 50% que se concretaría a partir del 1 septiembre.

De esta forma, el salario mínimo quedaría en Bs. 22.576 bolívares. Igualmente, anunció que el cálculo para el cestatickets que hoy se basa en 3,5 por unidad tributaria, pasaría a calcularse a 8 puntos a partir del 1 de agosto, quedando el ticket de alimentación en Bs. 42.480.

Con este aumento salarial, originalmente no previsto, el gobierno reconoce tácitamente la grave situación que está pasando el pueblo venezolano, así como la destrucción de su salario.

El gobierno continúa con la política perversa e inconsulta de bonificar el salario, que hoy es menor que el bono de alimentación. La bonificación salarial persigue destruir las prestaciones sociales, minimiza el pago de las vacaciones y las utilidades.

¿Por qué sucede esto? En el art. 104 de la LOTTT (Ley Orgánica del Trabajo) se establece qué se entiende por salario, y en el 105 se expresa que el beneficio de alimentación, como lo denomina la ley, no tiene carácter remunerativo o salarial. Es decir, el cestatickets, como lo conocemos los trabajadores, no es parte del salario, y no se toma en cuenta para el pago de prestaciones sociales o indemnización (las cuales se calculan en base al salario real, sin incluir el bono alimentario).

Además, es necesario precisar que este aumento no significa absolutamente nada para una porción inmensa (por no decir mayoritaria) de la población, que no se beneficia en ningún momento del famoso cestatickets, como es el caso de los jubilados y pensionados, los trabajadores por cuenta propia (que representan casi un 50 de la masa laboral venezolana) y los trabajadores tercerizados, a los que recurre por cierto el gobierno obrero de forma sistemática, violando de esta manera la Ley Orgánica del Trabajo.

De esta forma el Estado y los empresarios se ahorran una gran cantidad dinero. El trabajador pierde, mientras el Estado y la empresa privada ganan con este mecanismo.

Ahora el gobierno inventó un fulano "salario integral", que no existe en la ley. Ese salario estaría compuesto por el "salario normal" y los cestatickets, que como ya vimos, son dos cosas distintas. Es como sumar peras con manzanas.

Al trabajador le decimos: no existe ningún salario integral, ese es un invento del gobierno para engatusarnos, que además favorece a los patronos.

El gobierno nunca consulta los aumentos salariales. Todos los aumentos del salario han sido decisiones unilaterales. La consulta del salario debería ser la resultante de un debate en el seno de las organizaciones sociales, sindicales y socioeconómicas, tal como está establecido en el art. 111 de la Lott. Pero esto es letra muerta. ¿Por qué sucede esto?. El gobierno quiere aparecer como "el redentor de los trabajadores", por eso ni siquiera le consulta a los sindicatos de la CSBT.

La inflación sigue desatada, mientras el desabastecimiento persiste y las colas cada día son más largas.

Para el mes de junio, la canasta alimentaria se elevó a Bs. 277.432,88, este aumento fue de 22,5% con respecto al mes anterior, es decir, que en la actualidad se necesitan 18,4 salarios mínimos (Bs. 15.051,15) para adquirir la canasta alimentaria de una familia de 5 integrantes. Por su parte, la canasta básica familiar, que comprende todos los gastos además de alimentación, asciende a Bs. 365.101,19. Es decir que con el nuevo aumento nadie puede vivir ni comer en este país. Entonces, ¿Con quien revisó estas cuentas Nicolás Maduro para emitir el presente aumento?

En rigor, el gobierno de Maduro es el que desata "la guerra económica" contra el pueblo trabajador, en alianza con los empresarios agrupados en el Consejo Nacional de Economía Productiva. Para ello cuenta con el respaldo mudo y "rodilla en tierra" de la burocracia roja, rojita de la CBST. Es allí donde se acuerdan los aumentos de precios de cientos de bienes y servicios. En ese consejo se está discutiendo el aumento de las tarifas de transporte y de telecomunicaciones (Internet, celulares etc.), entre muchas otras.

Es el gobierno quien está aplicando el paquete neoliberal aumentando la gasolina, devaluando la moneda, no discutiendo los contratos colectivos, por ejemplo el caso del Metro de Caracas, cuyo contrato vencido se pretende reconducir, o el de los trabajadores eléctricos, que el gobierno se niega a firmar. O incumpliendo sus cláusulas y abaratando la mano de obra, con salarios miserables, como en el caso del sector petrolero, los universitarios o de las empresas básicas. Aunado a estos irrebatibles señalamientos, debemos denunciar que en el caso de los Trabajadores de la Administración Pública, en muchos casos, se les viene cancelando este "aumento" irrisorio al cabo de varios meses, cuando ya la inflación los ha minimizado todavía más.

Por lo tanto urgente que todos los asalariados nos movilicemos por un aumento general de salarios, porque el salario mínimo se iguale a la canasta básica y se incremente cada tres meses de acuerdo a la inflación, es decir; luchar para lograr que se recupere el salario y el poder adquisitivo del pueblo trabajador. y para que se decreten un plan de emergencia alimentaria y de salud, que le garantice al pueblo los alimentos y las medicinas, lo que incluya una verdadera contraloría social pero además, impulsar la defensa del empleo y el derecho al trabajo.

Por último, es urgente que los revolucionarios y revolucionarias críticos, nos deslindemos de este gobierno hambreador, que ha perdido definitivamente el rumbo del proceso bolivariano, al aplicarle al pueblo este paquetazo neoliberal, para construir una alternativa revolucionaria, critica, diversa y organizar las acciones populares necesarias.



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