“Bienvenido el error, para reconocerlo, combatirlo y convertirlo en nueva invención; mal venido el engaño, porque es mortal para un proceso revolucionario”.

Hugo Rafael Chávez Frías (Presentación de nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Palacio Blanco, 6 de enero de 2006)

Los jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional hemos pasado a ser los conejillos de indias de un Estado de Derecho burlado y camino a convertirse en un adefesio financiero, en las propias narices del Gobierno de un proceso revolucionario y bolivariano.

Luego de haber agotado todas las instancias del Poder Moral y haber hecho del conocimiento de la opinión pública nacional, una de las mayores estafas cometidas contra los ahorros de la clase trabajadora petrolera de nuestro país, como lo representa el Fondo de Pensiones de los jubilados de Pdvsa, ahora se comete un nuevo fraude.

Ya es un hecho conocido en Venezuela que en la administración de Rafael Ramírez Carreño - prófugo de la justicia - quien pide cacao y busca reconciliación con el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, se nos arrebató a cerca de 30 mil jubilados de la industria petrolera, carbonífera y petroquímica nacional, una cifra superior a los 5 mil millones de dólares.

El robo que comenzó con el cambio de los estatutos del ente financiero de los jubilados de Pdvsa (noviembre del 2014), se fraguó presuntamente en la sede de la industria en La Campiña, con el visto bueno del Ministro de Finanzas de la Revolución Bolivariana para entonces, Simón Zerpa y los miembros de la Junta Directiva de la industria, entre quienes se encontraban Asdrúbal Chávez, Wills Rangel y Eulogio Del Pino.

De un monto aproximado de más de 7 mil millones del Fondo de Pensiones de Pdvsa, que se manejaba en los mercados financieros a una tasa técnica del más del 10%, junto a los ingresos adicionales por concepto de los haberes y alquileres de bienes e inmuebles, también propiedad de los jubilados, se comenzó a transformar en una expoliación.

El primer intento de fraude se cometió con el famoso Caso Illaramendi, también público y comunicacional, que se efectuó con un agente financiero de Rafael Ramírez Carreño, quien fue sorprendido con irregularidades y triquiñuelas en el mercado financiero de los Estados Unidos, donde fue sorprendido y juzgado por tribunales de ese país (Ver Google).

En aquel momento se citaron cifras superiores a los 350 millones de dólares que Pdvsa trató de recuperar al Fondo de Pensiones para subsanar el abuso cometido y se embargaron cifras millonarias en tribunales de los EEUU, donde todavía no han sido recuperadas.

Luego de los intentos fraudulentos ya conocidos, se procedió al cambio de los estatutos (art.33) del Fondo de Pensiones, para hacer préstamos para fines diferentes a los señalados en los estatutos, con divisas que pertenecen a los jubilados. Se hicieron pagarés al Estado venezolano por un monto superior a los 3 mil 700 millones de dólares, para financiar nacionalizaciones (Cantv, Corpoelec, etc.) y cubrir obras millonarias del Estado, como la famosa Misión Vivienda.

El asunto es que los dineros pertenecientes a un ente privado, creado bajo las leyes de la República, por los trabajadores de la industria petrolera y petroquímica nacional para asegurar su futuro y garantizar una jubilación digna, fue asaltado sin escrúpulos, violando el Estado de Derecho para atender asuntos muy alejados a su misión y para lo cual se establecieron mecanismos financieros leoninos, que perjudican a los jubilados de Pdvsa.

Hasta la fecha, con estados financieros auditados por la empresa (KPMG), quien estimo el pago de 660 dólares mensual por jubilado y se reconoce la deuda de los pagarés del año 2018 (renovable).

En este sentido, los intereses se han venido pagando por parte de Pdvsa al colectivo de jubilados luego de constantes reclamos, protestas y manifestaciones públicas de calle en todo el país.

Toda esta situación de los jubilados se ha desarrollado, aún en tiempos de pandemia, por parte de adultos mayores y con la participación de personas con problemas de salud, pertenecientes a la tercera edad, junto a sus familiares en zonas petroleras de Venezuela.

La deuda parcial de los haberes del Fondo de Pensiones, que está vinculada a los pagarés reconocidos por el Estado venezolano a una tasa técnica del 9,5%, asciende a un monto por el orden aproximado de los 3 mil 775 millones de dólares y la cual genera intereses pendientes por pagar de los años 2018, 2019 y 2020, en divisa norteamericana.

En los últimos meses luego de la lucha de Ajip, Asociación de Jubilados y la Hoja de Ruta, organización de un grupo de ex trabajadores (HDR), se han logrado algunos pagos en negociaciones frecuentes con las autoridades de Pdvsa (APJ-PDV) con pagos por cuotas de 15 dólares.

El actual presidente de la industria, ingeniero Asdrúbal Chávez, quien por cierto era miembro de la Junta Directiva del prófugo Ramírez Carreño prometió dar la cara a los jubilados. Nos recibió en una oportunidad y dejó entendiéndose a los representantes de Ajip con sus funcionarios, hecho que consideramos una falta de respeto.
Por Pdvsa - por su función intrínseca - han participado en las negociaciones los miembros de la Junta Administradora del Fondo (APJ-PDV) Iris Medina y la Señora Madrid y el Gerente Corporativo de Finanzas Sr. Oswaldo Pérez, junto a los directivos de Ajip Héctor Villalobos, José Castillo y el doctor José Antonio Corredor Asesor Jurídico de los jubilados.

Los acuerdos de pagos han ido y han venido de manera oscilatoria y el último acuerdo, además de los 15 dólares que vienen pagando, se sumó la oferta de 4 petros por mes (depositaron diciembre y enero en la Página Patria; es decir 8 petros).

Ahora cuando se ha venido reconociendo la deuda del colectivo de jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional por parte de la Junta Administradora del Fondo, presidida por Iris Medina (APJ-PDV) y con instrucciones directas del actual ministro de Finanzas, la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, los jubilados esperábamos una solución pero vivimos un nuevo calvario.

Se trata de un pago que transita los vericuetos de las finanzas públicas y que por sus malabarismos financieros, ahora aterriza en la Página Patria que es como un Banco Virtual del Estado venezolano.

La vía de pago para el colectivo de jubilados no estaría en discusión, porque la lucha ha sido orientada al pago y restitución de los intereses y haberes del Fondo de Pensiones, el cual pertenece única y exclusivamente a los jubilados de Pdvsa.

El problema se agudiza y se complica en el manejo de las divisas. Todo ello bajo una figura presuntamente legal, porque se hizo y se basó en un adefesio jurídico durante la administración de Rafael Ramírez Carreño y la cual desemboca en un laberinto que se ha convertido en un castigo para los jubilados de la industria.

Ahora cuando se ha reconocido un pago en petros y que ha sido negociado por los directivos de Ajip con los representantes de Pdvsa y además un pago de 15 dólares mensuales por los intereses del año 2018 (negociado), queda pendiente el pago de los intereses del 2019 y 2020; porque los pagarés son renovables (automáticamente), según acuerdo estipulado entre las dos partes.

Cuando venimos del calvario de los reclamos por los pagos de intereses de un dinero que nos pertenece y de un Fondo de Pensiones que fue usurpado, nos someten ahora a un nuevo castigo; el de cobrar en petros, moneda virtual que se maneja con distintas paridades cambiarias y la cual han manipulado (como el dólar today), utilizando herramientas del Estado como lo es la Página Patria.

Hoy cuando los jubilados recibimos dicho pago hemos iniciado el proceso de convertibilidad y nos hemos tropezado con alcabalas financieras, al pasar a ser víctimas de la especulación y de estafadores del mercado bursatil.

Mientras el BCV marca en cifras cercanas a los 100 millones de dólares por petro, en la Pagina Patria, de un solo golpe, bajaron a menos de 30 dólares el pago del petro. El precio real, desde su creación por el Presidente Nicolás Maduro estaría atado al precio del barril petrolero, el cual hoy oscila en los 45 dólares el barril en mercado internacional.

Los jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional denunciamos ante la opinión pública nacional y los organismos de Defensa de los Derechos Humanos, una nueva estafa de nuestros haberes e intereses del Fondo de Pensiones.

El Gobierno venezolano, revolucionario y bolivariano no puede avalar de manera alegre e irresponsable este manejo e injusto proceso de pago de los intereses por pagarés del Fondo de Pensiones de un colectivo aproximado de 30 mil jubilados que a 8 petros por c/u, representan la cifra según cotización del viernes 30/01/2020 (100$ por petro) unos 24 millones de dólares aproximadamente en la población señalada.

La manera descarada como se están cotizando los petros de los jubilados utilizando una herramienta del Estado venezolano, amerita una intervención urgente de la Defensoría del Pueblo y por su implicación legal de una empresa del Gobierno como Pdvsa, de la Fiscalía General de la República.

El Presidente de la República Nicolás Maduro Moros y el Fiscal Tareck William Saab tienen la palabra y no deben permitir que en sus narices se cometan presuntos fraudes y estafas contra el patrimonio de los venezolanos y en este caso, contra los jubilados de Pdvsa, quienes bastante hemos soportado los engaños que ya rallan en una burla del Estado de Derecho y de la Constitución Bolivariana y que se expresan en una presunta estafa con los Petros de la República… ¡Justicia ya!

¡Amanecerá y veremos!