Se acerca el 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Para esta memorable fecha complementamos los planteamientos formulados en nuestro documento “Hacia un primero de mayo apuntando a la profundización de la revolución” (http://www.aporrea.org/trabajadores/a54747.html), publicado en www.aporrea.org.com., en el periódico “Proceso”y en www.antiescualidos.com.

Buscamos contribuir en el compromiso por la profundización de la acción revolucionaria, aportando propuestas sobre políticas públicas que necesariamente deben ser articuladas y unidas a los reivindicaciones y exigencias del movimiento obrero y popular, como uno de los factores fundamentales de la clase trabajadora para impulsar el proceso bolivariano, que considera el trabajo como la principal riqueza, que debe ser valorada y tratada con justicia y dignidad.

RETOS Y DESAFÍOS PARA AVANZAR EN LA REVOLUCIÓN.

Lucha por un incremento general de sueldos y salarios. 

El gobierno del Presidente Chávez ha mantenido una consecuente política de ajustes anual del salario mínimo nacional sobre los indicadores de inflación registrados en el año inmediatamente anterior. Esta política, además, ha superado progresivamente las diferencias y discriminaciones heredadas históricamente. En este sentido, se unificó el salario mínimo tanto urbano como rural; se eliminó la grosera diferencia entre pequeñas empresas y unidades de producción (de menos de 20 trabajadores y trabajadoras) con el resto de las empresas. Se superó el pago en especie (a través de vivienda) del salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras de conserjería. Se incluyó en el ámbito de su protección de los trabajadores y trabajadoras domésticos, rompiendo su tradicional exclusión, basadas en equivocados valores de servidumbre y subordinación recogidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Hoy el salario mínimo es uno de los más elevados de América Latina, pero al mismo tiempo es el monto con que se cancelan las pensiones del IVSS y las jubilaciones mínimas en la Administración Pública Nacional.

A esta política gubernamental se ha sumado el control inflacionario, que ha permitido que los salarios se protejan en su capacidad de compra, en contraste con la década de los años 80 y 90, en los cuales la inflación llegó a superar el 100% anual, pero las remuneraciones mínimas se mantuvieron congeladas e inalterables para forzar la reforma del anterior régimen de prestaciones sociales. Al mismo tiempo, otras políticas de profundo impacto social han facilitado la restitución y ampliación de la capacidad de compra de los salarios, como la Misión Mercal, la Misión Barrio Adentro y las Misiones educativas, que han facilitado el acceso gratuito y universal a los servicios públicos esenciales, anteriormente sometidos a las barreras y limitaciones de la privatización neoliberal.

Sin embargo, estos avances en el campo del salario mínimo se topan ante la evidencia de que los salarios superiores se mantienen estancados. En el caso del sector privado, el esperado efecto “cascada” sobre las remuneraciones superiores, ha tenido escasas repercusiones y el papel de las convenciones colectivas con su limitada cobertura, tampoco ha escapado a las moratorias y pugnas internas del movimiento sindical para legitimar sus directivas. 

En el caso del sector público nacional, la escala general de remuneraciones y el tabulador general de salarios sufre un marcado proceso de solapamiento, reflejándose la derogatoria parcial de dichos instrumentos por el avance registrado en el salario mínimo nacional. Esta situación de estancamiento en el sector público nacional, sumado a la inercia jugada por el Ministerio de la Planificación y Desarrollo, se ha traducido en una realidad interna de desregularización salarial, de creación atomizada y fragmentaria de beneficios laborales entre las distintas instituciones de la Administración Pública Nacional y del Estado en general. Todo ello ha profundizado no sólo el desgobierno y la lógica de la competencia entre instituciones en esta materia, sino que ha puesto en evidencia la debilidad de la planificación centralizada como instrumento necesario en toda institucionalidad socialista para asegurar una distribución justa y eficiente de los recursos en función de las necesidades de la población, en este caso los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública y del Estado en general.

Por tanto, el Gobierno Nacional debe corregir para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado las debilidades e inconsecuencias del movimiento sindical con sus bases, y de las demoras o rezagos gubernamentales, procediendo a:

1. Actualizar la Escala General de Remuneraciones y el Tabulador General de Salarios de la Administración Pública Nacional, para lo cual deberán tomarse en consideración como referencia de cálculo los índices de inflación de los años 2006 y 2007.
2. Debe establecerse un esquema general de remuneraciones y salarios a partir de cargos aprobados en forma general, para hacer respetar el principio de “igual salario, por igual trabajo” en las Administraciones Públicas Regionales y Municipales.
3. A nivel del sector privado debe ordenarse un incremento general que supere el aumento del salario mínimo nacional, para impactar al menos a que quienes devenguen montos equivalentes hasta 3 salarios mínimos.

Lucha por la estabilidad y la no discriminación del personal contratado en la Administración Pública.

La ampliación del papel del Estado, tanto a partir de las estructuras tradicionales (ministerios, servicios autónomos o institutos autónomos), así como de las Misiones como instituciones novedosas para la intervención inmediata en la lucha contra la exclusión social y la pobreza, en buena medida se han soportado en el ingreso de personal bajo figuras de contratados y contratadas, sin perjuicio del importante aporte y dedicación jugado por el trabajo voluntario. 

En muchas ocasiones, la limitada capacidad de la vieja institucionalidad, así como la creación de nuevas instituciones que insurgieron en paralelo a aquélla, adolecen de la estructuras de cargos para los nuevos servidores y servidoras públicos. En otras oportunidades, la existencia de dichos cargos no conduce a la convocatoria de concursos de ingreso, que faciliten el ejercicio estable del trabajo en la Administración Pública. Pero la situación de los contratados y contratadas no sólo afecta la estabilidad, sometiendo a estos trabajadores y trabajadoras ante ciclos de tensión alrededor de las renovaciones de sus respectivos contratados; también son víctimas de la marginación por las estructuras corporativas encargadas de proteger los derechos “adquiridos” y asegurar beneficios y prebendas para el personal fijo. Ello explica que los contratados y contratadas son excluidos y excluidas de beneficios básicos reconocidos al personal fijo que lleva larga antigüedad en dichas instituciones del Estado, generándose graves discriminaciones. Estas realidades deben ser superadas con urgencia, ya que conviven en un clima de creciente conflictividad interna en torno a la justa distribución de los presupuestos de personal de las instituciones.

Resulta necesario, por tanto, que se genere una política general de la Administración Pública Nacional destinada a:

1. Sincerar la situación de los contratados y contratadas, identificando su número y el de los contratos previamente suscritos en forma sucesiva y recurrente.
2. Determinar los años de antigüedad que poseen estos trabajadores y trabajadoras en forma continua en las instituciones de la Administración Pública
3. Establecer el alcance de los beneficios que le son otorgados frente a los recibidos, en contraste con el personal fijo.
4. En el marco de los límites de la Constitución y de la Ley del Estatuto de la Función Pública, debe generarse una política de reconocimiento de la estabilidad de los contratados y contratadas recurrentes, reconociendo su carácter fijo y, por tanto, estable. También, debe asegurarse que este personal reciba la mayoría, sino todos, los beneficios que perciben los trabajadores y trabajadoras fijos de las instituciones de la Administración Pública.
5. Debe designarse una Comisión Presidencial que aborde este grave problema y que haga justicia en esta materia, en la cual posean papel relevante el Ministerio de Planificación y Desarrollo y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Lucha por la cancelación de los pasivos laborales del personal egresado de la Administración Pública.

En función de la darle continuidad al esfuerzo emprendido en los años 2005 y 2006 por la cancelación de los pasivos laborales del personal egresado de la Administración Pública Nacional, particularmente del sector universitario con la importante política de “cuentas claras”, se requiere ir cerrando la brecha temporal existente entre el momento en que se adquiere la condición de egresado (particularmente, entre el momento en que se adquiere la condición de jubilado y jubilada) y el momento efectivo en que se cancelan sus prestaciones sociales, como ahorro derivado del trabajo.

Un nuevo esfuerzo institucional habrá de realizarse para actualizar los expedientes acumulados en las direcciones de recursos humanos de los ministerios, así como brindar direccionalidad a esa fuente de recursos de cara a proyectos productivos que impacten sobre el desarrollo de país y la calidad de vida de la propia población trabajadora. No puede continuar profundizándose los reclamos neutralizados en año anteriores, por la justa exigencia del pago de pasivos laborales ya causados y a los cuales se tiene derecho a su acceso.

En vísperas de un nuevo 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador y de la trabajadora, estos aspectos forman parte del marco programático que debe signar las políticas públicas de todo gobierno revolucionario y debe centrar las luchas de las organizaciones de la clase obrera en el combate por el socialismo, en la defensa de una patria soberana, libre e independiente frente al imperio y sus lacayos internos.

29 de abril de 2008
Colectivo Antonio Díaz “Pope”.