LOS SOCIALISTAS REVOLUCIONARIOS Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL

En pueblo venezolano está ávido de libertad, desea ejercer directamente el poder y ser el protagonista de su propia redención; lucha por plena soberanía y desea ver resueltas todas las carencias sociales y económicas que aún lo aquejan. A todos nos motiva la intención de cerrar para siempre el largo y doloroso capítulo de siglos de explotación capitalista y democracia burguesa.

Así como a principios del siglo XIX los pueblos latinoamericanos bajo el mando de las espadas libertarias de sus próceres, se levantaron insurrectos para sacudirse del oprobioso yugo colonizador de las potencias europeas, hoy, dos siglos después, todas y todos queremos dejar en el pasado doscientos años de opresión y exclusión política, de pillaje y robo de nuestros recursos naturales, de explotación de la fuerza de trabajo de millones de asalariados y pobres de la ciudad y el campo, y sobre todo, de sumisión política, económica y militar a los designios de las nuevas potencias imperiales surgidas luego de dos cruentas guerras mundiales. En síntesis, todas y todos queremos dejar para el olvido, las miserias del pasado, del presente y del futuro que nos ofrece el sistema capitalista.

Mediante la movilización y la lucha del pueblo y los trabajadores hemos avanzado mucho durante estos últimos ocho años. Esos avances han sido posibles porque no nos hemos detenido en la lucha, porque hemos enfrentado una y otra vez, superando en todos los terrenos a los sempiternos enemigos de la revolución, y porque la experiencia diaria de este proceso revolucionario nos está enseñando que para seguir avanzando y coronar nuestras más anheladas metas, tenemos que profundizar la revolución, rompiendo de una vez por todas las pesadas cadenas capitalistas y superar los escollos y las emboscadas que a diario nos tienden los patronos, el imperialismo, los arribistas, los corruptos, los burócratas, y todos aquellos que se disfrazan de revolucionarios haciéndonos más tortuoso el camino hacia la liberación definitiva, hacia el socialismo.

Por eso nadie se puede sorprender entonces por la enorme expectativa con la que los venezolanos esperamos que el presidente Chávez hiciera pública su propuesta de Reforma Constitucional. No es para menos, ya que todos anhelamos -luego de 8 años de proceso revolucionario ininterrumpido-, sentar las bases políticas, jurídicas, económicas y sociales de un nuevo país, donde los trabajadores, los campesinos y el pueblo organizado, ejerzan real y efectivamente el poder.

Desde esa perspectiva, los trabajadores, las comunidades, los campesinos, los estudiantes y todos aquellos que se sienten comprometidos con las grandes transformaciones que transita el país, estamos urgidos de participar en la discusión que se ha abierto alrededor del proyecto de Reforma Constitucional, porque de sus resultados dependerá la vida política nacional.

Quienes nos reivindicamos como defensores de los intereses de la clase trabajadora, nos sentimos convidados a participar en este gran debate político e ideológico, y creemos que es una oportunidad propicia para expresar nuestra visión sobre la reforma presentada por el presidente Chávez, y lo que creemos debe ser la posición de los trabajadores, especialmente de los organizados en la Unión Nacional de Trabajadores, las comunidades, los campesinos y los jóvenes.

Para una mejor comprensión de nuestras opiniones, evaluaremos a lo largo del presente documento, los siguientes aspectos:

• El carácter del momento político en el que se propone la reforma, y dilucidar si la propuesta presidencial se compadece con las expectativas populares, tras los grandes triunfos alcanzados por la población en su lucha contra el imperialismo y la oposición golpista.
• Identificar el carácter político, social y de clase de la propuesta presentada por el presidente Chávez.
• Tomando como base el proyecto de reforma, expresar nuestras opiniones concretas sobre los temas centrales en discusión: geometría del poder, transferencia del poder a las comunidades, régimen de propiedad, derechos laborales, fuerzas armadas, reelección presidencial, entre otros aspectos.
• Y finalmente, sustentar nuestra propuesta de constituir una gran Asamblea Obrera y Popular, integrada por delegados democráticamente elegidos por las bases, para que expresen y debatan la posición de los trabajadores, las comunidades, los campesinos y los estudiantes sobre la Reforma Constitucional.

I. EL PROYECTO PRESIDENCIAL DE REFORMA CONSTITUCIONAL NO SE CORRESPONDE CON LOS GRANDES TRIUNFOS OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Comparando el actual período (2002-2007), con el que precedió a la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, sin duda encontramos diferencias sustantivas. Recordemos bien que los que precedieron a la Constituyente, fueron años de intensa resistencia por parte de los trabajadores y el pueblo a los efectos de la globalización, pero a pesar de ello, los gobiernos del régimen “Puntofijista”, los empresarios y el imperialismo lograron imponer su agenda neoliberal de privatización de las empresas públicas; descentralización de la administración pública y abandono por parte del Estado de sus responsabilidades en materia de salud, educación, vivienda, entre otras, así como la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, mediante la cual la burocracia sindical de la CTV y los gobiernos adeco-copeyanos, liquidaron la retroactividad en el pago de las prestaciones sociales. Todas estas medidas acarrearon un empobrecimiento brutal de la población, y posibilitaron que la Nación se hipotecara ante los organismos financieros internacionales por una cuantiosa y fraudulenta deuda externa.

Las décadas de los 80 y los 90 fueron de grandes retrocesos políticos y pérdida de conquistas económicas y sociales por parte de la población, mientras que un puñado de oligarcas, terratenientes y grupos empresariales se llenaron los bolsillos a costa del hambre y el sufrimiento de millones de venezolanos y venezolanas.

Si quisiéramos establecer una relación de proporcionalidad entre ese contexto político de derrotas al pueblo e imposición de la agenda neoliberal, con respecto a los alcances de la actual Constitución vigente, sería fácil verificar que ésta significó un progreso significativo e histórico con relación a un momento de derrotas y pérdida de conquistas. Siendo una Constitución que no rompe con el carácter burgués del Estado, y que garantiza la propiedad privada de los medios de producción, el nuevo marco constitucional se constituyó en un importante avance en los derechos políticos y sociales del pueblo venezolano, y se constituyó en la tumba de la alternancia bipartidista adeco-copeyana.

Pero no podemos decir lo mismo del actual proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo. Veamos ¿por qué? Si revisamos lo acontecido desde abril de 2002 hasta nuestros días, el contexto político se ha caracterizado por la obtención de grandes triunfos revolucionarios: los golpistas nacionales y sus amos norteamericanos fueron derrotados en abril de 2002, por la más grande movilización popular que conoce la historia política del país; los empresarios y la burocracia sindical cetevista mordieron el polvo de la derrota durante el paro-sabotaje patronal, y PDVSA quedó bajo el control absoluto del gobierno; la oposición política fue derrotada en su intento de revocar el mandato del presidente Chávez en agosto de 2004; a finales de ese mismo año el mapa político se tiñó de rojo en las elecciones de alcaldes y gobernaciones; en diciembre de 2005 la Asamblea Nacional quedó conformada sin representantes de los partidos de la oposición golpista, y en diciembre de 2006 se reeligió al presidente Chávez.

En ese período las luchas de las comunidades, los trabajadores y los campesinos se extendieron y radicalizaron. Durante esta coyuntura se construyó la Unión Nacional de Trabajadores; nacieron y se desarrollaron poderosas organizaciones gremiales en el campo, mientras que las comunidades jugaron un rol más protagónico. Muchas empresas y grandes extensiones de tierra fueron ocupadas, y con su lucha y movilización, los trabajadores y los campesinos lograron la expropiación de algunas de ellas, inaugurándose una nueva etapa de grandes conquistas.

Todos estos triunfos contundentes y las expectativas de profundizar el proceso revolucionario, generaron la esperanza de que la Reforma Constitucional que anunciaría el presidente Chávez, fuera infinitamente superior en sus alcances a la Constitución de 1999. Sin embargo, no ha sido así, ya que las propuestas presidenciales son tímidos retoques a la Constitución vigente, que no se corresponden en nada con los grandes triunfos políticos, económicos y sociales obtenidos en los últimos cinco años.

II. EL CONTENIDO POLÍTICO Y SOCIAL DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL ESTÁ INSPIRADO EN LA CONCILIACIÓN ENTRE EXPLOTADORES Y EXPLOTADOS Y NO EN LA INDEPENDENCIA DE CLASE Y EL SOCIALISMO

Mucho se ha dicho y así insisten quienes se muestran favorables en su integridad al proyecto de Reforma Constitucional, que ésta tiene un carácter socialista. Siendo rigurosos con lo que se entiende por socialismo, y dejando por supuesto de lado las deformaciones que de este concepto hicieron los socialdemócratas europeos durante más de un siglo o el stalinismo en Europa del este durante 7 décadas de usurpación de las conquistas de la revolución rusa de octubre de 1917, debemos reconocer que la presente propuesta presidencial no tiene nada que ver con el socialismo que pregonó Carlos Marx y Federico Engels, o por el que lucharon Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo o Karl Liebnecth. El propio Presidente ha dicho que el “socialismo del siglo XXI” contempla la propiedad privada, desecha el marxismo y el leninismo, y no considera a la clase obrera el motor fundamental de la transformación social. Por otra parte, política e ideológicamente estaría inspirado en lo fundamental en las ideas del libertador Simón Bolívar, quien luchó por la independencia latinoamericana mucho antes de que existiera el socialismo científico.

Es lógico que el presidente Chávez diga que no desea calco ni copia de procesos sucedidos en el pasado. Nosotros tampoco. Por el contrario, abogamos por un socialismo que supere las taras burocráticas y stalinistas del llamado “socialismo real” del siglo XX. Sin embargo, en los hechos, está repitiendo para desgracia del proceso revolucionario venezolano, las mismas equivocaciones históricas que cometieron los socialdemócratas, los stalinistas en el este europeo, los castristas en Cuba, los sandinistas en Nicaragua o los dirigentes de la Unidad Popular en Chile, con Salvador Allende a la cabeza.

Casi textualmente los dirigentes de esas revoluciones, dijeron exactamente lo que el presidente Chávez dice en la actualidad. Todos ellos llevaron por el camino equivocado al pueblo y a los trabajadores movilizados, haciéndoles creer que el camino al socialismo sería transitado por la senda del respeto a la propiedad privada de los medios de producción; de la convivencia entre la propiedad estatal con la propiedad mixta bajo el esquema capitalista; de la negación del control obrero de la producción y la administración de las empresas; de la permisibilidad de la explotación de la fuerza de trabajo y la apropiación capitalista de la plusvalía; de la coexistencia pacífica con los enemigos de la revolución; del sostenimiento de la estructura jurídica y el sistema de justicia burgués; de la “integración” con gobiernos, países y economías capitalistas, oponiéndose en los hechos a promover la revolución en esas naciones para derrotar a los gobiernos pro-imperialistas (como son los de Lula, Kirchner y Uribe); y en últimas, porque siempre estuvieron convencidos que el socialismo es un modelo “nacional” que se puede construir en un sólo país, sin entender que para alcanzarlo y consolidarlo es indispensable derrotar al imperialismo y al capitalismo a escala internacional. Más que nunca, repetimos junto con los maestros, que el socialismo será nacional por su forma e internacional por su contenido.

No hay “vía pacífica” al socialismo, no hay “revoluciones bonitas o revoluciones del amor”, no hay “revoluciones por etapas”, no hay “revoluciones socialistas culturales o constitucionales”. Todas esas formas llevaron inevitablemente a las derrotas de las revoluciones, a la degeneración de las mismas o a la restauración del capitalismo más salvaje, como sucede en China, donde 1.200 millones de habitantes fueron convertidos en esclavos modernos.

Ninguna constitución por sí misma nos hará avanzar hacia el socialismo. El socialismo presupone expropiación de las empresas, de las tierras, de los bancos y el sistema financiero, de los medios de comunicación, del control absoluto del comercio internacional. No existen burgueses, o “empresarios socialistas, nacionalistas o patriotas” dispuestos a entregar de buena gana la propiedad privada y renunciar a la apropiación de la plusvalía que producimos a diario los trabajadores.

Esa será una batalla frontal, clase contra clase, en las calles, en los barrios, las urbanizaciones, las fábricas, en los campos, en las escuelas, las universidades, en las empresas del Estado, al interior de los cuarteles militares y en todo el territorio nacional. El proyecto de reforma constitucional del presidente Chávez no prepara al pueblo para este tipo de revolución socialista.

La propuesta presentada por el Ejecutivo, plantea uno que otro retoque formal pero no se inscribe en una perspectiva socialista. Es decir, no se cuestiona para nada la propiedad capitalista. El fruto del trabajo y los excedentes (plusvalía) que producimos los trabajadores y trabajadoras seguirá siendo apropiado por una minoría de empresarios o en el mejor de los casos por un Estado que administrará la propiedad de los medios de producción, desde el punto de vista capitalista. El ejercicio real del poder no se traslada a la población movilizada para que tome las decisiones de fondo que se requieren para transformar al país. Se abre la posibilidad que de ahora en adelante las multinacionales tengan potestad sobre el suelo, el subsuelo, áreas marítimas y todos nuestros recursos naturales por la vía de las empresas mixtas. La justicia burguesa queda intacta, la administración de la misma queda en manos de los capitalistas y se seguirá favoreciendo a los explotadores y ladrones de cuello blanco. La defensa de la revolución seguirá en manos de un ejército profesional y no de la población armada y adiestrada para defenderse de cualquier ataque de los enemigos del pueblo y la revolución.

Tan cierto es que se dejan intactas las estructuras burguesas que hasta el presidente de FEDECÁMARAS ha agradecido que el vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, se haya comprometido a respetar la propiedad privada sobre los medios de producción. Estas afirmaciones nos muestran que la reforma constitucional propuesta por el presidente Chávez tiene como fundamento político la conciliación de los intereses entre explotadores y explotados. Todos sabemos que esto es utópico, ya que no es posible conciliar intereses antagónicos, razón por la cual nos permitimos afirmar que la propuesta de reforma constitucional en curso no modifica la base estructural de la sociedad capitalista, como son la propiedad privada sobre los medios de producción y la apropiación privada de los excedentes que produce la fuerza laboral.

III. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE CHÁVEZ

Para ahondar en la visión de conciliación de clases que guía al proyecto de Reforma Constitucional ofrecido por el presidente Chávez, hagamos un examen de los principales temas en discusión.

a. Se preserva la propiedad privada y el Estado burgués

La Constitución vigente, más allá de las importantes conquistas democráticas que contiene, y el proyecto de Reforma Constitucional, preservan la propiedad privada de los medios de producción y la apropiación capitalista de los excedentes del trabajo humano, conocida como plusvalía. Introducir algunas nuevas modalidades de propiedad, no modifica el carácter capitalista de las mismas. Ninguna de ellas será controlada y administrada directamente por los trabajadores, ni la plusvalía producida será redistribuida entre toda la población de acuerdo a las necesidades de ésta.

Esto se puede apreciar claramente en el texto del artículo 112 que garantiza y preserva la propiedad privada de los medios de producción, tanto en su redacción vigente como en la reforma propuesta por el presidente Chávez. También se constata en el artículo 299, que no será reformado, y el cual consagra como uno de los principios del régimen socioeconómico la “libre competencia capitalista”. Otros dos ejemplos de lo que estamos afirmando, están referidos al trato igualitario de la inversión extranjera respecto a la inversión nacional y a la reglamentación de las patentes y la propiedad intelectual.

Una de las principales injerencias del imperialismo en las economías latinoamericanas, contempladas en el ALCA, era que las empresas extranjeras tendrían los mismos derechos que las empresas nacionales, mediante la cual se colocaba en un mismo plano al pequeño o mediano capital nacional con las grandes empresas trasnacionales.

El artículo 301 de la constitución vigente, le garantiza este trato ventajoso al capital foráneo, al plantear que: …”La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional.”

El otro tema es el de las patentes y la propiedad intelectual que se garantiza a través del artículo 98, que al igual que el anterior no se toca en la propuesta de reforma. Dicho artículo reza: “El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas…”. Disposición que favorece el control y propiedad de las patentes por parte de las empresas transnacionales.

En los artículos 112, 113 (se prohíben los monopolios) y 115 se establecen varias formas de propiedad, a saber: la pública, la social (indirecta y directa), propiedad mixta y la privada. En la reforma continúa existiendo la propiedad privada y se le confiere rango constitucional a las “empresas mixtas”, incluso en sectores estratégicos de la economía, donde capitales nacionales o transnacionales podrían asociarse al Estado. En términos generales, ninguna de estas formas de propiedad afecta efectivamente la gran propiedad capitalista, terrateniente, ni al sistema bancario y financiero, manteniéndose el modo de producción capitalista.

La propiedad de los medios de producción es un tema central para definir el avance al socialismo. En este aspecto si de verdad se quiere avanzar hacia el socialismo, hay que considerar como único tipo de propiedad con rango constitucional: la propiedad colectiva y social de todos los recursos naturales, tierras, industrias y servicios públicos. Y en tal sentido proponemos que todos los medios de producción y servicios de carácter estratégico (Sidor, empresas eléctricas y de energía en general, de alimentos, transporte, comunicaciones y teléfonos, entre otras) deben ser expropiados o nacionalizados y puestos bajo control democrático de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, comités de fábrica o consejos obreros. Esto se aplicaría de manera inmediata al caso de Sanitarios Maracay.

La reforma para ser socialista tiene que incluir una disposición mediante la cual sean expropiadas aquellas empresas que violenten los derechos de los trabajadores o que sean abandonadas por los patronos, como es el caso de Sanitarios Maracay. Igualmente, todas aquellas empresas que fueron expropiadas y hoy son administradas por cooperativas, deben pasar a ser gestionadas por los trabajadores directamente, a través de sus organizaciones sindicales o comités de fábrica, eliminándose las cooperativas y el control administrativo que se ejerce desde el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, dadas sus evidentes limitaciones.

En el caso de las empresas que ya han sido nacionalizadas o son de propiedad estatal (PDVSA, Electricidad de Caracas, CANTV), estas deben ser gestionadas directamente por sus trabajadores y empleados. Y en aquellos sectores de la economía que por ahora no sean expropiados, los trabajadores organizados deben ejercer el control obrero, y en todos los casos se debe abolir el secreto comercial de las empresas.

Rechazamos expresamente el conferirle rango constitucional a las “empresas mixtas” con capitales privados nacionales o transnacionales, por cuanto esto permitiría la presencia e injerencia de empresas transnacionales, o de empresas nacionales asociadas a capitales extranjeros, en la economía nacional, incluso en sectores estratégicos y en la explotación de recursos naturales que son propiedad del pueblo venezolano. Esto sólo podría considerarse en situaciones particulares y coyunturales, previa discusión con las organizaciones obreras, campesinas y populares, y aprobado en referéndum.

Por otra parte, se mantiene sin reforma el artículo 303 de la actual constitución que reserva al Estado el total accionario de PDVSA, pero que deja abierto un resquicio para la penetración del capital privado, foráneo o nacional, tal como lo hacía el artículo 5 de la antigua Ley de Nacionalización de la época de Carlos Andrés Pérez, al establecer: “exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.”

En el art. 115 se establece también el pago de indemnización en caso de expropiación. En este aspecto se debería plantear que la indemnización no se debe establecer en la constitución, y que esta estará determinada por las condiciones particulares de cada caso o situación de expropiación, y que en todo caso, si se indemniza o no debe ser decidido por todo el pueblo a través de un referéndum.

En el art. 307 se prohíbe el latifundio, medida que compartimos. Sin embargo, esto debe ser acompañado por el desarrollo de una profunda y amplia reforma agraria, impulsada por el Estado en conjunto con las organizaciones campesinas, a través de la cual todas las tierras pasen a ser propiedad estatal y colectiva, y que estas sean entregadas a los campesinos sin tierra para que las trabajen con financiamiento y apoyo técnico y logístico del Estado.

b. Transferencia de poder a las comunidades o ejercicio real del poder del pueblo a través de un Consejo Nacional Obrero, Campesino y Popular

Resulta evidente para el pueblo y los trabajadores, los cuales luchan cotidianamente por sus derechos y están por la profundización del proceso revolucionario, que existe un obstáculo infranqueable: la burocracia y la creciente corrupción en la que está presa el gobierno, los cuales son males consustanciales con las estructuras económicas y políticas capitalistas que aún prevalecen.

Los de abajo quieren superar definitivamente las taras del “puntofijismo” y construir sus propios órganos de poder, por esa razón en un primer momento confiaron que ello se podría concretar a través de los Consejos Locales de Planificación Pública, de los que hoy ya nadie se acuerda, pues terminaron supeditados al gobierno. Ahora fijan sus expectativas en los Consejos Comunales, que también están presos de desorganización, burocratismo y de control estatal, a través de los gobernadores y alcaldes. En ese sentido, un grueso sector del pueblo que aún confía en el liderazgo del presidente Chávez, de forma confusa y equivocada, tiene esperanzas de que esta reforma constitucional sí lograra sentar las bases del poder popular, y de esta forma la presenta la propaganda gubernamental.

El ejercicio directo del poder por parte de los trabajadores y el pueblo, y la construcción de un nuevo Estado que refleje los intereses de las capas populares en lucha, en contraposición al Estado burgués aún prevaleciente, es un aspecto fundamental que debe encarar una reforma constitucional dirigida a impulsar la construcción del socialismo. La nueva “geometría del poder” no puede ser otra que la que posibilite la conformación de un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo. No se debe limitar a una reestructuración territorial o geográfica del país que sólo busca ampliar la base burocrática en las regiones, creando nuevas estructuras con la intención de centralizar el poder en manos del Ejecutivo, propiciando y reproduciendo el clientelismo, la malversación de fondos públicos, la corrupción y el tráfico de influencias.

La reforma, en lo que respecta al ejercicio del poder, esencia de la encrucijada política que atravesamos, no ataca de raíz el problema central que es que el pueblo y los trabajadores tengan el poder en sus manos, a través de sus organizaciones. Y que este sea ejercido local, regional y nacionalmente por toda la población, democrática y directamente, sin burócratas ni funcionarios intermediarios, que frenan y mediatizan la energía revolucionaria del pueblo.

El problema no es si se amplía a 7 años el período presidencial y se establece la reelección continua o indefinida, o si se crean las provincias o las vicepresidenciales regionales. Los marxistas revolucionarios no hacemos un fetiche de la “alternabilidad en el gobierno”, que es una concepción de la democracia burguesa, para que distintos partidos representantes de las clases dominantes, se repartan el poder para sojuzgar y explotar a los trabajadores, como lo es también la supuesta “división de poderes”.

La cuestión fundamental es la superación del régimen burgués presidencialista, que también se pone en evidencia en los ministerios, las gobernaciones y alcaldías; la liquidación de las estructuras legislativas representativas de la Asamblea Nacional y los consejos legislativos regionales de los estados; la eliminación del actual sistema judicial que sigue privilegiando los intereses de la burguesía y los corruptos, propicia la impunidad de los golpistas y permite que se fuguen de las cárceles; la liquidación de los privilegios (tarjetas de crédito corporativas, elevados sueldos, guardaespaldas, carros y choferes) que todos estos cargos llevan aparejados, y su sustitución por estructuras de gobierno democrático y colectivo de los trabajadores, campesinos, indígenas y sectores populares movilizados.

En tal sentido, proponemos que los trabajadores y el pueblo asuman directamente el poder a través de la conformación de un gran Consejo Nacional Obrero, Comunitario y Campesino que legisle y ejecute las medidas a favor del conjunto de la población. Este consejo debe reproducirse regional y localmente, y debe estar integrado por los mejores y más reconocidos luchadores, activistas y dirigentes de los distintos sectores sociales, independientemente de su afiliación política o partidista. Deben ser responsables ante sus electores y revocables en cualquier momento por los mismos. Su salario debe ser equivalente al costo de la canasta básica o familiar, y no deben disfrutar de ningún privilegio especial derivado del cargo. El presidente o coordinador de estos consejos debe ser elegido de entre los miembros que lo conforman.

El Consejo Nacional Obrero, Comunitario y Campesino será el máximo organismo de poder del pueblo y a sus decisiones se supeditan todos los funcionarios. Debe ser el encargado de elaborar y discutir con el conjunto de la población organizada un Plan de Emergencia Económico y Social, para darle respuesta a los más urgentes problemas sociales y económicos del pueblo, e iniciar la transición real y efectiva al socialismo.

c. Sobre los derechos de los trabajadores

En el proyecto de reforma constitucional se establecen dos medidas progresivas como serían la reducción a 6 horas de la jornada laboral y el fondo de estabilidad social para trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. No obstante, estas son medidas parciales de cumplimiento difícil en el marco del sistema capitalista que mantiene vigente dicha reforma.
Con respecto a la jornada de 6 horas, si no es reglamentada, terminará sirviendo a los intereses de los empresarios, los cuales se las ingeniarán para reducir los salarios y pagar sólo las horas trabajadas, es decir, en lugar de pagar los salarios en base a 8 horas, lo harán en función de 6, y quien sabe que otras triquiñuelas inventarán para trasladar los costos de la reducción de la jornada laboral a los trabajadores. Por otra parte, se le atribuye al patrono o patrona la potestad de programar y organizar la utilización del tiempo libre.
Pero además, esta es una medida que no requiere ser establecida en la constitución, y que podría ser promulgada de inmediato mediante un decreto en el marco de la Ley Habilitante. La instrumentación inmediata de esta medida favorecería a los trabajadores de la administración pública que en este momento laboran hasta 10 y 14 horas, incluso fines de semana, sin pago de horas extras.

En todo caso, independientemente de que la reforma se aprobada o no, los trabajadores debemos luchar para que la reducción de la jornada laboral se concrete y no implique reducción salarial ni aumento de la explotación de la mano de obra, de tal forma que los patronos ahora quieran que los trabajadores produzcamos en 6 horas lo que antes producíamos en 8. Esperamos también que esta reducción de la jornada laboral no signifique concesiones a los empresarios en materia de impuestos y responsabilidad social, como ha sucedido en Francia, donde los empresarios han asimilado las 6 horas gracias a los subsidios que el Estado les ha otorgado.

Asimismo, la reducción de la jornada laboral debe ser acompañada de un aumento general de sueldos y salarios similar a la canasta básica que hoy se ubica en Bs. 2.092.833, y por el establecimiento de la escala móvil de salarios, acorde al incremento anual de la inflación. Simultáneamente con la reducción de la jornada de trabajo, el Estado a través del Consejo Nacional Obrero, Comunitario y Campesino, debe discutir e instrumentar junto a las organizaciones obreras y populares, un Plan Nacional de Infraestructura y Obras Públicas para enfrentar el desempleo y la informalidad.

Proponemos, además, que el Estado construya colonias vacacionales para los trabajadores, y promueva y apoye financieramente las actividades de recreación, turísticas, deportivas, culturales, de educación y formación, y que estas sean gestionadas y administradas a través de las organizaciones sindicales, comités de fábricas y consejos obreros.

Saludamos la creación del FONDO DE ESTABILIDAD SOCIAL mediante el cual se ampara a todo un conjunto de trabajadores que han sido excluidos históricamente por no ser empleados u obreros fijos de alguna empresa. De todas formas, queremos expresar las dudas sobre este aspecto, ya que con la creación del Fondo de Estabilidad Social, se puede estar legitimando la exclusión de millones de compatriotas que no gozan de empleo digno y que ahora van a tener el beneficio de un subsidio, cuando lo que se trata es que el Estado y la Constitución garanticen pleno empleo en condiciones dignas para todas y todos los venezolanos.

Por otra parte, en la reforma al artículo 87, se establece una disposición regresiva y extremadamente inconveniente para los trabajadores. En la misma, se da un paso atrás con respecto a lo contemplado en la constitución vigente, al establecer la “corresponsabilidad” del patrono en relación a los condiciones de seguridad, higiene, ambiente y relaciones sociales en el trabajo.

En la actual redacción del artículo se dice que: “Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados”. Como se ve, queda expresamente establecida la responsabilidad única y directa del patrono o patrona en las condiciones de seguridad laboral, mientras que en la reforma propuesta, se retrocede peligrosamente, estableciéndose la corresponsabilidad entre patronos y trabajadores, al plantear: “En aplicación de los principios de corresponsabilidad y solidaridad el patrono o patrona adoptará todas las medidas necesarias para el cumplimiento de dichas condiciones.” Si en la actualidad los patronos se las ingenian para hacer recaer en los hombros de los trabajadores los accidentes laborales o las enfermedades producto del trabajo, violando flagrantemente la Lopcymat, con esta reforma se les daría patente de corso para hacer lo que les venga en ganas con los trabajadores y trabajadoras.

Queremos ser voceros de la gran preocupación que se ha generado entre los trabajadores, por el hecho de que el gobierno no ha cumplido con su compromiso de honrar la retroactividad de las prestaciones, la elaboración de una nueva Ley Orgánica del Trabajo que refleje la nueva correlación de fuerzas existente entre trabajadores y patronos; la reglamentación de la Ley de Seguridad Social, y el respeto la autonomía del movimiento sindical respecto al Estado y el gobierno, tanto en su actividad cotidiana como en sus procesos electorales, acabando con la injerencia del Ministerio del Trabajo y el CNE.
Pero si algo debe ratificarse, y los trabajadores debemos defenderlo hasta las últimas consecuencias, es la soberanía y la autonomía de las organizaciones sindicales, populares, campesinas, estudiantiles o comunitarias. Ninguna de ellas puede depender política, jurídica o financieramente del gobierno. No puede existir ninguna intromisión en sus procesos eleccionarios y se debe respetar su libre derecho a presentar pliegos de reclamos y a la contratación colectiva, que es una conquista histórica del movimiento sindical, la cual ha sido conculcada en la industria petrolera y en la administración pública.

d. El sistema financiero y la autonomía del Banco Central

En la reforma del artículo 318 se elimina la autonomía del Banco Central, que tradicionalmente ha sido el mecanismo de intervención e injerencia de los organismos financieros internacionales en las finanzas y la economía del país. Sin embargo, lograr esta autonomía manteniendo las estructuras capitalistas, no va al fondo del problema.
Tenemos que estar conscientes que el sistema financiero y de seguros se ha convertido en el gran instrumento político-económico de la contrarrevolución para minar las reservas internacionales, la fuga de divisas, presionar la devaluación del Bolívar, y en gran medida son agentes inflacionarios.

En tal sentido, debemos proponer que los bancos en manos de capitales transnacionales sean nacionalizados, y expropiados todos los bancos nacionales, para conformar un sólo sistema financiero a través del establecimiento de un Banco Central Nacional, en el que se centralicen todos los recursos provenientes de las exportaciones petroleras, del hierro y otros rubros Esta medida debe ser acompañada con la nacionalización y estatización del comercio exterior. Sin estos requisitos previos, será imposible llevar adelante la planificación socialista de la economía, manteniéndose la anarquía despilfarradora, propia del capitalismo.

e. Sobre las Fuerzas Armadas, las milicias y el armamento del pueblo

Un aspecto fundamental del ejercicio del poder obrero, campesino y popular, en el marco de la construcción del socialismo sin patronos, burócratas ni corruptos, es el de la defensa de las conquistas de la revolución, para lo cual se requiere una organización militar del pueblo y los trabajadores.

Aunque el Presidente retrocedió en lo referente a la Guardia Nacional, probablemente por presión de los mandos militares de esta fuerza, en la reforma sigue predominando el carácter elitesco, jerárquico y antidemocrático de las fuerzas armadas burguesas. En tal sentido, debemos proponer la conformación de milicias obreras, campesinas y populares, basadas en los sindicatos y organizaciones del pueblo, así como el armamento general del pueblo, como base fundamental de defensa de las conquistas de la revolución, y de respuesta a los ataques de enemigos externos. Igualmente, debe incluirse en la reforma el derecho a la sindicalización en las fuerzas armadas populares, por la democracia, contra los grados y verticalismo de las elites y oficiales.

IV. PARLAMENTARISMO DE CALLE O UNA ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS SINDICALES, COMUNITARIOS Y CAMPESINOS PARA HACER UN DEBATE DEMOCRÁTICO DE CARA AL PUEBLO

Los socialistas siempre hemos reivindicado, y mucho más en esta oportunidad, que todo el pueblo y en especial los trabajadores discutamos todo el contenido de la Carta Magna, a través de mecanismos mucho más democrático y superiores a los que han dado en llamar “Parlamentarismo de Calle”, ya que todos sabemos las limitaciones de esta opción.

Precisamente para superar esa limitante proponemos que todo el debate sobre la reforma sea a través de una nueva Asamblea Popular Libre y Soberana con delegados de trabajadores, campesinos, comunidades, estudiantes, integrantes de las fuerzas armadas, que sea superadora de la Asamblea Constituyente burguesa que se fundamenta en «una persona un voto». Con una Asamblea Popular de estas características, que sea plenamente democrática y representativa de los sectores sociales fundamentales del proceso revolucionario, estaríamos en mejores condiciones para discutir entre todos, la sustitución de la actual Constitución por una nueva que deje de reflejar el viejo estado capitalista, reemplazándola por una nueva en la que prime la visión de una sociedad basada en el poder de los que producimos con nuestro esfuerzo y trabajo las riquezas del país.

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